El próximo domingo 1 de junio se llevará a cabo en México la primera elección del Poder Judicial, por esto, este martes 14 de enero, iniciaron las entrevistas para quienes aspiran a algún cargo para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, integrantes de la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral, magistrados de Circuito y jueces de Distrito.
Estos encuentros son organizados por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal, y se espera que, en esta primera ronda, al menos 44 aspirantes sean entrevistados por dicho comité en la casona de Xicoténcatl del Senado, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Las entrevistas se realizarán hasta el 28 de enero en un horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, y con una duración de 12 a 15 minutos por aspirante. O sea, prácticamente nada.
El doctor en Derecho, Antonio Sorela Castillo, originario de la comunidad indígena de Tetelpa, municipio de Zacatepec, Morelos, fue el primer aspirante a candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en ser entrevistado por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal (CEPL).
“Lo que sigue es que el Comité del Poder Ejecutivo envíe, por cada cargo, hasta 10 propuestas que pasarán por un último filtro, es decir, se someterán a un procedimiento de insaculación para así elegir a quienes aparecerán en las boletas para ser votados por la ciudadanía este 1 de junio de 2025 en la elección del Poder Judicial Federal", explicó el Dr. Sorela Castillo.
El postdoctor morelense, fue el primer aspirante en ser entrevistado y evaluado por el Comité, el cual tomará en cuenta cualidades como la honestidad y la probidad, pero además se buscarán aquellos perfiles que cumplan con los requisitos técnicos y personales para poder ser personas juzgadoras.
Antonio Sorela Castillo, investigador y Defensor de DDHH es profesor de la Universidad Internacional de la Rioja, España y Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Es Premio Nacional de Derechos Humanos de El Salvador, 2024 y además es integrante titular del Mecanismo para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de DDHH de Morelos.
También, es asesor de Relaciones Nacionales e Internacionales del Tribunal Electoral de Tlaxcala, autor de diversos artículos científicos y libros los cuales se encuentra en las Bibliotecas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, sede de la OEA, Washington D.C. y la ONU Suiza y Nueva York.
Dentro de sus últimas obras sobresalen "La Declaración Universal de Derechos Humanos versión Comentada y Traducida al Náhuatl, y versión Comentada, Ilustrada y en idiomas Inglés y Español", "Diálogos Jurisprudenciales en Contexto de los Derechos Humanos", "Perspectiva Multidisciplinar de los Derechos Humanos en el siglo XXI" y "Los Derechos Humanos en Debate ".
Otro morelense que busca el máximo cargo al que puede aspirar un licenciado en Derecho dentro del Poder Judicial Federal, es Guillermo Arroyo Cruz. El actual presidente (recién reelecto) del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, ha sido juez menor y de primera instancia del Poder Judicial estatal, funcionario municipal, catedrático en la UAEM y en diversas instituciones privadas.
El morelense fue entrevistado por la televisión nacional al terminar su participación. “Es una entrevista muy cómoda porque es una entrevista muy amigable. Ya depende del dominio de nervios que pueda tener cada una de las personas que vamos pasando... Uno siempre quisiera más tiempo para exponer, pero esa es la regla y nosotros tenemos que sumarnos a la regla que ya nos dispusieron”, dijo.
Un dato curioso es que ambos, tanto Sorela como Arroyo, provienen de la cultura del esfuerzo.
¿Qué sigue después de las entrevistas?
Se seleccionará a los aspirantes que cumplan con los requisitos de idoneidad. El 5 de febrero, mediante una tómbola se definirán los nombres que aparecerán en las boletas electorales. El 12 de febrero, el Senado enviará la lista definitiva de candidaturas al INE.
Las campañas comenzarán el 30 de marzo, con una duración de 60 días, y concluirán el 28 de mayo. El domingo 1 de junio, se celebrará la primera elección del Poder Judicial. Mientras que los morenistas aseguran que todos tienen la misma oportunidad de ganar (dependiendo de su suerte en la tómbola), los opositores consideran que hay “dados cargados”.
Este lunes Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización civil Defensorxs, presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de tres ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la razón: supuestos actos anticipados de campaña, llamados a votar y participar en actos proselitistas.
Las ministras son Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz por supuestos actos anticipados de campaña, hacer el llamado al voto y haber participado en actos proselitistas. En su cuenta en X explicó que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) define y prohíbe los actos anticipados de campaña en varios artículos: 3, 242 y 445.
Por otro lado, se refirió al artículo Segundo Transitorio de la Reforma Judicial. Dice que estableció el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2026 y que iniciaría el día que entrara en vigor esa reforma.
Meza detalló que las ministras ya son candidatas desde el 30 de octubre de 2024, porque no expresaron algún tipo de declinación. “Por ello, la legislación electoral las considera como candidatas por pase directo a ministras de la Suprema Corte”.
La etapa de campaña inicia hasta el 28 de marzo de 2025 y termina el 28 de mayo. “Así, entre el 16 de septiembre de 2024 y el 28 de marzo de 2025, está prohibido realizar actos anticipados de campaña”.
Detalló Meza que todas han asistido a entrevistas, reuniones masivas para promover su imagen, uso reiterado de slogans, promesas de campaña con colores del partido Morena, artículos donde se difunde su plataforma de campaña.
“Según el artículo 456 de la LGIPE, infracciones como estas pueden ser sancionadas con hasta $565,700 de multa y pérdida de la candidatura“, expresó.
Por eso solicitó al INE pueda dictar medidas de tipo cautelar con la finalidad de bajar publicaciones y evitar que se siga violando la precampaña.
HASTA MAÑANA.
