Les comparto la ponencia de un servidor, y espero recibir sus opiniones:

Para hablar del nuevo sistema de Justicia Penal es necesario recordar cómo era el sistema tradicional de procuración e impartición de justicia pero no desde el punto de vista jurídico, sino desde la perspectiva de quienes cubrimos desde hace 20 años las fuentes informativas de seguridad pública y justicia.

Y en ese sentido tengo bien presente que hace 20 años, cuando cubríamos la llamada fuente policiaca para El Universal Morelos, era común para este reportero llegar a la oficina de prensa de la Procuraduría de Justicia y checar la llamada “sábana” de averiguaciones previas, como se le conoce al documento que contiene los nombres de los denunciantes, de las víctimas, el delito y un breve resumen de los hechos, de las actas levantadas en las últimas 24 horas.

Por eso también era de lo más normal que en los periódicos de aquella época aparecieran notas informativas (e incluso que se perifonearan en las colonias donde habían ocurrido los hechos) donde se decía que –solo por poner un ejemplo- que la empleada de una tortillería había sido violada. Los reporteros “protegían” a la víctima no poniendo su nombre real, sino llamándola siempre “María N”, aunque en el cuerpo de la nota asentaran que era empleada de una tortillería en la colonia Carolina.

De esa manera, todas las empleadas de tortillerías de la colonia Carolina eran objeto de burla, y el agresor estaba en posibilidades de emprender la huida o tomar represalias.

Cuando estuve como jefe de prensa de la Procuraduría de Justicia, allá por 1998, logramos que los reporteros ya no tuvieran acceso directo a la llamada “sábana”, sino que se les elaboraba una especie de síntesis omitiendo aquellos datos delicados, aunque a decir verdad, esto sólo servía para que los reporteros tuvieran la información suficiente para ir directamente con el MP para que les proporcionara nombres y detalles de los hechos denunciados.

También en aquel tiempo pugnamos porque fueran presentados ante los medios de comunicación, únicamente aquellos detenidos cuya exhibición pudiera ayudar a encontrar más de sus víctimas, principalmente secuestradores y asaltantes. Sin embargo, hay que recordar que antes prácticamente a todos los detenidos “les daban cine” como se conocía en el argot policiaco al hecho de ponerlos para que les tomaran fotografías y video.

Todo lo anterior, como lo he venido mencionado, era algo absolutamente normal.

Fue hasta hace unos cuantos años que los reporteros de la fuente judicial comenzamos a escuchar que entraría en vigor un nuevo sistema que nos impediría publicar nombres y fotografías de personas detenidas, pues ahora “toda persona será inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

Y mi pregunta siempre fue: ¿Y hasta antes de la reforma en qué parte de la constitución decía que podíamos publicar las fotografías y los nombres de los detenidos?

Recuerdo muy bien la expectación que había en los días previos al 30 de octubre del 2008, cuando entró en vigor el nuevo Código de Procedimientos Penales que contemplaba los llamados juicios orales. Como reportero de La Unión de Morelos estuve atento para conocer quién estrenaría el nuevo sistema de justicia penal.

Y según los reportes policiacos de los municipios donde entró primero el nuevo sistema, fue en Xochitepec donde cayó el primer detenido al que se le aplicaría el Sistema Acusatorio Adversarial. En las primeras horas de la madrugada se recibió el llamado de auxilio de una mujer que acusaba a su pareja de haberle propinado una golpiza.

Los policías municipales de Xochitepec, que ya habían recibido un curso de dos horas sobre el nuevo sistema, llegaron al lugar de los hechos y realizaron la detención del imputado. Al estilo de las series de televisión norteamericanas, los agentes aprehensores le advirtieron al sujeto que sería tratado en términos del nuevo sistema de justicia penal, que podía permanecer callado hasta que llegara su abogado, que tenía derecho a una llamada y, principalmente, que sería tratado como una persona inocente de los cargos que le imputaban, esto último, a pesar de que todavía llevaba los nudillos de las manos hinchados y que la víctima mostraba a su vez las huellas de que había sido molida a puñetazos.

Los policías llevaron con toda decencia al detenido ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, quien les dijo que, si bien es cierto que la detención se había realizado cuando ya había entrado el nuevo sistema, los hechos habían ocurrido antes de las 12 de la noche, por lo que sería tratado conforme al sistema tradicional, razón por la cual el sujeto fue refundido en los separos a punta de golpes y sin derecho a ninguna llamada telefónica.

Y qué decir de la primera audiencia oral de control de detención que todavía se llevó a cabo en la sala de juicios orales del Palacio de Justicia porque todavía no estaba listo el edificio de Morrow. Recuerdo bien a la titubeante fiscal leyendo todo como cualquier audiencia del sistema tradicional y a las dos defensoras de oficio saltando de gusto cuando la juez declaró improcedente la detención y el primer imputado se fue a su casa. El primero de muchos que habrían de irse porque los fiscales apenas estaban aprendiendo.

Varios casos más, donde los jueces aplicaron el criterio de utilizar la cárcel preventiva sólo como medida extrema, citando a los imputados a una segunda audiencia para resolver en definitiva su caso, pero la mayoría en cuanto se vio libre puso tierra de por medio y jamás los volvieron a ver.

Un excelente trabajo de investigación realizado por mi compañera Maciel Calvo, quien a  mi salida de La Unión de Morelos ocupó la fuente judicial, establece que, hasta noviembre de 2010  más de una tercera parte de los casos consignados a un juez oral habían sido perdidos por la Procuraduría General de Justicia (PGJ), debido a las deficiencias de los Ministerios Públicos para integrar las carpetas de investigación y aportar los elementos de prueba.

De acuerdo con la información proporcionada por el TSJ, en el caso del Primer Distrito Judicial, de octubre de 2008 a noviembre de 2010 un  total de 797 carpetas de investigación fueron consignadas a un juez oral.

En 542 asuntos el juez dictó vinculación a proceso (antes auto de formal prisión) y en 255 casos determinó la no vinculación y la libertad de los imputados, porque los Ministerios Públicos no aportaron los elementos probatorios necesarios.

“La causa de no vinculación y/o libertades por falta de elementos para procesar se deben a deficiencias cometidas por los Ministerios Públicos”, respondió el TSJ (en aquel tiempo presidido por Ricardo Rosas Pérez) a pregunta expresa de La Unión de Morelos a través de una solicitud de información.

Los datos estadísticos establecen que el 31.9% de los casos consignados ante un juez oral en el Primer Distrito Judicial, fueron perdidos porque no fueron aportados los elementos necesarios por parte del Ministerio Público, sobre quien –conforme al nuevo sistema oral de justicia penal- recae la carga de la prueba sobre actos presuntamente constitutivos de un delito.

Asimismo, de los 797 casos que fueron consignados por la PGJ sólo 68 llegaron a juicio oral, en los cuales el juez dictó 63 sentencias a favor de la víctima y/o Ministerio Público, y en el resto a favor del imputado.

En los distritos judiciales Quinto y Sexto, donde el nuevo sistema de justicia penal entró en vigor el 1 de junio de 2009, las estadísticas son más críticas.

Y es que la Procuraduría General de Justicia consignó en 17 meses un total de 128 carpetas de investigación a jueces orales del Quinto de Distrito Judicial, pero sólo en 83 asuntos los Ministerios Públicos aportaron los elementos necesarios para que los juzgadores dictaran vinculación a proceso, mientras que en 46 casos se dictó la libertad o no vinculación a proceso por la falta indicios que incriminaran a los imputados. Esto significa que 35.9 de los casos consignados fueron perdidos por el MP.

De total de los casos, sólo tres han llegado a juicio oral, de los cuales en 2 asuntos el juez dictó sentencia a favor de la víctima y/o Ministerios Públicos y en uno sentencia a favor del imputado.

En lo que respecta al Sexto Distrito Judicial, de junio de 2009 a noviembre de 2010 la PGJ consignó ante un juez oral 300 asuntos. En 139 casos los juzgadores dictaron vinculación a proceso y en 161 casos resolvieron la no vinculación o libertad de los imputados. Esto significa que, en este caso, el 53.6% de los asuntos fueron perdidos por los Ministerios Públicos por no aportar los elementos de prueba indispensables.

Del total de los asuntos, sólo ocho llegaron a juicio oral; en seis de los casos el juez dictó sentencia a favor del ofendido y/o Ministerio Público, mientras que en los otros dos casos la sentencia fue a favor del imputado.

Entrando a las conclusiones, hemos dicho hasta el cansancio que los juicios orales nacieron en Morelos en cumplimiento a un compromiso electoral, sin un estudio previo, sin una intensa campaña de concientización, sin la capacitación necesaria, y sobre todo, sin los recursos económicos necesarios. Como quien dice, primero compraron el carro, lo echaron a andar y después aprendieron a manejarlo.

En su momento advertimos que lo que se requería era crear un cargo en el que recayera la principal responsabilidad del proyecto como ocurre a nivel federal con la Secretaría Técnica para la Implementación de las Reformas Constitucionales sobre Seguridad y Justicia que encabeza Felipe Borrego Estrada, y en que en ese puesto designaran a alguien que, además de ser expertos en la materia fueran unos convencidos del nuevo sistema de justicia penal.

En varias ocasiones dije que en Morelos los padres de los juicios orales fueron un médico, un ingeniero químico y un pasante de derecho, en referencia a Marco Adame, Oscar Sergio Hernández y Javier López Sánchez.

Y lo que se necesitaba era alguien que realmente creyera en los juicios orales. Una vez en confianza le pregunté al entonces consejero jurídico Pedro Luis Benítez Vélez si él creía en el nuevo sistema acusatorio adversarial. “Tengo que creer”, me contestó con su característica voz parsimoniosa.

Ricardo Rosas Pérez, titular de la institución en donde recayó gran parte de la reforma, siempre se dijo opositor al nuevo sistema. “A mí que me den el dinero que van a invertir en salas de juicios orales y hacemos eficientes los juzgados que ya existen”, me comentó alguna vez.

En conclusión, el que parecía ser uno de los proyectos más importantes de la presente administración ha quedado a la deriva, no sólo por lo que ya hemos venido señalando, sino porque legislativamente ya no es un sistema acusatorio adversarial puro, sino una mezcolanza entre el sistema tradicional y el nuevo.

Ahora bien, la pregunta que seguramente todos nos hacemos es ¿qué pasará con el nuevo sistema de justicia penal en Morelos?

Definitivamente quien tiene la última palabra en esto es el gobernador electo Graco Ramírez Garrido Abreu. De él dependerá el rumbo que tome esta aventura iniciada por sus amigos panistas y de quienes le ayuden a gobernar desde el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

Los medios de comunicación muy poco podemos hacer en esta materia. Si los abogados no terminan de aprender el nuevo sistema, quienes nos encargamos de transmitir lo que ellos nos dicen, pues nos vamos a tardar mucho más, y por lo tanto la socialización del nuevo sistema seguirá siendo una asignatura pendiente.

De esta manera, la sociedad en general seguirá viendo normal que en los periódicos continúen  apareciendo las fotografías de personas detenidas y la Procuraduría de Justicia seguirá justificando su publicación bajo el argumento de que así pueden ser reconocidos por más víctimas. Es un argumento socialmente válido, pero jurídicamente violatorio del nuevo sistema.

Otro grave problema que tenemos es que el Ejército Mexicano (cuyos elementos ya son invitados permanentes en operativos y levantamientos de cadáveres aunque no se trate de delincuencia organizada) no ha sido capacitado en esta materia. Tenemos casos concretos donde los soldados llegan a las escenas del crimen pisando todo, tocando vehículos y hasta recogiendo casquillos (y lo mismo ocurre con la policía comunitaria). Aquí hay que hacer algo. O les dicen a sus superiores que los capaciten, o de una vez que en la próxima reforma al Código de Procedimientos Penales pónganle un artículo transitorio que diga: “Esta normatividad no aplica para militares ni para la ronda de Ocotepec”.

Sólo como comentario final, debo reconocer que el gobierno federal y también el estatal, se han preocupado por tratar de capacitar a los medios de comunicación y creo que somos nosotros los que nos hemos resistido. Aquí hay compañeros reporteros que han asistido a cursos sobre el nuevo sistema de justicia penal y que tienen una visión diferente sobre el manejo de la información a partir de este nuevo paradigma.

Tengo un compañero que a raíz de que ha asistido a varios cursos impartidos por Marco Lara Klahr ya piensa diferente. Ahora cuando le pregunto los nombres de los detenidos me dice: “No los tomé, para qué si no voy a publicar sus nombres, y de las víctimas mucho menos”.

Y estoy de acuerdo con él, yo lo entiendo perfectamente, pero casi estoy seguro que cuando llegue con su jefe con esas respuestas lo van a mandar a reportear a Chihuahua donde se supone que nos llevan la delantera.

UNA DISCULPA PÚBLICA

En la ponencia presentada en el CIDHEM hice referencia al nuevo subsecretario ejecutivo de Enlace para Asuntos de Justicia Penal, José Luis del Valle Adame, primo del gobernador Marco Antonio Adame Castillo y quien estudió primeramente la carrera de Ingeniería Industrial y después la carrera de Derecho en la Universidad Mexicana de Educación a Distancia. Hoy reconozco públicamente que el parentesco con el gobernador, así como el haber estudiado en una universidad no escolarizada, no demerita en nada su trayectoria académica por lo que ofrezco una disculpa pública por el tono utilizado durante la ponencia.

Sobre su trabajo al frente de la dependencia encargada de impulsar los juicios orales en Morelos, son los abogados y organizaciones especializadas quienes otorgarán la calificación respectiva.

CONGRATULACIONES

Un total de 22 alumnos de la Escuela de Derecho Práctica y Posgrados del Estado de Morelos que dirige el maestro Fernando Vázquez Muñoz se gradúan esta tarde como Maestros en Derecho en una ceremonia que se celebrará en conocido hotel al norte de la ciudad. La tenacidad y perseverancia del maestro Vázquez Muñoz, formador de profesionistas en varias instituciones particulares, es digna de reconocimiento por lo que se valora doblemente el que esté logrando su primera generación de maestros en derecho en su propia universidad.

HASTA EL PRÓXIMO VIERNES

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