Pero para completar la obra la Consejería Jurídica que encabeza Ignacio Burgoa Llanos ha tenido que litigar en los juzgados federales diversos amparos, mismos que, a decir del propio jurista, ya están ganados.
Lo anterior, sin contar con el retraso que provocó el conflicto entre dos organizaciones sindicales que se disputaban el derecho a realizar el acarreo de materiales.
Además del interés que tienen los usuarios de esa vía de comunicación para que se termine la obra, los que están realmente preocupados por todas estas vicisitudes son los propietarios de Tradeco, la empresa que ganó la concesión para llevar a cabo esta obra.
Esta compañía fue considerada “la constructora del sexenio panista”, al ser favorecida con onerosos contratos del gobierno federal. Todo ello, pese a que Tradeco arrastra un historial de incumplimientos en la ejecución de obra, daño patrimonial, tráfico de influencias, conflicto de intereses y supuestos fraudes en México y Centroamérica.
Tradeco supone otra historia de tráfico de influencias y conflicto de intereses en Pemex. Ésta involucra a Federico Martínez Salas, quien el sexenio pasado fue uno de los funcionarios con mayor poder en la paraestatal, donde ocupó los puestos de director ejecutivo del Proyecto Cantarell, subdirector de Proyectos de Producción Primaria de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos, subdirector de Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas de Pemex Exploración y a Producción (PEP), y director corporativo de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos de Pemex; y a su hijo Federico Alberto Martínez Urmeneta, accionista mayoritario y representante de Tradeco ante el gobierno federal.
En el periodo en que Martínez Salas tuvo a su cargo la obra de ingeniería, infraestructura y construcción de Pemex, su primogénito obtuvo contratos del mismo rubro, que ascienden a más de 3 mil millones de pesos, tanto en Pemex como en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), lo cual es contrario a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP) y a la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma (LOPSRM), que prohíben a cualquier funcionario o sus familiares hasta en cuarto grado participar en las contrataciones del gobierno.
El 18 de febrero de 1992, según escritura pública 8215, formalizada ante el notario 14 de Ciudad Nezahualcóyotl, Felipe Alfredo Beltrán Santana, se constituyó la empresa Trade Comercializadora, SA de CV, con un capital social de 10 mil pesos. En octubre de 1997, se modificó la denominación por la de Tradeco Infraestructura, SA de CV.
Su accionista mayoritario es Federico Alberto Martínez Urmeneta, quien también preside el Consejo de Administración; como vicepresidente aparece Sergio Toscano del Olmo; como secretario, Hilario de Jesús Orozco Unzieta; como tesorero, Luis Arturo Navarro Hernández; y como vocal, Yves Loustalot Laclette Macías. Tradeco opera, además, las subsidiarias Tradeco Ambiental, Marcadores de Pavimento y BestLabor.
Tradeco ingresó como contratista del gobierno federal en el mismo periodo en que Federico Martínez Salas, exdirectivo de ICA, se incorporó a la función pública. En el sexenio en que su papá estuvo en Pemex, Federico Alberto Martínez Urmeneta recibió contratos por cerca de 1 mil millones de pesos de la petrolera y por unos 2 mil millones de pesos de la SCT.
Por ejemplo, el 22 de octubre de 2003 Pemex Refinación le adjudicó un contrato por 379 millones de pesos para “trabajos de modernización” de la refinería de Minatitlán, por un periodo de 19 meses. En diciembre de 2005, la misma subsidiaria le adjudicó un contrato por 35 millones de pesos para la conservación y mantenimiento del poliducto en el derecho de vía y en el interior de las instalaciones superficiales del poliducto de Salamanca-Guadalajara.
En junio de 2006, la Región Sur de PEP le adjudicó el contrato 425026901, por 189 millones 128 mil 771 pesos, para la “inspección, rehabilitación y certificación de ductos en el activo integral Macuspana”. Dos meses después, la misma área le otorgó el contrato 425026938, por 150 millones de pesos, para la “inspección, rehabilitación y certificación de ductos del Activo Integral Bellota-Jujo”, en Tabasco, del 6 de octubre de 2006 al 18 de diciembre de 2008.
También en agosto de 2006, la Superintendencia del Sector Operativo Atasta, de PEP, en Macuspana, Tabasco, le otorgó el contrato 428236849, por 96 millones 781 mil 567.49 pesos, para la “rehabilitación de los sistemas de desfogue de gas y condensados” en el centro de distribución de gas marino en Ciudad Pemex, vigente del 11 de septiembre de 2006 al 8 de mayo de 2007.
En agosto de 2006, en una reunión con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Martínez Salas, entonces director corporativo de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos, definió con la agrupación gremial una prospectiva de proyectos que Pemex realizaría en el periodo 2007-2016.
En enero de 2007, 20 días después de que Jesús Reyes Heroles ingresara como director general de Pemex, Martínez Salas dejó la paraestatal para participar en el diseño de los proyectos de infraestructura, considerados en el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2007-2012, al cual, según datos de la Presidencia de la República, el gobierno de Felipe Calderón destinaría 422 mil millones de pesos anuales en los sectores energía (263 mil 500 millones de pesos), comunicaciones y transportes (124 mil 800 millones de pesos) y agua (33 mil 700 millones de pesos).
Tradeco fue beneficiada con el último contrato que otorgara el secretario Pedro Cerisola Weber en la SCT. En noviembre de 2006, una semana antes de que concluyera el sexenio, la delegación en Sinaloa le adjudicó un contrato por 1 mil 113 millones de pesos para que construyera un tramo del Puente Baluarte, en el kilómetro 157 de la carretera Durango-Mazatlán, en el límite de los estados Durango y Sinaloa.
La premura con la que se adjudicó el contrato, pese al oneroso monto, derivó en que el Órgano Interno de Control abriera una indagatoria al proceso de licitación. En marzo de 2007, la SFP concluyó que la asignación había sido irregular y determinó que Tradeco debía devolver a la SCT el adelanto que había recibido a cuenta del contrato.
Mientras la SFP emitía su fallo, el presidente Felipe Calderón ubicaba a la compañía Tradeco, oficialmente encargada de la obra, como ejemplo de su programa carretero. A finales de 2007, la SCT determinó que la constructora continuara con la obra, definida por la Presidencia de la República como la “insignia” de Felipe Calderón en este rubro. Sin embargo, el monto que Pedro Cerisola Weber estipuló en 1 mil 113 millones de pesos, en el gobierno de Felipe Calderón –según información de la SCT– costó 1 mil 700 millones de pesos.
En la administración de Calderón, las adjudicaciones directas fueron la vía más frecuente por la cual Tradeco ha obtenido contratos. Por ejemplo, el 29 de octubre de 2007, el centro SCT en Nayarit le otorgó, sin licitación pública de por medio, el contrato 7-R-CF-A-558-W-0-7 para que colocara los señalamientos en el tramo San Pedro Ixcatan-Jesús María, de la carretera Ruiz-Zacatecas. Se le pagaron 64 millones 780 mil 841 pesos.
El 30 de noviembre de 2007, la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos de la Comisión Federal de Electricidad le otorgó la adjudicación directa 071015, por 21 millones 500 mil pesos, para retirar la tierra del cerro desgajado en la comunidad Juan de Grijalva, en Chiapas. Los trabajos se efectuaron entre el 17 de noviembre y el 31 de diciembre de 2007.
En marzo del 2008, la Dirección General de Obras Públicas y Servicios de la Secretaría de Seguridad Pública le otorgó por adjudicación directa el contrato F/OM/DGOPS/OP/AD/005/2008, por 30 millones 26 mil pesos, para la excavación y cimentación del edificio Plataforma México, en el predio ubicado en avenida Constituyentes 919, delegación Álvaro Obregón, del 3 de marzo de 2008 al 31 de mayo de 2009.
Posteriormente, la Dirección General de Carreteras Federales contrató a Tradeco para realizar “estudios y proyectos” de la carretera Durango-Mazatlán. El monto: 2 mil 56 millones 689 mil 291 pesos, recursos que según la SCT le serán pagados con dinero del Fondo Nacional de Infraestructura.
En julio del 2009, el centro SCT en Sinaloa le asignó a Tradeco un contrato por 1 mil 700 millones de pesos para construir otro tramo del Puente Baluarte en la supercarretera Durango-Mazatlán, que formará parte de un corredor transversal que unirá a Mazatlán con Matamoros y conectará al Pacífico con el Golfo de México y hasta Estados Unidos.
Y Tradeco se caracteriza por dar buenas comisiones a las instituciones federales y gobiernos estatales que los apoyan para –primero- adjudicarse la obras, y después concluir satisfactoriamente las mismas.
HASTA MAÑANA
