Las escuelas y facultades que imparten la carrera de Derecho deberían conseguir los expedientes sobre los casos de Dionicio Álvarez Anonales y Omar Taboada Nasser para ejemplificar cómo a un asunto con características similares se le puede dar un trato diametralmente opuesto.

“Para los amigos justicia y gracia; para los enemigos, la ley a secas”, es una frase que se le atribuye al expresidente Benito Juárez, aunque no se haya comprobado que él la haya dicho. Otro expresidente, Andrés Manuel López Obrador, en cambio, la repetía constantemente en sus conferencias matutinas y se aplicó durante su gobierno en varios casos.

Sobre Dionicio Álvarez, recordemos que a finales del 2024 llegó la primera denuncia anónima a la Fiscalía Anticorrupción: “el director del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo regularizó 191 nuevas escrituras de lotes pertenecientes al Fideicomiso, utilizando para ello una notaría pública de Puente de Ixtla que vendía terrenos de los ejidos de Puente de Ixtla, Xoxocotla y Jojutla, de modo que un predio con un costo de 3 millones de pesos era vendido en 500 mil mientras Álvarez pedía el resto por fuera”, decía la misiva sin firma.

Una segunda denuncia de una particular lo mencionó: “compré un lote al Filateq y cuando fui a ver mi terreno después de unos meses lo encontré ocupado por otra persona”.

La nueva titular del Filateq, la exdiputada Keyla Figueroa, presentó una tercera denuncia para exponer que, al asumir el cargo encontró las oficinas cerradas, las computadoras en blanco, los archiveros vacíos y 58 mil pesos en una cuenta bancaria.  Los empleados dijeron que su antecesor había dejado de ir a la oficina desde 15 días antes.

Y en enero pasado, el entonces consejero jurídico Edgar Maldonado se presentó en la Fiscalía Anticorrupción para depositar una nueva denuncia, ésta por el pago de 19 millones para un concierto que -según él- nunca se realizó.

A partir de esa denuncia, el vicefiscal Edgar Núñez Urquiza concedió una gran cantidad de entrevistas a medios de comunicación, incluido Joaquín López Dóriga, a quien prometió judicializar la carpeta de investigación en menos de dos meses.

Y sí, dos meses después, la FECC emitió dos comunicados, uno diciendo que la Fiscalía Anticorrupción cumplimentó una Orden de Cateo librada por un Juez, con el propósito ejecutar Orden de Aprehensión contra Dionicio Emanuel Álvarez Anonales, exdirector del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo por presuntamente estar relacionado con hechos de corrupción.

En esa diligencia se aseguró a un hombre armado que dijo ser escolta del exfuncionario y “al realizar la búsqueda del exservidor público al interior de su domicilio, en un cuarto del área de lavado, se encontraron restos humanos y rastros de sangre”. Algunos medios manejaron el hallazgo como un tema de “fosas clandestinas” pero después se corroboró que era un simple caso de “Santería”, práctica común en gran parte de la sociedad, principalmente entre funcionarios.

 El otro comunicado fue para anunciar que se había emitido una “ficha de búsqueda y recompensa” con la fotografía de Dionicio Álvarez Se recompensará con 1000 UMAS a quien aporte información útil, veraz y oportuna para cumplimentar Orden de Aprehensión girada por un Juez de Control a petición de la Fiscalía Anticorrupción, en contra del ciudadano Dionicio Emanuel Álvarez Anonales, exdirector del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, por su probable participación en delitos de Hechos de Corrupción.

Cabe mencionar que esto nunca se había hecho, y que hasta el momento nadie se ha presentado a reclamar la recompensa de 113 mil pesos que está ofreciendo la Fiscalía, pero Dionicio ya fue despedido del Ayuntamiento de Cuautla donde se desempeñaba como tesorero y es conocido a nivel nacional. Cabe mencionar -sólo como detalle- que él fue uno de los operadores financieros de la campaña de Lucy Meza. 

Ahora el caso de Omar Taboada Nasser, encargado de despacho (no pudo ser secretario porque sólo tiene la Prepa) de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado de Morelos. A él lo acusan de los delitos de ejercicio abusivo de funciones y ejercicio ilícito del servicio público.

Resulta que el 28 de septiembre del año pasado, elementos de la Fiscalía Anticorrupción fueron alertados de que había una gran cantidad de fertilizantes guardados en una bodega del municipio de Puente de Ixtla. La FECC realizó cateos en bodegas de Puente de Ixtla y Cuautla pero extrañamente del segundo domicilio nunca se dijo nada.

Obviamente que todas las sospechas se dirigieron al titular de la dependencia en ese momento, sobre todo porque Taboada Nasser no se presentó a hacer la entrega recepción el día que le tocaba. Acudió cuando quiso y como quiso.

Y mientras Dionicio Álvarez era exhibido por la FECC con el clásico “Se busca”, Taboada Nasser se exhibía pero en sus redes sociales festejando su cumpleaños con una banda sinaloense o paseando en los mejores restaurantes, sin ninguna preocupación por el problema legal que se le venía.

A través de un despacho de abogados atendió los citatorios de la Fiscalía Anticorrupción y después del Juzgado al que fue judicializada la carpeta de investigación, y el pasado jueves se llevó a cabo su audiencia inicial, a la que llegó con una cara sonriente, seguro de que saldría avante.

En dicha audiencia, el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción, Ignacio Zeus Gutiérrez Córdoba, imputó al exfuncionario la omisión de cumplir con las obligaciones contractuales en la licitación pública E18/2024. La licitación se adjudicó a una empresa privada el suministro de fertilizantes, insecticidas y equipamiento para programas agropecuarios estatales. El contrato, se firmó el 12 de septiembre de 2024, y ascendía a un total de 9 millones 870 mil pesos.

La función de Taboada Nasser era verificar la entrega de los productos conforme a las especificaciones técnicas de la requisición cuya entrega se realizó en tres fechas: 4, 5 y 6 de septiembre, dijo Gutiérrez Córdoba al Juez.

Después de nueve horas de debate, el juez Natanael Subdias consideró que no se demostró la existencia de un incumplimiento doloso por parte del exfuncionario. Respecto al delito de ejercicio ilícito del servicio público, el togado resolvió no vincular a proceso penal debido a que algunos de los dictámenes, emitidos por peritos especializados, “no eran confiables”.

Y así, sin más ni más, resolvió la no vinculación a proceso de quien es considerado el exfuncionario más cercano a Ulises Bravo. La FECC y la Consejería Jurídica, como dicta el protocolo, anunciaron que “apelarán el veredicto”.

Es un secreto a voces que, el juez Natanael Subdías es -junto con Guillermo Ortega- al que le tiene más confianza el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Gamboa Olea, quien ya debería haber dejado el cargo, pero pidió unos días más a los poderes ejecutivo y legislativo, precisamente para arreglar algunos asuntos que tenía pendientes.

HASTA MAÑANA.