En esto coincide el especialista Jorge Medellín, quien escribió recientemente que las constantes sacudidas políticas y sociales que ha vivido el país en los últimos doce años no han pasado desapercibidas para los militares mexicanos, sobre todo para los que están en retiro y muy en particular para los generales, divisionarios o no, quienes no solo utilizan las redes sociales para comunicarse y comunicar sus ideas y proyectos, sino también para fijar sus posturas en torno a la vida castrense, a sus necesarios y urgentes cambios y la forma en que deberían incidir en la vida nacional.

Y pone como ejemplo que los generales Rafael Paz del Campo, Carmelo Terán Montero, Roberto Badillo Martínez y Samuel Lara Villa no solo usan las redes sociales para decir lo que piensan; piensan fuerte y critican y proponen y hablan de cambios, de transformar la estructura de la Sedena para que tenga un mando centralizado, hablan de crear un Comando Conjunto, de llevar a la institución armada a niveles de maduración y crecimiento como los que hay en otros países del continente.

La verdad es que la Sedena vive momentos de efervescencia dentro y fuera de la institución y la presencia de militares de alto grado en retiro, ya sea en los medios de comunicación, en las redes sociales y en movimientos de corte político, revela la enorme inquietud, la inconformidad y el recambio independiente que se vive a la par o a contracorriente de las aperturas que el alto mando tenga a bien haber permitido.

“Los generales crean sus páginas de internet, escriben libros, colaboran con algunas columnas en espacios noticiosos, dan clases, son catedráticos, coordinan maestrías en universidades, contestan preguntas de los periodistas, plantean, exponen, critican, proponen, rebaten, algunos luchan por una causa y ganan. No ven pasar las tardes en sus casas muriendo de hastío. Están presentes, quieren cambios, con y a pesar del alto mando”, dice Medellín.

La gran paradoja radica en que mientras los generales, coroneles, mayores y capitanes se mueven, confrontan y no se detienen, sus compañeros de armas de la Marina permanecen callados, quietos, disciplinados, muy institucionales y avanzados en cuanto a su relación con el exterior, pero ajenos a los vientos de cambio, por lo menos de manera proactiva. Los verdes están inquietos. Los blancos, disciplinados, en silencio.

La sucesión en la Sedena ha sido uno de los motores fundamentales para que los militares en retiro se expresen cada vez más abiertamente, cada vez con mayor acento.

Y mientras a nivel nacional se barajan varios nombres como posibles para suceder a Guillermo Galván Galván, en Morelos hay expectación por la relación entre la milicia y el nuevo gobierno.

El asunto no es menor. Es de todos sabido que Graco Ramírez (gobernador de Morelos a partir del lunes) tiene un hermano en los más altos niveles de la Sedena. También se da por sentado que si bien la secretaria de Seguridad Pública será Alicia Vázquez Luna, la operatividad de la misma quedará en manos de un general retirado.

Imagínese, estimado lector, dos generales en un mismo territorio, uno leal al gobernador perredista que a su vez tiene línea directa con el General Ramírez Garrido Abreu, y el otro con el cargo de jefe de la zona militar número 24 que le deba obediencia al titular de la Sedena, designado a su vez por el primer priísta del país, Enrique Peña Nieto.

Y es que el jefe de la zona militar puede asumir una actitud de bajo perfil, pero también puede ser un abierto protagonista de la vida política y social del estado.

Como ejemplo de ello está el General Leopoldo Díaz Pérez.

Cuando el 5 de julio del año pasado el general Leopoldo Díaz Pérez despedía al presidente Felipe Calderón en su última gira por Morelos, recibió una tarjeta de uno de sus escoltas y su semblante cambió repentinamente. Le avisaban que minutos antes la oficina de Comunicación Social de la Sedena había emitido un comunicado dando a conocer la consignación de dos oficiales acusados de torturar y asesinar a un civil de nombre Jethro Ramses Sánchez Santana.

“La Secretaría de la Defensa Nacional condena toda conducta al margen de la Ley y contraria a la vocación de servicio que debe normar la conducta militar. El Ejército Mexicano se desempeña con toda transparencia y cuando alguno de sus elementos no se conduzca conforme a derecho, sus actos serán investigados y en su caso sancionados con estricto apego a la Ley”, terminaba diciendo el boletín fechado el mismo día que el presidente de la República recorrió la planta Unilever de Civac.

Era el principio del fin. Tras dos meses de tocar puertas, la familia del joven que desapareció el primero de mayo en las instalaciones de la Feria de Cuernavaca había logrado que el Ministerio Público Militar investigara la participación de elementos de la 24ava. Zona Militar en la detención de Jethro Ramses Sánchez Santana y su primo Horacio Hernández.

Como resultado de esas investigaciones fueron detenidos el subteniente Edwin Raziel Aguilar Guerrero y el teniente José Guadalupe Orizaga y Guerra, quienes confesaron que Jethro se les murió en las instalaciones del 21 Batallón de Infantería y que, por órdenes del coronel José Guadalupe Arias, enterraron el cadáver en Atlixco, Puebla.

Lo peor del caso es que durante todo ese tiempo, el jefe de la Zona Militar contestó a distintas autoridades que le requirieron información (un Juez Federal, el Ministerio Público del Fuero Común y el Congreso Local) diciendo que ellos nunca estuvieron en la Feria de Cuernavaca y que tampoco tenían información alguna sobre el joven desaparecido, lo que a todas luces es un encubrimiento y declaraciones falsas ante una autoridad.

Un oficio firmado por los  diputados de la LI Legislatura en el que exigían al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, una investigación a fondo en ese sentido, fue el motivo para que el 11 de julio se ordenara su concentración en la ciudad de México y una semana después llegara en su lugar el general Sergio García Vera.

Ese día terminó la era del polémico general Leopoldo Díaz Pérez, quien impuso su ley por encima de cualquier otra autoridad e influyó en forma determinante en la vida política y social del estado. En septiembre del 2009,  en un reportaje titulado “El omnipotente General Leopoldo Díaz Pérez”,  la revista “Sólo para Abogados” definió al polémico militar como  “el único que puede hacer lo que quiera en Morelos aún por encima de las leyes civiles o militares, con o sin la anuencia del gobernador Marco Adame Castillo, pues sólo le rinde cuentas al secretario de la Defensa Nacional”.

Y es que el General Díaz Pérez presumía de contar con un servicio de inteligencia tan eficiente, que le permitía saber nombres y apellidos de funcionarios, policías y hasta periodistas ligados al narcotráfico, “lo que le da un poder que está a punto de superar a cualquier otra autoridad”, advertía la publicación.

Hasta ese momento, sus ínfulas de poder sólo habían puesto en predicamentos al gobierno del Estado y a la delegación estatal de la Procuraduría General de la República por sus métodos poco ortodoxos de realizar detenciones y puestas a disposición del Ministerio Público tanto federal como del fuero común, las cuales en su mayoría habían culminado con una libertad por falta de elementos. Dos años más tarde, el general Díaz Pérez salió por la puerta trasera de la 24ava. Zona Militar.

“Una serie de revelaciones expuestas a raíz de la desclasificación de documentos efectuada recientemente por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, a través del National Security Archive, permite confirmar que el Ejército Mexicano fomentó la creación de grupos paramilitares en Chiapas. En el siguiente reportaje, Proceso pone nombre y apellidos a algunos de los presuntos implicados… todos impunes”, inicia un reportaje publicado en la revista PROCESO por el reportero Isaín Mandujano.

Ahí aparece el nombre de Leopoldo Díaz Pérez, junto a generales como Mario Renán Castillo Fernández, Miguel Angel Godínez Bravo y el capitán Germán Parra Salgado. Según la investigación de PROCESO, “el Ejército Mexicano propició la formación de grupos paramilitares en Chiapas, a los que entrenó y protegió”.

“De forma sigilosa, desde varios años atrás, el coronel de infantería Leopoldo Díaz Pérez se movía por todo el estado de Chiapas, donde había conflictos. Díaz Pérez estuvo ligado a las fuerzas estadounidenses desde que en 1988 se integró a la Agregaduría Militar y Aérea en la Embajada de México en Washington. La Hoja de Servicio número 6714659 lo ubica ese mismo año como asesor ante la Junta Interamericana de Defensa y asesor de la Sección Mexicana ante la Comisión México-Estados Unidos de Defensa Conjunta. En 1993 volvió a ese país, “en comisión oficial de la Sedena”.

“Leopoldo Díaz Pérez estaba donde había conflictos y el Ejército hacía presencia: participó en cada acción de desmantelamiento de los municipios autónomos zapatistas que ordenó el entonces gobernador Roberto Albores Guillén, en 1998, y en las supuestas deserciones y entrega de armas al gobierno de presuntos milicianos del EZLN en 1999.

“Díaz Pérez ascendió a general brigadier, según la Hoja de Servicio número 6714659, entregada por la Sedena al Senado el 7 de diciembre del 2000 para que le autorizara aceptar y usar una condecoración otorgada por el gobierno de Estados Unidos. Hoy ya es general de brigada y se encuentra en Cuernavaca, Morelos, como comandante de la XXIV Zona Militar, desde el 1 de enero del 2008”, explica PROCESO.

Desde tiempos inmemoriales el pueblo de Ocotepec se rige por usos y costumbres, y cada vez que alguna corporación policiaca se mete a su territorio los elementos son detenidos en la Ayudantía Municipal y sólo los sueltan cuando alguno de sus superiores acude a pedir disculpas al pueblo. Así ha pasado con policías metropolitanos, estatales, ministeriales y hasta elementos de la Agencia Federal de Investigaciones.

Por eso cuando el 23 de marzo del 2009 un elemento de la 24ava. Zona Militar fue retenido por pobladores de Ocotepec, el gobierno del Estado recomendó al general buscar una salida similar.

Pero el general Díaz Pérez montó en cólera y ordenó que un pelotón de soldados acudiera a rescatar al supuesto soldado ebrio.

La  Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) difundió el siguiente testimonio de los pobladores de Ocotepec:

“Las camionetas de los elementos de la ronda de vigilancia llegaron al centro del pueblo e inmediatamente fueron rodeados por los vehículos militares y con palabras altisonantes les obligaron a bajar de las camionetas, les decomisaron los toletes, los encañonaron y catearon para ver si traían armas, los voltearon contra la pared, con las piernas separadas y los brazos abiertos, y un comandante del Ejército les dijo: "A ustedes les gusta pegarle a los soldados, qué se creen muy cab…, indios ojetes" y los tiraron al suelo, boca abajo, dándoles diez segundos para que entregaran el celular, el cinturón y las agujetas de los dos detenidos. El jefe de los militares, varios de los cuales estaban con capuchas negras, procedió a someter a interrogatorio a cada uno de los elementos de la ronda de vigilancia del pueblo. Ahí separaron a uno de ellos que traía unas botas militares adquiridas en el tianguis, a quien se las decomisaron "porque nadie debe usar artículos del Ejército porque es un delito" luego de golpearlo dos veces con la culata del rifle”.

La versión del Ejército sobre este asunto quedó documentada en el “informe de hechos” firmada por el teniente César Doroteo Rivera, que obra en el expediente SC/01/1989/2009 que inició más tarde la Procuraduría de Justicia del Estado.

El informe está fundamentado –según el propio escrito- en los artículos 16 y 21 de la Constitución Federal y 118 y 121 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, ninguno de los cuales faculta a miembros del Ejército a realizar detenciones por presuntos delitos perseguibles por querella.

“Que siendo aproximadamente las 23 horas del día de la fecha me comunican vía radio el sargento Saúl Cuevas Navarrete que de orden del comandante de la unidad me trasladara en un vehículo Hummer al poblado de Ocotepec, ya que se tenía conocimiento que un elemento de la unidad se encontraba detenido, por lo que me trasladé a dicho lugar en compañía de tres elementos más, arribando al lugar en mención a las 00:05 horas, en donde me percaté que el cabo Daniel Vázquez Merino en esos momentos lo sacaban de la celda de ese poblado varias personas, arribando en esos momentos otra fuerza al mando del teniente Eduardo Loza Monroy, por lo que procedimos a dialogar con estas personas para que nos hicieran entrega del cabo Daniel, aceptando entregar al detenido aproximadamente a las 00:10 horas, y al preguntarle por lo sucedido al cabo Daniel Vázquez Merino él me manifestó que aproximadamente a las 22:15 horas caminaba por la calle principal una cuadra antes de llegar a la ayudantía con dirección al oriente, ya que buscaba una dirección de un domicilio cuando de repente fue interceptado por una camioneta Ford Ranger color azul marino la cual pertenece a la Ayudantía de dicho poblado los cuales lo revisaron y uno de ellos, el cual es de aproximadamente 1.70 metros de estatura, complexión regular, tez morena clara y usaba lentes de aumento para poder ver, le puso las manos atrás golpeándolo en varias partes del cuerpo rompiéndole la playera y le quitó su teléfono celular al momento que le decía “que se lo iba a llevar su puta madre” por sospechoso ya que en esa colonia había muchos robos y que él tenía fachas de delincuente y que después se lo llevarían a la Procu para que le metieran la pistola por el culo y que también reconocía a otro sujeto que le había quitado su cartera el cual es de complexión robusta de 1.65 metros, moreno, y vestía playera roja con pantalón de mezclilla, personas que en esos momentos Daniel nos señaló como los que momentos antes lo golpearon y le quitaron sus pertenencias, motivo por el cual fueron asegurados aproximadamente a las 01:00 horas, toda vez que no pudieron identificarse como servidores públicos, y al explicarles el motivo de su detención, leyéndoles previamente sus derechos, la persona que dijo llamarse Gerardo Estrada Rosa, quien también dijo ser el comandante de la Ronda del poblado de Ocotepec, me manifestó que no quería tener problemas y que mejor nos entregaría el teléfono celular que le había quitado al cabo Daniel por lo que en ese momento se dirigió hacia un vehículo del cual no me percaté mayores características y momentos después se me hizo entrega de un teléfono celular de la marca Sony Ericson, de color azul, modelo Z320-A y el otro sujeto que dijo llamarse Francisco Javier Regil Rangel cuando el cabo Daniel se encontraba encerrado en la celda le aventó su cartera pero ya sin el dinero que llevaba momentos antes, por lo que fueron trasladados a la enfermería militar para que le realizaran un examen médico, ya después los trasladamos al Tercer Regimiento Blindado para realizar la respectiva puesta a disposición ante esa representación social”.

El asunto concluyó con un “acuerdo reparatorio” en el que los ronderos de Ocotepec pagaron los dos mil 500 pesos que según el Cabo llevaba en su cartera, advertidos de que no se volvieran a meter con militares.

Cabe hacer mención que en el informe de hechos siempre se hace referencia a un solo elemento militar retenido, mientras que en los testimonios de los pobladores de Ocotepec hablan de “dos sujetos en actitud sospechosa, uno en completo estado de ebriedad, tenía un bote de cerveza en la mano, a quienes les hicieron una revisión de rutina y el que estaba ebrio contestó de manera altanera, negándose a identificarse y amenazándonos de que ellos tenían influencias y "no se la van a acabar". Según los testigos, el cabo usa pelo largo “porque al parecer es oreja” (Grupo de Inteligencia y Servicios, conocido como GIS)  en tanto que el otro, es “hijo de un alto mando militar”.

La sola afirmación del supuesto testigo anónimo fue suficiente para que el entonces secretario de Seguridad Pública de Yautepec, Gerardo Calderón Catalán y sus elementos fueran detenidos por elementos de la 24ava. Zona Militar e incomunicados durante varias horas el 8 de mayo del 2009, para después ser entregados a la delegación estatal de la Procuraduría General de la República mediante escrito firmado por el subteniente del arma blindada Carlos Ricardo Lara Rodríguez y el sargento segundo José Sosa Tegoma.

El arrebato del general Díaz Pérez provocó molestia entre el personal de la PGR, pues los puso en un predicamento. Si los consignaban saldrían de inmediato a través de un amparo, y si los dejaban libres –como ocurrió- la PGR quedaría ante la opinión pública como protectora de los delincuentes que el Ejército había capturado.

El general Díaz Pérez presumía de ser un experto en inteligencia al que no se le escapaba nada de lo que sucedía en  Morelos. Sus “gises” (elementos del Grupo de Inteligencia y Servicios) se encuentraban infiltrados en todo el estado para recabar información de todo cuanto acontece e informarlo a su comandante, quien a su vez le rendía cuentas al secretario de la Defensa. A nadie más.

Los “gises” se encuentran diseminados en todo el estado y no aparentan ser militares. Usan pelo largo e incluso se visten como “cholos” para infiltrarse en las pandillas locales; también se contratan como taxistas o elementos de seguridad privada.

Fueron ellos quienes le informaron al general Díaz Pérez que toda la Policía Metropolitana estaba cooptada por los Beltrán Leyva, al igual que algunos de la Policía Estatal y muchos de la Policía Ministerial.

Sin embargo, su personal no está exento de la corrupción. Los policías metropolitanos detenidos por la Policía Federal acusados de pertenecer a la organización de los Beltrán Leyva, declararon en el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/166/2009 que “…son cuatro casas (las que utilizan los narcos para hacer sus operaciones), dos de ellas ya las revisó el Ejército pero nos avisaron para que las dejáramos antes de que llegaran. Allá con el Ejército de Morelos (sic) hay dos contactos que avisan, es el grupo de Inteligencia llamado GISES del Ejército Mexicano, no los conozco físicamente pero ellos se contactan con el “Turruntuntún” quien también estuvo en el Ejército y salió y está trabajando para el señor “Borrado”, hermano del MP (Mario Pineda Villa)”.

Bajo la premisa de que “información es poder”, el general Leopoldo Díaz Pérez  era ya muy poderoso, pero su siguiente paso fue incluir militares en el mayor número de municipios posibles como jefes de la Policía Municipal.

Uno de sus alfiles fue el General Manuel Farfán Carriola, a quien logró colocar en la Policía de Cuernavaca tras la detención de Francisco Sánchez González. El militar originario del Estado de México no tenía empacho en decir que su único jefe era el General Díaz Pérez. Cuando finalmente fue destituido tras el escándalo provocado por la muerte de dos policías a los que envió a patrullar sin armas porque estas estaban siendo ocupadas en un curso de Swat que él organizó de manera particular, el General Díaz Pérez envió a un pelotón a rodear las instalaciones de la Policía capitalina con el pretexto de una revisión del armamento.

Fue una demostración más de su poder. Estas acciones continuaron en la administración del alcalde priísta Manuel Martínez Garrigos, a quien le detuvo a dos de sus auxiliares y envió un boletín diciendo que habían sido detenidos en posesión de un arma y que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

Ya con Mauricio Vega Chavaje como jefe de la Policía de Cuernavaca, el General Díaz Pérez le desarmó en una ocasión a toda la corporación argumentando que la licencia colectiva no había sido renovada. En otra ocasión le detuvo a su comandante Juan Bosco Castañeda por algunas horas hasta que finalmente hace algunos meses lo puso a disposición de la SIEDO por presunta protección a la delincuencia organizada, pero con una detención fundamentada en que al hacer una revisión de rutina en las instalaciones de la Policía Municipal de Cuernavaca, se encontró un arma de uso exclusivo del Ejército en el interior de la oficina de Bosco, cuando los videos internos muestran que los soldados jamás entraron a la oficina del comandante, sino que se lo llevaron del despacho que ocupaba el entonces secretario de Protección y Auxilio Ciudadano.

Mientras que la detención de los oficiales Orizaga y Aguilar fue boletinada por la Secretaría de la Defensa Nacional con la advertencia de que no habría impunidad para nadie, la salida del jefe de la 24ava. Zona Militar fue prácticamente en secreto. Desde la segunda semana de julio comenzó el rumor y el 18 se dio por hecho que el general Díaz Pérez ya no estaba al frente de la Zona Militar. En la página de Internet aparecía ya el general Sergio García Vera como titular de esta circunscripción militar pero nunca hubo un comunicado oficial al respecto.

El pasado 17 de agosto fue dado a conocer que el Subjefe Operativo del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, Edgar Luis Villegas Meléndez, fue nombrado nuevo comandante de la 24 Zona Militar en el estado de Morelos, en sustitución de Sergio García Vera.

Villegas Meléndez arriba a Morelos precedido de diversos encargos oficiales relacionados con el combate a la delincuencia organizada, principalmente en el área el narcotráfico y sus principales jefes, además de ser uno de los principales miembros del Ejército que destacó en la detención dos Generales y un Coronel, en reciente fecha.

Como Sub Jefe Operativo del Estado Mayor de la SEDENA, Villegas Meléndez le tocó dirigir y anunciar operativos que culminaron en las detenciones de Martín Beltrán Coronel "El Águila", sobrino y presunto sucesor de Ignacio "Nacho" Coronel, abatido en 2010. "El Águila", según la Sedena fungía como líder del cartel del Pacífico con el aval de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", lo cual le colocaba al nivel de Juan José Esparragoza, "El Azul" o Ismael Zambada, "El Mayo".

También dirigió la detención de Jesús Elizondo Ramírez "El Loco", presunto responsable del homicidio de 49 personas en el estado de Nuevo León.

Y uno de sus primeros errores fue ordenar el cateo a la casa de la periodista Diana Valderrábano. La razón (equivalente en el medio militar a una orden de un juez) “una denuncia anónima indicando que había gente secuestrada en su interior”.

Los ingredientes: Nuevo gobierno de izquierda (que en teoría son enemigos de la represión), un nuevo jefe de la zona militar, un nuevo subsecretario de Seguridad Pública proveniente de la milicia, y un gobernador con un hermano en el primer círculo de la Sedena. Lo más interesante está por venir.

Hasta el próximo viernes.

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