Sí, es el caso de Arantxa, la joven que falleció después de tres días de estar hospitalizada y cuyos presuntos agresores y homicidas estarán hoy, por tercera ocasión, frente a un juez oral que habrá de definir su situación legal, mientras en las redes sociales y algunos medios de comunicación quieren “lanzarlos a la hoguera” (a jueces y acusados) como en tiempos de la Inquisición.
Intentaremos aquí hacer un análisis lo más objetivo posible, sin perder de vista que aplicar la ley no siempre significa hacer justicia, y que carecemos de todos los datos científicos para llegar a la verdad absoluta.
Hay que partir invariablemente de que la población que lee periódicos y escucha los medios electrónico recibió una información incompleta. Como es nuestra costumbre, el lector estándar de periódicos ni siquiera lee la nota completa, asume como cierta la frase “de ocho columnas” que es la nota principal de un periódico, y algún sumario o pie de foto.
Así las cosas, lo primero que supimos por los periódicos fue que una adolescente de 16 años fue drogada, violada y asesinada; la buena noticia es que los tres responsables (no presuntos, sino siempre dando por hecho que son culpables) ya estaban en manos de la Procuraduría de Justicia.
Hasta ese momento, la muchedumbre que en Facebook comenzó a pedir la pena de muerte para los juniors, se imaginaba a unos desadaptados que secuestraron a las jovencitas (para ese momento ya se sabía que eran dos, una de las cuales sobrevivió), las drogaron a la fuerza y después abusaron de ellas sexualmente.
Pero sólo quienes acudieron al juicio oral se enteraron que, por principio de cuentas, la necropsia arrojó como resultado que la chica murió de una sobredosis de cocaína, y no a consecuencia del ataque sexual. Esa circunstancia automáticamente exonera a los tres jovenzuelos del delito de homicidio.
También, salieron a relucir hechos como el que las dos niñas fueron por su propia voluntad a un bar, del cual salieron para dirigirse a una casa particular, siempre a sabiendas de que eran solamente ellas dos quienes estarían con alrededor de una decena de hombres.
Y un dato desgarrador: a sus escasos 16 años, Arantxa ya era consumidora de cocaína al grado de ser considerada por su propia familia como una adicta, al igual que la amiga. Eso desvirtúa la idea original de que les introdujeron a la fuerza la droga. Ellas la pidieron.
La víctima y testigo refiere que despertó en la madrugada y buscó a su amiga en la otra recámara, intentando que reaccionara sin conseguirlo. Los propios “agresores” la llevaron al hospital y uno de ellos telefoneó a la mamá de la chica para decirle que la habían llevado al hospital porque se había puesto mal a consecuencia de que había ingerido mucho alcohol.
Los jóvenes (quienes no son unas “blancas palomitas” y nunca hemos pretendido defender su conducta) se fueron a su casa a reponerse de una más de sus borracheras con todo tipo de excesos, sin saber que Arantxa fallecería tres días después.
¿Cómo lograron los policías ministeriales detener a los “violadores”? La razón es muy simple: sólo fueron a buscarlos a sus casas porque los jovenzuelos nunca intentaron huir. ¿Cómo justificaron la falta de orden de aprehensión? Les aplicaron el cada vez más recurrente delito de “resistencia de particulares”.
Así como hace años los policías judiciales le ponían al parte de novedades que al hacer un recorrido de rutina se habían encontrado a un sujeto que al hacerle una revisión le encontraron una navaja 007, ahora asientan en la puesta a disposición que al ir circulando los rebasó un vehículo a toda velocidad poniendo en riesgo a la ciudadanía, y que al darles alcance e intentar hacerles una revisión los ocupantes intentaron golpearlos, encuadrándose así el delito de resistencia de particulares. De hecho, los tres jóvenes fueron puestos a disposición de un juez oral por ese ilícito, dictaminando obviamente su absoluta libertad por falta de elementos.
Pero cuando abandonaban el penal fueron detenidos nuevamente por la policía ministerial, ahora bajo los cargos de Feminicidio y abuso sexual, en cumplimiento a una orden de aprehensión expedida por el Juez David Ricardo Ponce González.
Como ya es del dominio público, el Juez Eulalio Martín Domínguez Casarrubias ordenó la liberación de los tres imputados al considerar que la Procuraduría de Justicia no logró acreditar la responsabilidad de éstos. Dicen quienes estuvieron en la audiencia oral que el juez se vio muy “cargado” a favor de los acusados, dejando a las víctimas como mentirosas, drogadictas y ninfómanas.
La respuesta de la PGJ fue un comunicado escueto en el que se informaba que la Unidad Especializada en Homicidios de Mujeres y Feminicidios en los siguientes días hará las acciones legales correspondientes ante la decisión del Juez de Control y Juicio Oral, Martín Eulalio Domínguez, al determinar la no vinculación a proceso penal de los tres jóvenes imputados por los delitos de feminicidio en agravio de una adolescente de 16 años de edad y abuso sexual a otra menor, también de 16 años”.
“Para la Procuraduría General de Justicia, y conforme a las primeras investigaciones, existen elementos que confirman la probable responsabilidad de los tres imputados en los delitos de feminicidio y de abuso sexual, tan es así que el Juez de Control y Tribunal Oral de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, David Ricardo Ponce González concedió las órdenes de aprehensión correspondientes en contra de los mencionados y ahora el Juez Martín Eulalio Domínguez resuelve de manera contradictoria una no vinculación a proceso”.
Pero la reacción de la institución que todavía encabeza Rodrigo Dorantes no fue sólo en el terreno mediático, sino también en el jurídico. Comenzaba a ser un escándalo en las redes sociales “la liberación de los violadores” (en Facebook no aplica la presunción de inocencia, sino el juicio sumario y popular) cuando trascendió que los tres muchachos habían sido detenidos por tercera vez, ahora acusados de homicidio en lugar de feminicidio.
A simple vista pareciera que hay una obstinación de Rodrigo Dorantes y sus muchachos por no dejar ir a los tres jóvenes, y no se entiende por qué, si no pudieron cuadrarles el feminicidio, ahora quieren dejarlos en la cárcel por homicidio.
Bueno, más bien sí se entiende su insistencia: Más allá de la cuestión meramente jurídica (no serían los únicos acusados de violación que se han ido libres) Rodrigo Dorantes teme que una “derrota” de este tipo, acelere su salida de la dependencia, por lo que ha puesto a sus mejores hombres y mujeres a trabajar en el caso.
Hoy se llevará a cabo la audiencia donde otro juez deberá resolver si salen libres o no estos sujetos. Si dicta una vinculación a proceso estaría diciendo que su compañero Martín Domínguez actuó indebidamente, y en estricto sentido jurídico debería no solamente ser destituido, sino sometido a un proceso penal.
Pero si la autoridad jurisdiccional vuelve a dictar en sentido favorable para los imputados, entonces significaría que el Poder Judicial no le teme al procurador ni a su jefe el gobernador, quienes ya vaticinaron que por lo menos un juez deja el cargo este año.
¿Tendrá algo que ver el hecho de que la fracción parlamentaria del PRD ya adelantó que ratificará en el cargo a la magistrada presidenta Nadia Lara Chávez? ¿Es a cambio de salvar la imagen de la Procuraduría?
Sería lamentable que así fuera. Imagínense qué garantía tiene el justiciable si los jueces van a resolver de acuerdo a la situación política que guarda el estado y no en base a lo que hay dentro del expediente.
De todos modos hoy lo sabremos. Cualquiera que sea el veredicto levantará ámpula en el círculo de los abogados, de los jueces y de los funcionarios de gobierno, y mucho revuelo en las redes sociales.
Para terminar el análisis sólo falta hablar del abogado que –decíamos al principio de la columna- se ha convertido en el dolor de cabeza para el gobierno (en sus tres niveles) y se llama Cipriano Sotelo Salgado.
El maestro en Derecho y doctor en Ciencias Políticas es garantía para quien lo contrata, pero en muchas ocasiones hace quedar como ineptas a las autoridades. Al gobierno le preocupa que Cipriano esté defendiendo a todos los acusados importantes porque de entrada lleva un buen porcentaje de posibilidades de ganar. Y no es sólo por el nombre. Cipriano es prácticamente el padre de los juicios orales en Morelos, autor de varios libros sobre ese tema y propietario de la única escuela de Derecho especializada en juicios orales.
Y en el sistema tradicional también ha tenido muchos éxitos.
Por eso, decir que Ennio Pérez salió por una negociación política con los magistrados Elizalde-Díaz Carvajal-Rendón Montealegre es una grosería para el litigante.
Pero Cipriano sabe que camina en arenas movedizas y que cualquier error será magnificado para desprestigiarlo.
De ahí la importancia del resultado de hoy en las salas de juicios orales.
HASTA MAÑANA