Para ella era normal que miembros de todas las corporaciones policiacas pasaran a solicitarle productos gratuitos en apoyo a sus respectivas instituciones, a lo que ella accedía con gusto. “Ahorita los atiendo”, les dijo detrás del mostrador mientras seguía despachando.

Unos minutos después se  acercó el que parecía ser el comandante y le pidió hablar en un lugar más privado. “Tenemos una oficina acá arriba pero está llena de cachivaches, pero dígame qué se le ofrece”, le pidió la empresaria.

“Pues mire, traemos una orden de aprehensión en su contra pero queremos ayudarla”, le dijo el encapuchado mientras le mostraba un documento que a simple vista contenía unos sellos, parecía ser un papel oficial.

La señora se espantó pero finalmente estaba consiente que si había algún asunto pendiente se arreglaría en la oficina a donde la fueran a llevar. La sacaron esposada y la subieron a una camioneta con la leyenda PFP.

Durante el trayecto le dijeron que necesitaban un millón de pesos para no ponerla a disposición de las autoridades judiciales. Nunca le explicaron de qué se trataba, únicamente que estaba metida en graves problemas y que pasaría muchos años en la cárcel.

Le pidieron su credencial de elector donde venía su dirección. Le exigieron que los llevara a su domicilio y así le hizo. De nada sirvió guardias privados que tuvieron que acceder a las órdenes acompañadas de improperios que lanzaron los ocupantes de las camionetas.

Llegaron a la residencia como saqueadores. Le exigían que les dijera dónde tenía la caja de seguridad a lo que ella les contestó que lo que ganaba diariamente se invertía en el mismo negocio, es decir, que no tenía ninguna fortuna guardada. Arrasaron con las pocas joyas y centenarios que encontraron.

Uno de los hijos de la señora estaba en el interior de la casa, pero al escuchar la forma cómo se dirigían a su madre supo que era un secuestro, y al notar que eran vehículos oficiales confirmó que los delincuentes eran policías.

Tras saltar una barda y llegar a la casa de un vecino alcanzó la calle y tomó un taxi directo a la oficina de la Policía Federal Preventiva.

Mientras tanto, los policías-delincuentes entablaban comunicación con un hermano de la víctima y accedían a bajarse hasta 200 mil pesos a cambio de su liberación, pero exigían que el pago fuera de inmediato.

Ya para esos momentos más familiares se dirigían también ante la PFP a interponer la denuncia y el hermano de Ofelía se enteraba de que su hermana estaba secuestrada en su propia casa.

Pero los policías-delincuentes nunca actúan sin la protección de un superior. Ya para esos momentos una llamada alertaba a los secuestradores de que alguien estaba denunciando un secuestro en la Base de la PFP.

Los policías salieron de la casa llevándose a su víctima. Le entregaron una escopeta mohosa y le advirtieron que cuando la entregaran al MP dijera que se la encontró en la calle mientras hacía ejercicio, y que ni se le ocurriera hablar de la forma cómo fue detenida.

La familia de la víctima resultó más influyente de lo que pensaban. El asunto había llegado hasta México y elementos de la misma corporación ya venían en busca de sus compañeros delincuentes.

Dejaron a la señora en Tejalpa, frente al Mega del crucero. No pudieron conseguir ni el millón ni los 200 mil pesos.

Ubicadas las patrullas por diferentes cámaras de seguridad, en cuestión de horas nueve elementos de la Policía Federal Preventiva eran desarmados y detenidos en sus propias instalaciones.

“No deje de denunciar señora, usted no es la única víctima de este tipo de extorsiones, pero mientras la gente no denuncie esto seguirá ocurriendo”, le dijo a la señora Ofelia una licenciada de la Procuraduría General de la República.

Caso 2

La mañana del viernes 24 de agosto todo era confusión en la carretera federal México-Cuernavaca a la altura del poblado de Tres Marías. Cuando arribaron elementos de diversas corporaciones y medios de comunicación sólo tuvieron a la vista una camioneta Toyota con placas diplomáticas con las llantas totalmente destrozadas y con muestras evidentes de haber sido baleada. A simple vista se apreciaba que tenía blindaje pues de otra manera no habría soportado tantas balas. Se confirmaba que en su interior iban dos norteamericanos y un oficial de la Secretaría de Marina.

Lo que no se sabía era quien era el causante del ataque. Los militares y federales “peinaron” la zona en busca de los atacantes, pero no encontraron a nadie. Luego se confirmaría la terrible sospecha: que los que dispararon eran agentes de la Policía Federal Preventiva.

Fue hasta pasado el mediodía cuando el gobierno de Felipe Calderón se enredó en un confuso comunicado conjunto de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de Marina (Semar) para intentar explicar la participación de los efectivos de Genaro García Luna en el ataque.

Revuelto, el boletín oficial señaló que a esa hora “un vehículo diplomático de la embajada de Estados Unidos de América recibió múltiples impactos de bala en el tramo carretero Tres Marías-Huitzilac de parte de la Policía Federal que se encontraba en la zona realizando labores de persecución del delito”.

Aseguró que los hechos ocurrieron “cuando dos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos de América, en compañía de un elemento de la secretaría de Marina, que se dirigían a una visita a instalaciones de la Armada de México en el cerro El Capulín, municipio de Xalatlaco, fueron alcanzados, al ingresar en un camino de terracería aproximadamente a cuatro kilómetros de la carretera libre México-Cuernavaca, por un vehículo cuyos tripulantes les mostraron armas de fuego”.

Ante ello “el conductor del vehículo diplomático maniobró para evadirse y reingresar a la carretera, momento en el cual los tripulantes del vehículo agresor abrieron fuego sobre el vehículo diplomático”.

Más tarde la Procuraduría General de la República emitió un breve comunicado para asegurar que entre las diligencias ministeriales “se encuentran las declaraciones de 12 agentes de la Policía Federal, puestos a disposición de la autoridad ministerial, pertenecientes a la Unidad Operativa de Seguridad Preventiva (Estación Tlalpan) de esa corporación, y de varios testigos”.

Hasta este momento las autoridades no han determinado si los policías actuaron de esa manera por negligencia o por complicidad con alguna organización delictiva.

Pero el presidente de la República, Felipe Calderón, ya los sentenció, al señalar en un evento público ante la presencia del embajador de Estados Unidos, que “no podemos permitir que pasen esos hechos, sea por negligencia, sea por falta de capacitación, sea por falta de confiabilidad, sea por complicidad, no pueden permitirse esos hechos y se están investigando absolutamente y con todo rigor".

Todo hubiese sido diferente si los ocupantes de la camioneta no hubieran sido norteamericanos. Si se hubiera tratado de mexicanos comunes y corrientes, no vivirían para contarlo o estarían siendo procesados por una decena de delitos que Genaro García Luna les habría endilgado.

Caso 3

El 25 de junio del 2012 el caos se apoderó del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los cientos de usuarios que abarrotaban la terminal aérea escucharon varios balazos y la mayoría se tiró al piso. Los testigos vieron los cuerpos de dos hombres uniformados tirados en el piso, sangrando profusamente. Dos ya estaban muertos, otro agonizaba.

La primera  impresión que causaron los elementos de la PFP fue de heroísmo. Se suponía que habían sido atacados por delincuentes, pero después se supo que sí, efectivamente eran delincuentes, pero vestidos con uniformes de policías.

La primera versión oficial que salió de la PFP con respecto al asesinato de estos tres policías, fue en el sentido de que ambos realizaban una investigación y que cuando iban a efectuar la detención de sus compañeros fueron recibidos a balazos.

La otra versión refiere que fue una disputa por el botín y que tanto atacantes como víctimas recibían ganancias por proteger el tráfico de drogas.  Se libró orden de aprehensión contra dos elementos de la PFP, pero sólo uno fue detenido.

CONCLUSIÓN:

La Policía Federal Preventiva, modificada en el presente sexenio exprofeso para el polémico ingeniero Genaro García Luna, presumida por el presidente de la República como una corporación ejemplar, se desmorona a unos días de que termine la presente administración.

¿Dónde terminarán sus elementos? En la cárcel, ya sea por delincuentes o por ineptos. Los demás, si son despedidos los estará esperando la delincuencia organizada para enrolarlos en sus filas. Los que se queden, esperarán a ver qué se le ocurre a Enrique Peña Nieto y sus colaboradores hacer con ellos. Policía Secreta, DFS, Policía Judicial Federal, Policía Federal Ministerial, Agencia Federal de Investigaciones, Policía Federal Preventiva. Lo único que cambia es el nombre, las mañas prevalecen.

EL POLÉMICO CASO MAYORGA

El video lo puede ver usted mismo en el link http://www.youtube.com/watch?v=RPA7GrwVB60.

En el mismo aparece Federico Mayorga Villanueva, (a quien muchos conocemos por su actividad empresarial  y que últimamente también ha incursionado como comunicador), dentro de una sala de juicios orales. Comparece ante un tribunal conformado por tres jueces en su calidad de víctima (aunque en el video se menciona que es testigo) de un robo que ocurrió hace casi un año y donde se detuvo a cuatro de los acusados.

Tres de ellos fueron sentenciados el pasado 10 de agosto a 18 años de prisión, pero la inconformidad de la víctima es que de todo lo que le robaron (objetos valuados en varios millones de pesos) la autoridad judicial sólo los condenó por unas computadoras que fueron acreditadas con sus respectivas facturas.

Esa situación provocó la indignación de la víctima, quien ante la pregunta del Fiscal Manuel Granados sobre su sentir, responde lo siguiente:

“Es muy lamentable, creo que la investidura de jueces a veces queda grande… son humanos, cometen errores como todos los cometemos pero es difícil, es muy pesado llegar a querer impartir justicia cuando no sabemos lo que es justicia,  si ustedes no tienen la capacidad de poderlo tener no es responsabilidad de uno.  Después de este fallo voy a tener que mandar a la servidumbre a un curso de joyería especializada voy a tener que pedir un notario para cada vez que abra una caja de seguridad, avisarle a mis vecinos lo que tengo, eso es a lo que están dando ustedes la pauta con ese fallo, y es lamentable que ustedes lo vean desde ese punto de vista, me voy de este tribunal apenado, triste de ver a tres servidores públicos que les queda muy grande esa torga (sic) para eso hay que saber tenerla…”.

La alocución es interrumpida abruptamente por la presidenta del Jurado, Patricia Soledad Aguirre Galván, quien le dice: “en este momento le voy a requerir… le voy a pedir que guarde silencio”, menciona mientras hojea su Código Procesal Penal, para luego dirigirse a Manuel Granados. “Fiscal estamos en una sala de audiencias y su testigo nos está faltando al respeto”, le reclama.

Ante los reclamos del testigo-víctima  que exige su derecho a la libertad de expresión, la Jueza señala que “en ese tenor le vamos a imponer… le vamos a decir que ahorita en este momento usted se ha hecho acreedor a una multa de 100 salarios mínimos, en caso de que usted reitere su actitud lo vamos a tener que expulsar de la sala de audiencia”.

Es lamentable que no se pueda expresar uno-  reclama Federico Mayorga.

-Sí se puede expresar pero respetando a los tribunales- revira la funcionaria.

- Usted no respeta a la sociedad- le dice Federico.

- Es su opinión muy personal- contesta Aguirre Galván.

La escena (transmitida días después por televisión) ha provocado polémica en el círculo jurídico del estado de Morelos y ha dividido a los profesionistas del Derecho.

¿Hasta dónde la víctima de un delito puede manifestar ante los jueces y público en general su sentir después de conocer un resolutivo que le afecta directamente? ¿Hasta dónde protege la Constitución el derecho a la libertad de expresión y hasta qué punto se puede considerar que hay una “falta de respeto” a la figura del Juez?

Para algunos juristas la juez debió dejar que el testigo concluyera su manifestación y  después aplicarle el correctivo. ¿Qué parámetro utilizó la Juez para imponerle la multa más alta que contempla el Código Procesal Penal?  Para otros, Federico Mayorga cayó en el absurdo de “pagar por hablar”, pues haber externado su sentir le valió una multa que tuvo que pagar, convirtiéndose así en víctima por tercera vez.

Los jueces en su mayoría se han solidarizado con la juzgadora porque están consientes que en cualquier momento pueden ser objeto de una crítica similar o peor, y no están dispuestos a aceptar tales comentarios por muy dolida que esté la víctima.

Pero el caso Mayorga no termina aquí.  Aun cuando el Tribunal Oral condenó a los tres imputados a 18 años de cárcel, los tres jueces fueron denunciados ante la Procuraduría de Justicia por resolver contrario a constancias.

Cualquiera que sea el criterio que adopte la Procuraduría de Justicia el Caso Mayorga sentará un precedente para futuros juicios orales.

LOS PERIODISTAS ANTE LAS NUEVAS CIRCUNSTANCIAS

Hace algunos días la ciudad de México (ahora convertido en uno de los lugares más seguros del país) fue sede del Primer Encuentro Nacional de Periodistas Capacitadores en Autoprotección, promovida por la Casa de los Derechos de Periodistas. Se inscribieron como talleristas 92 periodistas provenientes de 28 entidades (faltaron de Aguascalientes, Baja California Sur, Tabasco y Zacatecas).

De resolutivos especiales se aprobó dirigir carta a la Secretaría Ejecutiva del mecanismo de protección a periodistas de la Secretaría de Gobernación para pedir que se prorrogue el plazo de registro para organizaciones que elegirán al Consejo Consultivo y de candidatos para representar a periodistas en esa instancia. Segob, por conducto de Omeheira López, atendió la petición e informó que se había aplazado la fecha de cierre de la convocatoria.

También se aprobó dirigir una carta a la Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol) para solicitar que incluya en su agenda la elaboración de leyes para reconocer derechos y protección de periodistas en los estados y que los periodistas de cada entidad fuesen interlocutores para ello. La petición fue aceptada y se agendó el tema para su siguiente reunión en Veracruz, el estado donde más agravios han recibido los periodistas recientemente.

La resolución general (en procesamiento) reflejará el diagnóstico compartido y los compromisos de profundizarlo, por entidad y región: el compromiso de todos los participantes de ser enlaces y promotores de una red de reacción rápida con todos los periodistas y organizaciones de su entidad sin exclusiones. Esta red llevaría el nombre de Enlace Nacional de Periodistas para la protección mutua y por la promoción de derechos; la mayoría de colegas responsabilizó a la Casa de los Derechos de Periodistas para coordinar el Enlace central y para preparar el siguiente Encuentro a la mayor brevedad posible.

También se diseñó una agenda común en la que se propondrá un cronograma de objetivos y tareas entre los que destacan también impulsar leyes y mecanismos de protección por entidad y varias actividades de capacitación que iniciarán con talleres de autoprotección y de superación ética y profesional en los estados y regiones que más lo requieran. Una de ellas deberá ser en las Huastecas.

En la Casa de los Derechos de Periodistas esta preparando los tres documentos principales posteriores a la reunión: 1) resolución general, 2) acuerdos y programa de trabajo derivados de la resolución, y 3) balance general, que incluirá un reporte de ingreso-gasto.

Igual se preparan cartas para agradecer a la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal, por la hospitalidad y seguridad proporcionadas durante los días jueves y viernes; al Club de Periodistas, por la hospitalidad y la comida ofrecidos el sábado; a Freedom House por el apoyo financiero para cubrir una parte de los gastos de hospedaje para periodistas de los estados; al Programa de Posgrado en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por el monitoreo académico de las actividades; al programa Prensa y Democracia (Prende) de la Universidad Iberoamericana, por el apoyo de operación para la captura y elaboración de minutas y memorias.

Cabe mencionar que por Morelos acudieron los periodistas Benjamín Nava y Carlos Quintero.

DE TODO UN POCO

Enrique Paredes buscará hoy la candidatura a Procurador.- El presidente del Colegio de Abogados de Morelos, Enrique Paredes Sotelo, se reunirá este día con los dirigentes de otras agrupaciones en busca de apoyo para ser integrado en la terna de donde saldrá el próximo procurador de Justicia. Luego del autodescarte por parte de Cipriano Sotelo y José Luis Urióstegui Salgado, Enrique Paredes busca el apoyo del gremio y el pasado martes se reunió con Francisco Coronato y Ameth Bermudez en El Faisán, y hoy lo hace en La Terraza de Pepe con Gerardo Arrieta Fuentes y Claudia Anguiano Ramos, líderes de un amplio sector de litigantes.

¿y los diputados en quién están pensando para mandar como procurador? La verdad es que los nuevos legisladores que habrán de protestar mañana sábado están demasiado ocupados en saber dónde estarán sus cubículos y cuánto ganarán que en la responsabilidad de elegir al responsable de perseguir el delito en Morelos.

Piden auxilio temixquenses.- El gastroenterologo y cirujano general Miguel Ángel Colín Nava, que en las elecciones a presidente municipal celebradas en el 2009 fuera abanderado por el Partido Acción Nacional y que perdiera dichos comicios, es hoy el virtual alcalde de Temixco por el Partido de la Revolución Democrática. Duramente criticado por la clase política perredista encabezada por Miguel Ángel Tovar (por cierto, ex priista) se ha destacado por ser uno de los alcaldes electos con mayores propuestas y proyectos para ser aplicados de manera inmediata en cuanto le sea entregado el poder municipal por Nereo Bandera Zavaleta. Cocinero por afición y humanitario por convicción, el Doctor Colín se ha sentado con empresarios locales, nacionales y extranjeros con la intención de cambiar el rumbo de un municipio hoy en ruinas y en garras de la delincuencia organizada que ha sembrado pánico entre la población y que ha sido colocado a nivel nacional como de los mas peligrosos y conflictivos.

Han sido en vano los esfuerzos que Bandera Zavaleta ha hecho por rescatar del hoyo a dicha municipalidad pues las deudas por mas de 150 millones de pesos heredadas por la administración de Javier Orihuela (ya flamante diputado federal). La tarea de Miguel Angel Colín no es nada fácil sin embargo, las ganas de "cambiarle el rostro a Temixco y de darle oportunidades a su población" -como él lo ha dicho- lo han llevado a visitar a empresarios estadounidenses y próximamente viajará a España, Costa Rica y Ecuador de donde tiene invitaciones para tratar temas como la basura, desarrollo económico y seguridad publica principalmente las cuales prometen transformar a Temixco y ser pionero en la aplicación tecnológica.  A ver.

Nuevo jefe de prensa en PGR-Morelos.- Después de varios meses de estar acéfala la oficina de Comunicación Social de la Procuraduría General de la República (PGR) delegación Morelos, desde hace algunos días está como titular Sergio Emmanuel Vargas Pérez (sin parentesco alguno a pesar de los apellidos con el también jefe de prensa del IEE, Luis Manuel), quien está mandando boletines a diestra y siniestra, pero sólo de asuntos de poca importancia. De lo realmente trascendente, como el caso de los PFPs acusados de balear la camioneta diplomática, o los que se dedicaban a secuestrar ciudadanos, absolutamente nada.

HASTA EL PRÓXIMO VIERNES

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