Escepticismo, definido por la Real Academia Española como “la desconfianza o duda de la verdad o eficacia de algo”, es precisamente el sentimiento que nos genera el anuncio de ayer del consejero jurídico, Edgar Maldonado, y la contralora, Alejandra Pani, de que se iniciarán seis denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción por posibles hechos constitutivos de delito por parte de servidores públicos de la anterior administración para que los responsables sean sancionados conforme a la ley.

Y eso no significa que dudemos del consejero jurídico, tampoco de la contralora, y mucho menos de la gobernadora Margarita González Saravia que el sábado declaró en su informe de los cien días que “no hay espacio para improvisación, excusas ni actos de corrupción”.

Dudamos que se cumpla su deseo de que “ese recurso, que es del pueblo, se reintegre a las arcas del Estado o se castigue a quien haya hecho mal uso de los recursos públicos”.

A continuación, las razones por las que creemos que prevalecerá la impunidad:

En 2019, la Consejería Jurídica del Gobierno (en ese tiempo presidido por Cuauhtémoc Blanco), presentó ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), un total de 11 denuncias de igual número de empresas que tienen características comunes: no son de Morelos; facturaban dos veces al mes por cantidades menores a 500 mil pesos; sus facturas tenían numeración consecutiva y su concepto de compra siempre era el mismo.

Comercializadora Ninfa SA de CV, registrada en Puebla, era proveedora de productos de Papelería y recibió durante el sexenio de Graco Ramírez un total de 28 millones de pesos en supuestos productos que no presentan el sello del almacén que corrobora su existencia.

Bonette Logística Comercial SA de CV; de la Ciudad de México, proveedora de cuadernillos y folletos a razón de un millón de pesos mensuales hasta completar 32 millones. Las facturas no rebasaban los 500 mil pesos para evadir el requisito de la licitación pública.

Distribuidora Comercial Andaya S. de R.L. de C.V., recibió 23 millones de pesos en las mismas condiciones que la anterior. Está registrada fiscalmente en la ciudad de México (cuando la Ley de Adquisiciones establece que se les dará prioridad a los proveedores locales), y vendía productos de papelería.

Praimberg Binomio Comercial S.A. de C.V., también les vendía papelería, pero no existe prueba de que los productos hayan sido recibidos en el almacén. Tiene su registro en la ciudad de México y obtuvo alrededor de 21 millones de pesos.

Serveis Akram S.A. de C.V. es uno de los casos más escandalosos, pues recibió 81 millones de pesos en facturas con numeración consecutiva, es decir, que el gobierno de Morelos era su único cliente, o que la empresa fue creada para disfrazar gastos. Es de la Ciudad de México.

Servicios en el Desarrollo Trimex S.C. es una empresa de Puebla que según sus facturas cobraba por “servicios de capacitación en gestión de proyectos productivos”, un servicio muy difícil de comprobar por el que recibió nada menos que 30 millones de pesos.

Tevom Cómputo y Sistemas facturó durante los últimos dos años del sexenio de Graco Ramírez alrededor de 31 millones de pesos bajo el concepto de “servicios de consultoría de negocios y administración corporativa”.

Grupo Policomercial de Prestegui S. de R.L. de C.V. es una empresa de la ciudad de México que también proveyó de papelería al gobierno de Morelos por un monto de 36 millones de pesos.

Operadora Comercial Mobosa S.A. de C.V. también les vendió papelería, pero estos en cambio facturaron alrededor de 77 millones de pesos en todo el sexenio, sin que pudieran demostrar dónde están los productos adquiridos.

S&S Servicios y Soporte Técnico S.C. cobró 26 millones de pesos por concepto de “servicios de asesoría en gestión de programas”; en tanto que Servicios y Diseños Empresariales Calificadas S.C cobró 26 millones por “servicios de capacitación en gestión de proyectos productivos”.

De todas estas empresas, sólo en el caso de Trimex, el 14 de mayo de 2023 (cheque usted el tiempo que se tardaron), un Juez dictó auto de vinculación a proceso contra Jorge "N" exsecretario de Hacienda, Jorge "N" exsubsecretario, Armando "N" extesorero, así como los ex directores generales Carlos "N", Gerardo "N" y Salvador "N". El asunto es atendido por los imputados desde la comodidad de su casa, pues el delito de peculado no amerita prisión preventiva.

Ahora que si hablamos de responsabilidades administrativas que le corresponde sancionar a la Contraloría estatal, ahí tenemos el caso del que fuera comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, sobre quien pesa una resolución que dice: “con las documentales analizadas en el presente considerando, queda debidamente acreditada la conducta irregular atribuida a Jesús Alberto Capella Ibarra, así como la presunción de responsabilidad en la comisión de la misma, pues se apartó de la legalidad que debe prevalecer en el ejercicio de la función pública, al incumplir lo dispuesto en el artículo 51 fracción VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el estado de Morelos”.

Al resolver el procedimiento, la Secretaría de la Contraloría determinó imponerle la sanción prevista en la fracción IV del artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el estado de Morelos, consistente en inhabilitación por ¡UN AÑO! para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. ¿Una burla no cree usted?

Otro ejemplo:

En el expediente PRA-I/63/2021 radicado en la Dirección General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría, se determinó que en el 2018, indebidamente se concedió mediante asignación directa la contratación de la empresa Olve Construcciones S.A. de C.V. para la obra de remodelación del Teatro Ocampo, por un monto de 49 millones de pesos provenientes del Programa de Inversión Pública Estatal.

Uno de los servidores públicos señalados como responsables es Víctor Manuel Escobar, quien “incurrió en abuso de funciones, ya que valiéndose de las atribuciones conferidas por el reglamento interior de la Secretaría de Obras Públicas vigente en el momento de los hechos, en su carácter de subsecretario de Infraestructura de Obra, adscrito a la Secretaría de Obras Públicas realizó actos arbitrarios en perjuicio del servicio público”.

Casi 7 años después, apenas ayer se publicó en La Unión de Morelos la notificación por edictos para que Víctor Manuel Escobar comparezca a declarar lo que a su derecho convenga para poder continuar con el procedimiento que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

¿Y qué pasa cuando los señalados como responsables no son servidores públicos sino parientes de éstos?

HASTA MAÑANA.