A partir del 21 de agosto del 2010 está vigente la competencia de las autoridades estatales para resolver los delitos de narcomenudeo, en la inteligencia de que el hecho de que las entidades no hayan realizado las adecuaciones legislativas en el plazo establecido no es impedimento para que tengan la referida competencia.
Pero no es solamente el hecho de mandar a la cárcel a narcomenudistas lo que conlleva el alto riesgo para los juzgadores locales, sino que el fenómeno de la delincuencia organizada inicia con el trasiego de las diferentes drogas, pero conlleva también otros delitos colaterales como son el homicidio, el secuestro, el robo de vehículo y hasta la violación.
Y es del dominio público que diariamente los jueces orales están resolviendo la situación legal de imputados que están a su disposición por un delito que pareciera insignificante, pero que se trata de capos del narcotráfico.
Ya en una ocasión referimos en este espacio el caso del Juez Federal Pedro Villafuerte Gallegos.
Los abogados cincuenteros tienen bien presente lo que ocurrió en aquel septiembre de 1987 en la calle Tepozteco de la colonia Reforma. El Juez Pedro Villafuerte Gallegos quedó sobre la banqueta con 33 tiros en su cuerpo y una nota que decía “uno por cada año”.
Dos años antes en el estado de Oaxaca el Juez había dictado una sentencia. “Se le condena a 33 años de prisión por delitos contra la salud…”, dijo el secretario de Acuerdos frente al Juez Pedro Villafuerte Gallegos mientras escuchaba, sin inmutarse tras las rejillas de prácticas, el temido narco Pedro Díaz Parada.
“Yo me voy a ir y tú te vas a morir”, le dijo al juzgador. Las autoridades subestimaron sus amenazas, pero sobre todo su poderío económico. Salió caminando de la cárcel de Santa María Ixcotel, Oaxaca el mismo año que había sido sentenciado. Las autoridades judiciales lo mandaron a Cuernavaca para prevenir una posible venganza, pero Díaz Parada le puso precio a la cabeza del juez y no faltó quién se ofreciera a hacer “el trabajito”.
En otro caso, la noche del 17 de junio de 1990, la Juez Penal de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial con sede en Jojutla, Reyna Ocampo Rojas, recibió un disparo de arma de fuego cuando salía de su domicilio en aquel municipio. Todavía con vida fue llevada a un hospital donde falleció.
Las investigaciones de la Policía Judicial (en aquel tiempo con Antonio Nogueda Carvajal como director) llegaron a la conclusión de que el móvil del homicidio había sido la venganza.
El 18 de junio de 1990 la Policía puso a disposición del Ministerio Público a la señora Petra Manjarréz Martínez, manifestando que su hijo Sixto Quintero Manjarréz, fue detenido y consignado al Juzgado Primero de Primera Instancia de Jojutla, Estado de Morelos, acusado del delito de homicidio, que por esta causa contrató los servicios profesionales de la licenciada Elsa Castillo Gómez, que a causa de que esta profesionista le estuvo solicitando diversas cantidades de dinero le revocó el nombramiento de defensora particular de su hijo.
“…que hace aproximadamente 8 días la licenciada Elsa la buscó y le dijo que ya se iba a cerrar el caso y que tenía miedo que los familiares de la persona que había matado su hijo, la asesinaran a ella, que el 14 de junio de 1990, quedaron de verse la declarante, la señora Emma, que es la Secretaria del Juzgado y la licenciada Elsa en la casa de ésta, que a esa reunión la acompañó su nuera Guadalupe Valverde Parra, que Emma dijo que para que se acabaran los líos habría que darle en la madre a la Juez (sic), que en el caso de Sixto no lo iba a dejar salir, que en eso entró la mamá de Elsa y manifestó que le dieran en la madre a la Juez (sic), que Emma manifestó que en eso quedaban, que su hijo de nombre Francisco le comentó que si no había de otra él lo haría, que su hijo hacía aproximadamente 8 días le había comprado una pistola a un amigo, que el domingo siendo aproximadamente las 22:00 horas llegó su hijo Francisco a la casa de la declarante en una motocicleta color amarillo, y en la puerta de la casa le informó que ya estuvo, que ya le había dado en la madre a la Juez”.
Afortunadamente para el resto de los funcionarios judiciales, estos dos casos son los únicos que se tienen registrados en que juzgadores han sido asesinados como represalia por el cumplimiento de su trabajo. Las amenazas son comunes, y prácticamente todos los jueces tienen una anécdota de situaciones en las que sintieron temor al emitir una sentencia. Algunos pidieron su cambio de adscripción, otros sólo cambiaron sus hábitos como prevención y ni siquiera mencionaron el tema para no alarmar a sus respectivas familias.
El tema de la seguridad de los jueces volvió a estar en boga precisamente a inicios del año pasado, cuando la Juez Dora María Rodríguez Pineda, fue privada de su libertad después de dejar a su hija en una escuela de Cuernavaca y abandonada en la cajuela de su propio auto en el poblado de Ocotepec. Cuando llegó la policía únicamente tuvieron que abrir la cajuela y quedó libre.
Era evidente que la Juez no fue privada de su libertad por el desempeño de su trabajo, sino que fue una víctima de la delincuencia “común” que opera en Cuernavaca.
Lo mismo le ocurrió al magistrado federal Luis Vega Ramírez, cuya hija iba a ser secuestrada cuando salía de su casa. Afortunadamente los aprendices de delincuentes eran muy inexpertos y no pudieron manejar el vehículo, además de que se llevaron el celular de la joven sin saber que tenía servicio de GPS, lo que sirvió para detenerlos.
Pero en las últimas semanas ocurrió un caso que volvió a encender los focos rojos en cuanto al riesgo de los jueces. Resulta que un empresario mexiquense estaba siendo extorsionado y se atrevió a denunciar al sujeto que le exigía dinero a cambio de no secuestrarlo.
El sujeto fue detenido por la Policía Preventiva Estatal de Morelos pero no por el delito de extorsión sino por los que le pudieron cuadrar para mantenerlo retenido mientras le integraban una carpeta por delitos graves.
Pero resulta que el empresario mexiquense ya no podrá venir a declarar contra este sujeto, porque fue asesinado.
Esto evidencia, por un lado, la falta de mecanismos de protección a víctimas, y por otro, la nula confidencialidad en los asuntos delicados que llevan las diferentes corporaciones policiacas.
Hoy tenemos en la cárcel a un sujeto cuya peligrosidad es ampliamente conocida entre policías y delincuentes, pero que no se le han podido comprobar los delitos realmente graves en los que ha venido incurriendo desde hace años, sino aquellos que quizás hasta le inventaron los policías para justificar su detención.
Ya hubo amenazas contra el juez que ordenó su vinculación a proceso. Por petición del Tribunal Superior de Justicia el juzgador ya se encuentra bajo custodia y no de las fuerzas estatales sino federales (ahí se ve el grado de confiabilidad que tiene nuestra policía estatal).
Pero cada vez hay más casos similares. De hecho, como lo hemos afirmado en esta columna, los jueces estatales prácticamente están al servicio de los jueces federales para realizar audiencias que ellos no pueden realizar y se las encargan a los estatales.
¿Y el proyecto para crear la Policía Procesal?
Pues precisamente después del incidente que sufrió la Juez Rodríguez Pineda, el TSJ emitió un boletín en el que se admitía que los hechos nada tenían que ver con su trabajo como juzgadora, y terminaba diciendo:
“Lara Chávez, reiteró que seguirá trabajando con las instancias estatales para la materialización de la Policía Procesal, afecto de que se ubiquen elementos especializados, que resguarden las instalaciones judiciales, así como al público en general que asisten a los mismos; reiterándose a los servidores públicos que cuentan con todo su apoyo en materia de seguridad tal y como ha venido aconteciendo”.
Desgraciadamente, en este tema el Poder Judicial sigue dependiendo totalmente de los otros dos poderes. Pero el Congreso no ha querido autorizar los recursos necesarios para crear esa agrupación policiaca, y el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del estado depende del humor con que amanezca el titular de la misma.
HASTA MAÑANA
