¿Sabe usted cómo se llama actualmente el jefe de la Policía que depende del Ministerio Público? Seguramente no, y eso está bien, porque significa que ya no estamos en los tiempos en que quien ejecutaba era el director de la Policía Judicial y los agentes del MP tenían que adecuar los expedientes con detenido para presentarlos ante el Juez Penal.

Esta corporación durante muchos años se llamó (indebidamente) Policía Judicial; después corrigieron y le pusieron Policía Ministerial; en las últimas décadas se llamó Policía de Investigación Criminal y actualmente se denomina Agencia de Investigación Criminal, pero finalmente se trata de los auxiliares del Ministerio Público o fiscales, que eventualmente cumplimentan las órdenes de aprehensión emitidas por un juez penal. Nada más.

Sin embargo, en la práctica, los jefes de la Policía Judicial se convertían en los “brazos armados” de los gobernadores en turno para hacer todo tipo de trabajos que los policías uniformados no podían, por eso la designación de ese servidor público en particular era una facultad del Jefe del Ejecutivo.

En las columnas de los periodistas de la vieja guardia hemos podido leer las anécdotas de personajes que se hicieron famosos por sus abusos e impunidad, pero difícilmente se recordará a uno más poderoso que Agustín Montiel López, jefe de la Policía Ministerial con Sergio Estrada Cajigal.

Agustín Montiel, apodado “El Sincler”, era el jefe de la Policía pero al mismo tiempo empleado de los narcotraficantes, a quienes brindaba protección a cambio de maletas con dinero. Nunca se supo exactamente cuánto y con quienes debía compartir. El secreto se lo llevó a la tumba pues salió del Penal del Altiplano sólo para morirse.

Ser amigo de Montiel era una bendición; no serlo, una maldición que se podía pagar con la vida.

Un empresario farmacéutico estaba siendo extorsionado por un ex jefe de la Policía Ministerial. Por fortuna era amigo de unos periodistas íntimos del jefe Montiel, así que le pidieron ayuda para el empresario.

No hubo necesidad de que fuera a denunciar al MP, tampoco que llevara la orden de investigación del MP a la oficina de la Policía; ni le pidieron para la gasolina. Agentes de Montiel esperaron a que llegara el extorsionador al negocio del empresario y le dieron “levantón”. Lo entregaron al jefe Montiel y éste solicitó que fuera un agente del MP para que hiciera lo necesario para integrar el expediente.

En otro caso, una mujer pidió ayuda a TV Azteca porque una señora le había robado a su bebé, pero ella sabía dónde se escondía en Guadalajara. El entonces procurador Guillermo Tenorio Ávila le ordenó a Montiel que recuperara al menor.

No hubo necesidad de ningún trámite, ni orden de investigación ni oficio de colaboración. Agentes de Montiel fueron a Guadalajara, le arrancaron el menor a la supuesta secuestradora y lo entregaron a su madre. El hecho (que hubiera sido un hitazo para el noticiario local) no salió a la luz pública, pues la mujer que tenía al niño en Guadalajara demostró que la joven madre le vendió al menor y después se arrepintió.

Pero un ejemplo de lo que podía representar no ser amigo de Agustín Montiel o sus jefes lo vivió en carne propia Marco Antonio García García, un prestigiado abogado laboralista que le ganó varios juicios importantes al gobierno del estado. Lo detuvieron cuando se dirigía a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en el centro de Cuernavaca.

Lo llevaron a las instalaciones de la Policía Ministerial y fue conducido hasta la oficina de Agustín Montiel López. Ahí espero unos minutos.

De pronto vio entrar a ese hombre alto, moreno y gordo que había adquirido notoriedad durante el sexenio de Sergio Estrada Cajigal Ramírez por tener un poder por encima del procurador de justicia. Lo que ordenaba el gobernador o el secretario de gobierno, Eduardo Becerra Pérez, “Sincler” lo cumplía y después el procurador se encargaba de ajustar las cuestiones legales a los hechos.

Nadie sabe exactamente qué le dijo el jefe policiaco al abogado esa mañana. Como ya es del dominio público, Montiel López fue detenido por la SIEDO acusado de protección al crimen organizado, y encarcelado en el Penal Federal del Altiplano, de donde salió sólo para morirse. El litigante laboralista tampoco ha querido revelarlo.

Pero sus amigos coinciden en que se trataba de cumplir una promesa: Montiel le prometió a Sergio Estrada que le entregaría a Marco García para que hiciera con él lo que quisiera. Y lo cumplió.

Los archivos también guardan el caso de un defensor de oficio que se le rebeló a la directora de esa dependencia, quien le solicitó apoyo al secretario de Gobierno Eduardo Becerra y éste a su vez le ordenó al Sincler darle un escarmiento. Lo dejaron por muerto a la orilla de la autopista.

Los periodistas incómodos también sufrimos las consecuencias de que Montiel le cumpliera todos los caprichos a sus jefes. Sergio Estrada estaba muy enojado por los constantes reportajes en contra de su gobierno, así que Eduardo Becerra pidió a la Procuraduría una lista de todos los periodistas que tuvieran cuentas pendientes con la justicia. Ahí salieron a relucir los que alguna vez golpearon a su pareja o quienes tenían denuncias por difamación o por cualquier otro delito. La lista era como de quince de todos los medios.

De la lista escogieron dos. En cuestión de semanas ya estaban detenidos dos periodistas (una reportera y un reportero) de La Unión de Morelos, acusados de difamación y posesión de vehículo robado, respectivamente. Al final demostraron su inocencia, pero Montiel le cumplió a su jefe la orden de mandarle un mensaje a la prensa.

Los siguientes gobernadores aprendieron la lección y renunciaron a la facultad de designar al jefe de la Policía Ministerial, delegándola en el fiscal general en turno. Después de Agustín Montiel estuvieron otros que prefirieron mantenerse casi en el anonimato: Martín Rizo Muñoz, Miguel Ángel Marín Martínez, Francisco de la Paz Molina Villalobos, Héctor René Barreto Orihuela y, desde hace siete meses, el licenciado en Derecho, Jorge Antonio Hernández Narez.

Hernández Narez es un caso insólito, pues su padre, su abuelo y su bisabuelo (Jorge Hernández Barajas, Jesús Narez Herrera y Antonio Nogueda Carvajal, respectivamente), fueron jefes de la Policía Judicial, Ministerial y ahora la coordinación de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). 

Ojalá que no haya ningún mandatario (o mandataria), de ninguno de los tres niveles de gobierno, que caiga en la tentación de darle a un jefe policiaco tanto poder como el que le dieron a Agustín Montiel o a Alberto Capella.

HASTA MAÑANA.