Se dio a conocer, según datos del organismo internacional, que en el mundo se hablan cerca de siete mil idiomas, de los cuales, seis mil 700 son lenguas indígenas y el 40 por ciento corre el riesgo de desaparecer: dos mil 680, aproximadamente, lo que pone en riesgo las culturas y sistemas de conocimiento a los que pertenecen.
Es por ello que la designación de 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas brinda la oportunidad de examinar los problemas relacionados con las lenguas y los conocimientos indígenas en diferentes regiones, tan diversas como la de los habitantes de Fiji en el Pacífico, los dong en China, los samis en la Laponia sueca, los bahimas en Uganda, los maoríes en Nueva Zelanda y los mixtecas en México.
Es necesario añadir que en la semana que concluye, específicamente el pasado 9 de agosto, se conmemoró el "Día Internacional de los Pueblos Indígenas", con el fin de sensibilizar sobre las necesidades de estas poblaciones y el cual este año busca destacar la urgente necesidad de preservar, revitalizar y promover las lenguas indígenas.
Uno de los motivos a subrayar acerca de esta conmemoración internacional es que los pueblos indígenas suelen estar aislados en los países donde viven, desde el punto de vista político y social, debido a la ubicación geográfica de sus comunidades y a sus diferentes historias, culturas, tradiciones y lenguas: estas últimas son sistemas complejos de conocimientos y comunicación, por lo que deben reconocerse como un recurso nacional estratégico para el desarrollo, la consolidación de la paz y la reconciliación.
A través de la lengua, las personas preservan la historia, la memoria, las costumbres y tradiciones de su comunidad, además de los modos únicos de pensamiento, significado y expresión, razón por la cual el idioma es fundamental en los ámbitos de la protección de los derechos humanos, la consolidación de la paz, la reconciliación y el desarrollo sostenible; sin embargo, muchas de estas lenguas están desapareciendo pues las comunidades que las hablan se enfrentan a la reubicación forzada, las desventajas educativas, la pobreza, el analfabetismo, la migración y otras formas de discriminación, además de violaciones de los derechos humanos.
Durante la conmemoración, el año pasado, del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, manifestó en su mensaje alusivo que es una oportunidad de crear conciencia sobre la situación precaria de las poblaciones autóctonas, además de centrarse en los factores de la migración y la movilidad, para proteger sus derechos y mantener sus culturas y formas de vida.
Lo anterior, ya que como resultado de la pérdida de su territorio y recursos, por el desarrollo y otras presiones, muchos pueblos indígenas migran a las zonas urbanas en busca de oportunidades, aunque también migran a través de las fronteras internacionales por desplazamiento o reubicación sin su consentimiento, y para escapar de la violencia, los conflictos armados, la persecución, la degradación ambiental y los impactos del cambio climático, sin olvidar la búsqueda de mejores perspectivas, educación y empleo para ellos y sus familias.
En este espacio nos hemos referido al tema en algunas ocasiones y señalado, por ejemplo, cuestiones relativas a la migración y la discriminación en nuestro país.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Discriminación 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los cinco estados en México con los índices más altos de discriminación son Puebla, con 28.4 por ciento; Colima, 25.6; Guerrero, 25.1; Oaxaca, 24.9 y Morelos, 24.4 por ciento; mientras que los menores porcentajes de la población de 18 años o más que declaró haber sido discriminada por algún motivo o condición personal se registraron en Nayarit, con 13.1 por ciento; Zacatecas, 13.7; Nuevo León, 14; San Luis Potosí, 14.4 y Durango, 15.4 por ciento.
En América Latina, alrededor del 40 por ciento de todos los pueblos indígenas viven en zonas urbanas, incluso el 80 por ciento en algunos países de la región; en México y según la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, de acuerdo con su cultura, 21.5 por ciento del total de la población se autorreconoce indígena, de la cual el 48.7 por ciento son hombres y 51.3 por ciento son mujeres.
Según datos de la ONU, los pueblos indígenas están constituidos por 370 millones de personas, aproximadamente, es decir, más del cinco por ciento de la población mundial; empero, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas, vulnerables y perjudicadas del mundo, representando el 15 por ciento de los más pobres; destaca además el caso de los migrantes indígenas, quienes se enfrentan a muchos desafíos, incluida la discriminación.
También en Panóptico Rojo hemos hecho eco de la labor que lleva a cabo Oxfam, la organización humanitaria fundada en 1995 por grupos no gubernamentales independientes, cuyo objetivo era trabajar en conjunto para lograr un mayor impacto en la lucha internacional por reducir la pobreza y la injusticia; además de convertirse hoy en día en la organización mundial líder en ayuda humanitaria de emergencia, Oxfam pone en marcha programas de desarrollo a largo plazo en comunidades vulnerables y también forma parte de un movimiento global, haciendo campaña para poner fin a las reglas injustas de comercio, pedir mejores servicios sanitarios y educativos, además de combatir el cambio climático.
Esta organización publicó, también en esta semana que finaliza, el informe "Por mi raza hablará la desigualdad", en colaboración con El Colegio de México (Colmex), un proyecto que aborda el tema de los privilegios y desigualdades en nuestro país en torno al color de piel, el origen étnico o la lengua, en el cual se señala que el racismo y la discriminación étnico-racial son problemas que datan de hace muchos años, pero hasta hace poco eran invisibilizado; en las comunidades indígenas, dicha desigualdad se da en tres dimensiones: educativa, laboral y riqueza material.
Incluso, en la presentación del análisis, el martes 6 de agosto pasado, se hizo referencia al término "pigmentocracia", acuñado para visibilizar un orden social en el que el tono de piel tiene efectos significativos en la posición que ocupan las personas en la jerarquía social, tal vez cumpliendo una mera función de generador de conciencia acerca del problema de la discriminación y para visibilizar el racismo de la sociedad mexicana.
Incluidos en los resultados clave de dicho análisis se anota que las características étnico-raciales son un factor explicativo importante de la desigualdad en destinos educativos, ocupacionales y económicos; además, la desigualdad de oportunidades se acentúa cuando las personas combinan dos o más características étnico-raciales asociadas a los grupos discriminados y de igual modo, las desigualdades asociadas a dichas características son en muchos casos mayores para las mujeres.
En lo que respecta al tema de la lengua, en el informe referido se enfatiza que el 43 por ciento de las personas hablantes de lenguas indígenas no completaron la primaria y, en contraste, sólo 11.5 por ciento de quienes hablan español no lo lograron; se añade que el grupo con mayores ventajas es el de personas mestizas o blancas, ya que el 25 por ciento logran estudios superiores, mientras que las personas indígenas llegan a la educación superior en 8.5 por ciento.
De acuerdo con Oxfam México, el tono de piel es clave en la desigualdad de oportunidades: mientras más claro el tono de piel, hay mayor posibilidad de tener una situación económica privilegiada; además, se agrega que el 40.5 por ciento de las personas indígenas se desempeñan en trabajos manuales de baja clasificación.
En el informe "Por mi raza hablará la desigualdad" se enfatiza que las conclusiones son evidentes y que México debe detener, a través de políticas públicas, las prácticas discriminatorias actuales, pero también debe resarcir las desventajas creadas históricamente por siglos de procesos discriminatorios, ya que "la desigualdad de oportunidades de hoy todavía se alimenta de la discriminación y el racismo del pasado"; se recalca que "la desigualdad de ingreso, de riqueza, de género y la motivada por características étnico-raciales son resultado de decisiones de políticas públicas".
Nelson Mandela, el presidente de Sudáfrica que centró su gobierno en eliminar el racismo, la pobreza y la desigualdad social, señalaba: “Ser libre no es meramente soltarse las cadenas, sino vivir de una manera en la que se respete y se amplíe la libertad de los otros”. Coincidimos.
