Todavía no comienza la discusión de los asuntos realmente importantes pero ya se dio la primera “escaramuza” el pasado miércoles en donde intercambiaron indirectas los oriundos de Jiutepec: Manolo Agüero Tovar y Arturo Flores Solorio.
Todo comenzó con la intención de los perredistas encabezados por Juan Ángel Flores Bustamante de auditar al Ayuntamiento de Cuernavaca con claras intenciones de perjudicar al ex alcalde Manuel Martínez Garrigos (quien dudamos que en toda la legislatura vaya a estar así como el miércoles, calladito calladito); ante lo cual los priístas dijeron que si se van a revisar las cuentas también se revisen las de Jiutepec, donde gobierna todavía el PRD, y de pasada Zapata. Por ahí también alguien dijo que deben comenzar por el gobierno estatal, provocando la reacción de Javier Bolaños Aguilar, quien ya se vio que será la voz cantante en lo que a los panistas se refiere y que tendrá que definir si todo el trienio estará defendiendo al gobierno de Marco Adame.
Carlos de la Rosa Segura muy participativo. Llevará encima el estigma de ser el ex presidente de la Barra de Abogados y por lo tanto está obligado a saber todo de leyes so pena de quedar en ridículo.
El que se supone es amarillo pero en realidad se vio muy verde fue Juan Ángel Flores Bustamante, quien en una de sus intervenciones dijo “pues yo no sabía que se podía, pero si se puede pues adelante”. Ojalá no sea así siempre porque su correligionaria Lucía Meza se lo puede llevar de calle.
La conclusión a la que llegamos después de presenciar la sesión del miércoles es que los diputados todavía no saben en dónde están parados y, por otra parte, que si todos van a pedir auditorías para todos (gobiernos municipales y el estatal) pues los contadores públicos tendrán muchísima chamba.
Por cierto, los que casi no hablaron del tema son los ex alcaldes Juan Carlos Rivera Hernández, Alfonso Miranda Gallegos, Isaac Pimentel Rivas y Manuel Martínez Garrigos. Todos tienen cola que les pisen.
LAS CUENTAS PENDIENTES EN SEGURIDAD PUBLICA
Y si de auditorías hablamos una de las primeras que se deberán realizar es a lo que era el FOSEG.
Fundado desde 1998 con el propósito de reducir los índices de inseguridad en la entidad, el Fondo de Seguridad Pública (Foseg), en Morelos sólo sirvió para hacer aún más opaco el manejo de los recursos provenientes de la Federación asignados al difícil rubro de la seguridad pública. A tres años de su transformación en Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, siguen sin aclararse en que se gastaron tantos millones de pesos que no se reflejan en la actual infraestructura y mucho menos en el sentir de la población.
A principios de este sexenio un análisis de la entonces Auditoría Superior Gubernamental a cargo del polémico Gerardo Casamata, dejaba al descubierto la adquisición de lujosas instalaciones para el despacho de sus funcionarios, altos salarios, dos nóminas, desvío en el pago de despensas a los policías, el mal uso de los intereses que generó la bolsa global asignada al Foseg, poca inversión en infraestructura policíaca (armamento, patrullas, radios y uniformes), entre otras cosas, así como un abultado organigrama de funcionarios, cuyos salarios iban de los 15 hasta los 50 mil pesos mensuales.
Pero el gran problema era que el gran fondo que recibía sólo servía para el pago de los salarios de sus funcionarios; mientras que los policías tienen que combatir a la delincuencia, en una real aventura, sin armamento, con chalecos antibalas caducos, automóviles en malas condiciones y en ocasiones, hasta con una escasa capacitación en su área.
Nada más el organigrama del Foseg, contemplaba funcionarios de primer nivel como los subdirectores de las áreas de contabilidad, recursos financieros, recursos humanos y de servicios, de recursos materiales y técnicos, una coordinación general del fideicomiso, una comisaría, jefes de tesorería, de proyectos y seguimiento de obra, de sistemas y de adquisiciones. El problema, según indican los especialistas, es que al ser un fideicomiso no tendría por qué tener tantos funcionarios, pues el único fin, es dotar de recursos para la adquisición de infraestructura.
Con este aparato burocrático, el Foseg incumplía con el convenio signado el 16 de junio de 1998 -fecha en que fue creado-, pues en su décima claúsula a la letra establece: "El fideicomiso estatal no contará para su operación con estructura administrativa propia".
La misma claúsula establecía que, para tal efecto, el Foseg será auxiliado por el Consejo Estatal de Seguridad Pública (cuyos cargos deben ser honoríficos), así como las dependencias federales y estatales.
De hecho, el aparato burocrático del Foseg, estaba dividido en dos costosas nóminas, cuyo monto en total era de cuatro millones 100 mil pesos, según se puede apreciar en un reporte que el auditor superior, Gerardo Casamata Gómez, envió a los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública el 15 de enero del 2004.
En dicho informe, en el que se dan a conocer las anomalías financieras del Foseg, el encargado de fiscalizar los recursos señala que en el 2003, este fideicomiso pagó una nómina cuyo costo fue de dos millones 150 mil pesos, que se ejecutó con cargo al "Programa de Seguimiento y Evaluación", al mismo tiempo que señala que se detectó una segunda nómina con un costo de dos millones 336 mil pesos, la cual se utilizó únicamente para el pago de salarios a los funcionarios de mandos medios y superiores.
Mientras que los policías estatales y municipales se quejaban por falta de uniformes o malas condiciones en que se encuentran sus vehículos, este organismo se daba el lujo de poner a "sudar el dinero" (generar intereses en el banco), obteniendo así una ganancia de más de dos millones de pesos, dinero que, por cierto, se desconoce cuál fue su destino.
Por otro lado, se detectó un presunto desvío de dos millones 352 mil pesos, que el fideicomiso le prestó al Programa de Seguimiento y Evaluación, generados por las cuentas de inversión; dicho movimiento según los auditores, fue autorizado por el Comité Técnico del Fondo de Seguridad Pública, adicional a otro remanente de 56 mil pesos que corresponde al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que corresponden, nada más al mes de noviembre del 2003.
Las irregularidades detectadas van desde la asignación de salarios que no están fundamentados, hasta la supuesta entrega de despensas a los agentes policíacos, con un costo de medio millón de pesos, las cuales fueron otorgadas sin que se cuente con el expediente técnico correspondiente. En términos más coloquiales, para los auditores existe la posibilidad de que dichas despensas no hayan sido entregadas.
Con estas irregularidades, en Morelos se puso en tela de juicio el funcionamiento de este organismo, cuya misión, tal y como se podía apreciar en el portal de Internet del Poder Ejecutivo, es la de “instruir las políticas y procedimientos para entregar los recursos financieros asignados al fideicomiso ".
A la fecha, nada se sabe sobre esas observaciones hechas por la Auditoría Superior, pero al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (como se llama ahora lo que era el FOSEG) es uno de los organismos que la nueva administración de Graco Ramírez Garrido Abreu revisará “con lupa”.
JUSTICIA “PARA MORIRSE”
El caso que voy a narrar es de la vida real y los nombres no son ficticios. Lo publiqué hace algunos años bajo el título de “justicia para morirse”, porque el término “para llorar” le quedaba corto, además de que en este caso el principal protagonista murió esperando una resolución judicial, ya no una sentencia absolutoria, sino una sentencia, nada más.
Javier Vergara García nació y murió en las mismas circunstancias: en la miseria. No conocimos a su familia, pero de la lectura de su expediente penal se desprende que su vida no fue nada agradable. Vivía en la populosa colonia Morelos de Jiutepec, y en la escuela apenas pudo llegar a tercero de primaria. Seguramente conoció las drogas y el alcohol desde niño, y no tuvo quien enderezara su camino, quizás por eso desde adolescente conoció el Consejo Tutelar para Menores y después, apenas cumplida la mayoría de edad, ingresó varias veces al Penal de Atlacholoaya, siempre por robo y daños.
El 21 de enero del 2003, después de caminar desde su casa hasta la colonia Ciudad Chapultepec de Cuernavaca, a “El lágrimas” se le hizo fácil asaltar a un repartidor de Sabritas.
Nunca tuvo para una pistola, así que utilizó un viejo cuchillo con mango de plástico, con el que amagó al chofer y le exigió que le entregara todo el dinero que trajera. Se subió al camión repartidor y obligó al conductor a manejar hasta un callejón.
Ahí, el asustado chofer aprovechó que iba a baja velocidad y en un descuido del delincuente saltó del camión para salvar su vida. “El lágrimas”, quién tenía 21 años en ese tiempo, no supo qué hacer, pues nunca había manejado ni un coche. En vano intentó controlar el volante mientras adivinaba cuál sería el freno. No pudo detener el pesado camión hasta que chocó con varios vehículos.
Entre los conductores de los coches dañados y el chofer al que iba a asaltar lo bajaron del camión de Sabritas a punta de golpes. Lo patearon hasta que pasó por ahí una patrulla de la Policía Ministerial, a la que entregaron al ladronzuelo.
Dos días después Javier volvía al Penal de Atlacholoaya. Su asunto quedó radicado en un Juzgado Menor.
Pasó un año antes de que el Juez se diera cuenta que no le correspondía a él resolver el asunto, sino a un Juez de Primera Instancia, por lo que ordenó remitir el expediente al Juez Penal en turno, recayendo en el Juzgado Segundo Penal.
Javier nunca tuvo dinero para contratar un abogado particular, así que su asunto quedó en manos de un defensor de oficio, es decir, su asunto era uno de los 50 que tenía que resolver el servidor público a cambio de un salario de seis mil pesos mensuales.
Quizás a eso se debió que primero resolvieron el asunto de Juan José Pedro Sarquís, el hijo del zar de los estacionamientos, quien salió libre a pesar de estar acusado de matar a Braulio Paredes, y alcanzó la libertad antes que Javier, aunque “El lágrimas” había llegado primero.
Mientras sus compañeros salían libres a pesar de que sus delitos eran más graves, el juicio de “El lágrimas” se alargaba indefinidamente. Cuando no era por una cosa, era por otra.
El cuatro de diciembre del 2006 se llevó a cabo una diligencia más. Su abogado de oficio debía interrogar al perito de la Procuraduría que hizo la valuación de los daños provocados en los vehículos y al chofer del camión.
Pero ninguno llegó. La procuraduría mandó decir que el perito estaba incapacitado y el chofer no fue porque parece ser que no fue notificado.
Javier supo entonces que pasaría otra navidad tras las rejas. Estaba tan enojado que descargó su ira contra el primer compañero que le dio motivo.
Así, la siguiente semana fue enviado al área de castigo, unas celdas deprimentes que están en los dormitorios de alta seguridad, donde el reo segregado permanece en total soledad.
Fueron noches largas para el ladronzuelo de la colonia Morelos. La depresión hizo presa de él y decidió no esperar a que la sociedad le perdonara su intento de asaltar un camión de Sabritas.
El domingo, cuando los custodios pasaban lista, vieron el cuerpo de “El lágrimas” pendiendo de una sábana y una camisa anudadas a manera de cuerda.
El infortunado ladronzuelo ya no vivió para ver el nacimiento del nuevo sistema acusatorio adversarial, que le hubiera permitido en unas cuantas horas conocer su situación jurídica y llegar a un arreglo con la parte afectada en lo que se llama “justicia alternativa”.
