El “Informe Ayotzinapa: Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”, presentado el pasado domingo por cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que integran el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), contiene recomendaciones al Estado mexicano respecto a la investigación de dicho caso, además de que refuta la “verdad histórica” de los hechos del 26 y 27 de septiembre, dada a conocer por la Procuraduría General de la República (PGR) a inicios de este año.
En este espacio hemos seguido con atención el “caso Ayotzinapa”. Con el título “Reflexiones necesarias sobre la ‘verdad histórica’” comentamos, en el pasado mes de febrero, las controversias entre lo manifestado por las autoridades de la PGR y los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), señalando que el grupo interdisciplinario de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) se instalaría y comenzaría su propia investigación, sin asumir la tesis oficial sobre “una masacre”.
En aquella ocasión también elegimos un extracto del libro de Mario Bunge, “La ciencia, su método y su filosofía” en el que apunta que “la veracidad, que es un objetivo, no caracteriza el conocimiento científico de manera tan inequívoca como el modo, medio o método por el cual la investigación científica plantea problemas y pone a prueba las soluciones propuestas. (…) un dato será considerado verdadero hasta cierto punto, siempre que pueda ser confirmado de manera compatible con los cánones del método científico”.
Ahora, el “Informe Ayotzinapa” del GIEI destaca en su introducción que “el procesamiento de la escena del crimen es el primer y más importante esfuerzo de la investigación criminal para conocer las circunstancias en que pudo haberse cometido un hecho delictivo, la identidad de los posibles responsables y eventualmente de las víctimas, mediante la documentación de todas las evidencias encontradas en el lugar, que ayuden a reconstruir la verdad histórica de los hechos”. Coincidimos, excepto en el uso de los términos “crimen” y “criminal” y en funcíón de la clasificación bipartita en México de la gravedad de los delitos.
También coincidimos con la visión de que los resultados de una investigación “se encuentran vinculados estrechamente con la capacidad, profesionalismo y recursos de los equipos a quienes la ley asigna el trabajo de procesar la escena del crimen” (es decir, el lugar de hechos o de hallazgo).
Triste circunstancia que el GIEI lamente “no poder ofrecer a los familiares, al Estado y la sociedad mexicana o al mundo, un diagnóstico definitivo de lo sucedido con los 43 normalistas desaparecidos”, e indique que encontraron numerosas dificultades que señalan en su informe: uno que recoge hechos que considera probados, y otros que considera como “probado que no han sucedido o sobre los que existe una controversia tal que se cuestiona su validez”.
Fue interesante esta semana leer el punto de vista del columnista Manuel Emilio Hoyos, en el portal ‘SDPnoticias’, anotando que el Informe presentado por el GIEI “no es más que el reflejo de lo que sucede día con día en nuestro país, en lo referente al campo de las Ciencias Forenses (…) Lo que es cierto es que la autoridad (policías, peritos, etc.) de cualquier nivel, siempre tiene que esperar ‘órdenes’ superiores y no tiene la ‘libertad’ (entiéndase libertad como actuar conforme a la ley) para establecer los procedimientos adecuados”.
Y en ese tenor, el pasado miércoles los integrantes del GIEI también se reunieron con las comisiones de Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales del Senado de la República; durante su intervención, el especialista Carlos Martín Beristáin comentó que en las indagatorias se localizó un documento manuscrito en uno de los últimos tomos de la PGR: “hecho por el chofer del autobús, del día de los hechos, en el que corroboraba totalmente la versión que nos habían dado los estudiantes (…) Sin embargo, la versión que existía en la declaración oficial en el expediente era totalmente contraria”.
Otro de los expertos del IGEI, Francisco Cox Vial, destacó que es necesario que los Servicios Periciales no sean parte de la PGR, ya que “sólo si se logra la autonomía e independencia de servicios periciales se va a lograr que se investigue sin ningún tipo de sesgo”, y argumentó que la PGR se encarga de obtener las pruebas y trata de comprobar su tesis, no rebatirla; recordó también que México transita a un sistema acusatorio en el que es fundamental poder sustentar las investigaciones penales con evidencias.
El significado de “utopía o utopia” (lugar que no existe), según la Real Academia Española (RAE), hace referencia a un “plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que aparece como irrealizable en el momento de su formulación”. Son numerosas las recomendaciones generales del GIEI respecto a la desaparición de personas en México; sin embargo y relacionadas con el tema de hoy, a la letra transcribo las siguientes:
En cuanto a las reformas institucionales para la investigación y sanción: “Contar con un organismo pericial y forense autónomo y competente, a nivel federal como en los diferentes estados. Dicha entidad debe contar con autonomía administrativa y financiera sin depender de ningún organismo investigativo o judicial. Además debe tener la capacidad técnica, científica y profesional para desarrollar sus labores; debe tener personal capacitado y contar un trabajo diseñado con base en los protocolos internacionales y cumpliendo los estándares en las diferentes materias”. Utopía 1.
En cuanto a las recomendaciones: “Instaurar una Unidad de análisis de contexto en la PGR, para que un grupo de profesionales con formación interdisciplinaria, a partir del estudio de patrones y elementos comunes de casos de violaciones de derechos humanos, pueda realizar un estudio más comprensivo de las violaciones de derechos humanos. En esta unidad se deberá crear una base de datos que se nutrirá de la investigación de casos individuales que permita establecer perfiles de víctimas, perfiles de victimarios, patrones delictivos, etc.”. Utopía 2.
La introducción en el “Informe Ayotzinapa: Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa” describe que el símbolo de su portada -una tortuga- es “un reconocimiento a las víctimas de este caso”: “Ayotzinapa” en náhuatl significa “lugar de tortugas”; ¿deberán transcurrir más de 100 años para que ‘una vez descartado lo imposible’ conozcamos “un diagnóstico definitivo de lo sucedido con los 43 normalistas desaparecidos”?
Indictum
El doctor Rafael Moreno González -miembro fundador, ex presidente y presidente honorario vitalicio de la Academia Mexicana de Criminalística- es el autor del libro publicado por el Inacipe, “Sherlock Holmes y la investigación criminalística”; un personaje creado por Arthur Conan Doyle que se ha convertido en un paradigma ‘tanto para las letras como para el estudio de las ciencias penales’.
