El botín es un fraccionamiento con alrededor de mil condóminos que deben pagar una cuota de mantenimiento de alrededor de mil pesos mensuales, además de la disposición de un número indeterminado de casas y terrenos abandonados que valen millones de pesos. Dos grupos se disputan el control de la Asociación en un juicio que ya lleva 10 años en el que ha habido de todo, incluso algunos golpes, y en el que ambas partes se acusan de corrupción y tráfico de influencias.
Hablamos del conflicto en el fraccionamiento residencial Las Fincas, en el municipio de Jiutepec. Un nuevo episodio de esta historia se escribirá el próximo 27 de abril, cuando se llevará a cabo la elección ordenada por la Juez Sandra Gaeta Miranda, en un hecho inédito al menos en el estado de Morelos, en el que un proceso de elección vecinal se llevará a cabo “bajo supervisión judicial”.
La jueza Gaeta Miranda se encuentra en medio del conflicto, ya que mientras un grupo considera que es corrupta (el pasado siete de marzo se manifestaron frente al Tribunal Superior de Justicia para exigir el cambio de juzgado en el litigio sobre la titularidad de su representación social o que la jueza encargada del caso se excuse de atenderlo), otros la consideran incorruptible y están de acuerdo en que se lleve a cabo la votación.
Ayer, habitantes del Fraccionamiento Las Fincas, en Jiutepec, denunciaron en conferencia de prensa que el abogado Hipólito Cajigal, hijo del magistrado en retiro Andrés Hipólito Prieto, ha recurrido a la violencia, amenazas e intimidación contra la jueza Sandra Gaeta Miranda para impedir la intervención del juzgado en la protección de los derechos de los condóminos y frenar la elección de la nueva mesa directiva.
La denuncia fue presentada ayer en Casa Hidalgo por Galvarino Sepúlveda y María Elena Solorio, “en representación de más del 50 % de los habitantes del fraccionamiento”.
Los vecinos detallaron que, tras diez años de conflicto por el control de la mesa directiva de la administración, lograron la intervención del Juzgado Mixto en Materia Civil y Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos.
“Este es un hecho histórico. Por primera vez, una autoridad judicial interviene en un conflicto vecinal para garantizar el derecho de los colonos a una vida digna, en especial el de los adultos mayores, que representan aproximadamente el 70 por ciento de los propietarios”, destacó Galvarino Sepúlveda.
Añadió que con esta elección “se pondrá fin a años de abusos, fraudes y violencia ejercidos por un grupo que, de manera irregular, mantuvo secuestrada la mesa directiva”.
La convocatoria para la conformación de planillas se emitió el 16 de febrero y cerrará el 30 de marzo.
Sin embargo, alcanzar este punto no fue sencillo. Los colonos explicaron que han enfrentado una larga batalla legal con múltiples demandas y contrademandas, además de agresiones físicas, verbales y psicológicas, incluyendo difamaciones contra quienes defienden la legalidad en el fraccionamiento, muchas de ellas dirigidas a personas de la tercera edad.
“No obstante, debido a su integridad, ha sido blanco de violencia e intimidación por parte de Hipólito Cajigal, quien en repetidas ocasiones la ha insultado y calificado de ‘incompetente’ por no ceder a sus presiones”.
En el escrito 10359 (foja 429, tomo I), el abogado Andrés Hipólito y otros litigantes cuestionaron la capacidad de la jueza, argumentando que actuaba con temor y falta de determinación.
“Solicitan que se excuse por no tener la capacidad y vigor necesarios para hacer cumplir la ley, pues parece más preocupada por su desempeño que por impartir justicia”, señala el documento, calificando al juzgado como una “autoridad de papel”.
El 25 de enero de 2025, la licenciada Danely, fedataria pública, documentó en acta circunstanciada un intento de intimidación por parte de Hipólito Cajigal, quien la presionó para colaborar con él bajo la amenaza de denunciarla ante la Fiscalía Anticorrupción.
Los habitantes del Fraccionamiento Las Fincas denunciaron que Hipólito Cajigal ha utilizado la influencia de su padre, quien, a pesar de estar retirado, mantiene relaciones dentro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). De hecho, aseguran que hay videos de que el pasado lunes, Andrés Hipólito, padre e hijo, acudieron juntos a tratar de intimidar nuevamente a la jueza Gaeta Miranda.
Según los colonos, Hipólito Cajigal presume de esta protección y la usa como herramienta para amenazar a servidores públicos con quejas o procesos legales, lo que le ha permitido acceder a información privilegiada y maniobrar en favor de sus defendidos, o al menos así lo había venido haciendo hasta que llegó la jueza Gaeta Miranda.
Actualmente, mediante amenazas y tráfico de influencias, intenta invalidar la intervención de la autoridad judicial y frenar la elección. Ante esta situación, los colonos hicieron un llamado al Tribunal Superior de Justicia para frenar la corrupción y el tráfico de influencias que Hipólito Cajigal presume y utiliza, exigiendo una investigación al respecto.
Cabe recordar que, por lo menos en dos ocasiones el conflicto ha estado a punto de terminar en agresiones físicas. El 11 de noviembre de 2021, el entonces presidente de la Mesa Directiva de la Asociación de Colonos, Jaime Hernández Gasca, ofreció una conferencia de prensa en un restaurante del centro de Cuernavaca, para rechazar públicamente las acusaciones de malos manejos de las cuotas y la venta de terrenos.
Al lugar arribaron vecinos del grupo antagónico, quienes sostuvieron sus acusaciones de que Hernández Gasca manejó la Asociación en su beneficio económico.
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2023, el mencionado Hernández Gasca (quien dejó de ser presidente de la Asociación el 31 de diciembre del 2021), pretendió abrir las instalaciones del Club con el apoyo del abogado Andrés Hipólito Cajigal y un grupo de condóminos, lo que fue impedido por miembros del grupo antagónico.
Ahora, se prevé que el ambiente se ponga muy tenso el próximo 27 de abril, cuando habrá de llevarse la elección, si no es que antes los Hipólito logran impedirlo con alguna argucia legaloide.
El gobierno estatal, específicamente el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, y el alcalde Eder Rodríguez Casillas, deberán estar muy atentos por lo que pudiera pasar.
HASTA MAÑANA.