Este es el inicio de la Constitución de Estados Unidos, que fue firmada el 17 de septiembre de 1787 y entro en vigor luego de que fue aprobada por 9 estados el 21 de junio de 1788.
La intención de una Constitución es imponer normas y reglas a aquellos que gobiernan, limitar el poder de los gobernantes y, al hacerlo, dárselo a los gobernados, atar de manos a los que poseen la autoridad, para aumentar la libertad de aquellos sobre los que se ejerce la autoridad.
Cuando el gobierno es ineficaz o injusto, los que se sienten oprimidos se ven impulsados a elaborar constituciones. Prueba de ellos son las dos primeras, la estadounidense y la francesa, que se impulsaron desde la percepción de que el gobierno existente era arbitrario. La redacción del documento es considerado como un acto de reforma o revolución, con un elemento prescriptivo, una demanda de constitucionalismo, que es una petición de un gobierno limitado, de que se imponga el imperio de la ley en lugar del capricho de un rey o un déspota.
Revisar la historia del estado de Morelos permite establecer que con una sociedad organizada y poseedora de las decisiones a todos los gobernadores del siglo XX y el actual se les habría construido un documento que limitara los excesos que cometieron durante sus gestiones, que acumuladas colocaron a la entidad en la compleja condición que hoy se encuentra.
El actual gobierno durante sus primeros 24 meses, ya a aportado elementos suficientes para que se pueda proponer al pueblo un documento que otorgue mas libertades a la ciudadanía y se limiten mas “las ocurrencias” gubernamentales, (En México el gobierno está integrado por tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; tiene tres ámbitos: estatal, municipal y la parte proporcional del federal, y cada uno en mayor o menor medida ha colaborado a la necesidad de “constitucionalizar” la relación pueblo-gobierno).
Cuando solicitó licencia irrevocable y definitiva al cargo de presidente municipal de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós estaba involucrado en una serie de “escándalos mediáticos” por actos de corrupción que le fueron adjudicados a él y a sus colaboradores.
La aspiración de arribar a la candidatura al gobierno del estado ya era inexistente por diversas causas, entre las que destacan incumplimientos de compromisos y acuerdos por parte de todos los militantes del Partido Revolucionario Institucional en el periodo 2009-2012.
Fue designado presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en sustitución del quien lo desplazó de aquella aspiración, el entonces diputado local Amado Orihuela Trejo.
Otra serie de señalamientos en su contra motivaron al CEN del PRI a retirarlo de aquella responsabilidad partidista y retirarle sus derechos como militante.
El pasado martes citó a los reporteros para anunciar la presentación ese día en la tarde de denuncias contra dos ex presidentes del PRI Morelos: el auditor Superior de Fiscalización Luis Manuel González Velázquez, y el actual presidente municipal de Cuernavaca, Jorge Morales Barúd.
Es un conflicto legal aunque no es legítimo (la sociedad considera que es un ajuste de cuentas y no la búsqueda de la justicia) en el que se involucran tres ex dirigentes de esa organización, lo que impactará en el ánimo de los votantes “indignados” que definen su sufragio durante el último mes previo al día de la contienda.
De la amplia exposición de pruebas y motivos de defensa que realizó el también abogado, y luego del “espectáculo digno de los mejores programas del corazón que protagonizo un empresario turístico de la entidad”, el tema más relevante es la actuación al margen de la ley de quien está comprometido a cumplirla en uno de los temas de mayor reclamo social: la vigilancia del manejo de los recursos públicos.
La Auditoría Superior de Fiscalización se integró como organismo autónomo revisor del manejo presupuestal hace más de una década; sus titulares fueron removidos inmersos en escándalos por diferentes causas.
A la instancia encargada de vigilar la transparencia, la caracteriza la opacidad: el actual gobernador Graco Ramírez, denuncio la ilegalidad en la Auditoría Superior de Fiscalización desde que era gobernador electo.
González Velázquez rindió protesta en el cargo el 4 de julio de 2012. Uno de los requisitos que tenía que cumplir para ser nombrado es no militar en ningún partido político, pero uno de los documentos presentados por el legislador lo menciona: el 24 de octubre de 2013, los integrantes del Consejo Político Estatal y de la Comisión Política Permanente José Amado Orihuela Trejo, Antonio Riva Palacio López, Rodolfo Becerril Straffon, Luis Manuel González Velázquez, Otilio Rivera Navarro, Jorge Meade Ocaranza y Manuel Agüero Tovar y Omar Yamil Guerra Melgar..."
Con documentos de ese tipo el denunciado afirma que el funcionario fiscalizador incurrió en desvío y abuso de poder.
Para corregir la ilegalidad con la opera el organismo encargado de vigilar el manejo adecuado de los recursos públicos, (ASF) y cualquier otra dependencia es indispensable que sus titulares y los empleados que les acompañan se apeguen a lo que establece la Constitución y las leyes que de la misma surgieron en el tema.
Estos ejemplos aparecen con mayor o menor intensidad en todas las áreas de todos los poderes, que actúan al margen de la ley, simulan legalidad y terminan deslegitimados.
APANGO: NEGRITUD DEL SEGUNDO INFORME
“A varios días de que rindió informe el alcalde Mártir de Cuilapan, con la tranquilidad que da el tiempo transcurrido, el ciudadano medianamente informado se atreve a analizar con calma cada uno de los rubros dados a conocer por el responsable de la política municipal. Al menos este año se realizó, ya que el año anterior, por el huracán “Manuel” la mayoría de habitantes de los municipios guerrerenses se quedaron ayunos de tan importante informe.
Esta vez, montándose en la modernidad, la comuna se armó con videos para “apantallar” a los asistentes y desviar la atención por cuanto el munícipe decía en el micrófono. Por fortuna los empleados distribuyeron durante la lectura, una edición especial impresa que en letras llamativas dicen Segundo Informe de gobierno, Licenciado José Guadalupe Rivera Ocampo y, su maltratado y trillado lema: “con actitud de progreso”.
En dicha edición tomamos por base para asegurar que el informe es la más vil distorsión de lo que constituye un informe municipal. El edil informó de proyectos puestos en práctica con recursos federales, estatales y algunos con mezcla de recursos. No dijo cuáles se realizaron con recursos propios, cuales con federales y cuales con el apoyo del gobierno que encabeza en Guerrero el gobernador Aguirre Rivero. Y no lo dice, porque queda muy claro a la ciudadanía, que la administración no ejecuta obra propia, pues ni camiones de volteo tiene; y si los tiene, dicen sus propios empleados, los tiene rentados en obras que ejecutan empresas con recursos federales. En efecto, todo ciudadano puede comprobar que entre el parque vehicular no hay un solo camión de volteo. ¿Cómo pues va a ejecutar obra pública la autoridad municipal?
Dinero hay, pues llega con toda regularidad: los cheques se dirigen al familiar que de la nada resulta empresario o presta nombre. Lo dicen los bienes adquiridos y las construcciones dentro y fuera del municipio, más en ningún momento el alcalde informó cuánto fue el ingreso total a las arcas municipales, ni cuánto el monto global que el gobierno federal invirtió en el municipio que convirtieron en sitio de parias las últimas administraciones municipales, pues debe resaltarse que Mártir de Cuilapan es el municipio piloto de la Cruzada contra el hambre. A ese grado se ha llegado por los múltiples actos de corrupción que el gobierno ha solapado en este empobrecido municipio.
El munícipe oculta aviesamente cuánto del ingreso global interno destina su administración como gasto corriente, pues tiene una nómina cargada de empleados que ganan una miseria, pero que a falta de otros ingresos legítimos, se aguantan, porque sin ese ingreso, muy probablemente perecerían de hambre, pues si no fuera así, la mayoría ya hubiera tirado el arpa, o retirándose con dignidad y con la frente en alto. En cambio, el alcalde y síndico ganan lo que nunca jamás percibieron en sus vidas; pero es distinguir poco. Hay también “aviadores” que por profesionalismo esta vez omitimos, pero de verdad, es una vergüenza que hasta una señora que se dice madrina, esté cobrando sin saber pilotear un avión; vaya ni una bicicleta.
Eso no lo dijo el alcalde. No dijo nada del nepotismo en que está hundida la administración que indignamente encabeza; tampoco reconoció su inutilidad para lograr que el desempleo disminuya, pues cómo, si las empresas traen al municipio hasta los peones y albañiles de otras partes, por lo que los campesinos se han visto precisados a salir a buscar empleo a otras regiones. Empero, el alcalde, síndico e incluso algunos directores de área creen que la gente les cree sus videos. No, aquí se les dice que están en grave error, pues su visión es pétrea y casi nula. Hay un silencio hasta cierto punto cómplice, porque hay quienes recibieron dinero para que votaran por el actual alcalde. Andan con pasos de cínicos los operadores que entregaron el dinero e incluso siendo militantes tricolores, pero de ahí a que el pueblo crea a pie juntillas lo del segundo informe, es evidente que no es así.”
Estas líneas fueron escritas por el maestro en Ciencias Sociales y periodista guerrerense Edilberto Nava García, quien nació en 1955 en Apango Mártir de Cuilapan y es autor del libro"Sangre legítima", de 1997, donde según el gobernador Angel Aguirre Rivero, están expresados los sentimientos de los pobladores originales de la zona de La Montaña.
Los informes anuales sobre la situación que guarda la administración pública fueron ceremonias “faraónicas” implementadas por los presidentes que así buscaron confirmar recordar a la sociedad las obras y acciones que para la elevación de la calidad de vida se realizaban bajo la coordinación de aquellas autoridades, la ausencia de resultados provocó el desencanto ciudadano que se cristalizó con las interpelaciones que el senador Porfirio Muñoz Ledo, realizó durante el sexto informe del presidente Miguel de la Madrid, en 1988.
La visión que el pueblo tiene de los gobiernos al margen del partido político que representen esta sintetizada en el texto que desde La Montaña de Guerrero envía Nava García.
CADA VEZ MÁS LEJOS DEL CENTRO DEL PODER
El estado de Morelos enfrenta una intensa agenda política y social, que frustró una inexistente agenda económica. La distancia “partidizada” entre el gobierno estatal y el federal se ha incrementado en las últimas semanas. Algunos mensajes de funcionarios federales y estatales así lo advierten. Un ejemplo es la respuesta que dio el delegado de la Secretaria de Gobernación a la pregunta sobre la denuncia que se interpuso contra elementos del Mando Unico Estatal, sobre un supuesto abuso de autoridad, fue claro, “Desde el gobierno federal, no se permitirán excesos de las corporaciones locales”.
Esta semana perdieron la vida en el cumplimiento de su deber dos elementos policiacos del Mando Único que iniciaban sus labores en la zona de influencia del poblado de Huecahuaxco, en el municipio de Ocuituco.
Desde el gobierno de Armando León Bejarano en la década de los setentas del siglo pasado, trascendió que en esa área de difícil acceso y con una amplia conexión con entidades vecinas se realizaban actividades al margen de la ley.
En esa área como en muchas del territorio estatal está pendiente la integración a la modernidad a través de la gobernabilidad de habitantes que han logrado trascender mediante la defensa de usos, costumbres y tradiciones que les son propias y que los comprometen a analizar qué propuestas del siglo XXI integran a su comunidad y cuáles rechazan por considerarlas agresivas.
Quienes en ese lugar actúan al margen de la ley en la mayoría de los casos son avecindados que migraron de sus lugares de origen luego de iniciarse en esas actividades, y el descuido gubernamental les permite instalarse.
Al margen de la revisión de las causas primarias del incremento de la violencia, es necesario “vacunar” la emergencia contra la “toxicidad” que genera el que se involucren partidos políticos y organizaciones gubernamentales, que escandalizando el dolor social, alcanzan notoriedad y beneficios personales. Sólo el cumplimiento estricto de la ley y la revisión de la misma cuando se considere que es insuficiente, evita el desvío de la atención y de los recursos. La violencia contra los poblados rurales es histórica. La ley de protección a víctimas y el reconocimiento de los derechos de los pueblos es “un invento” de los últimos gobiernos.
En dos semanas Huecahuaxco retornara a su violenta normalidad.
La corrupción que reclaman y denuncian los abogados, la ilegalidad con la que opera la Auditoría Superior de Fiscalización y la denuncia ciudadana externada desde La Montaña, la urgencia de recuperar la paz social perdida, son sólo unas de las múltiples razones que confirman que, como un pendiente más de la democracia, está el que se obligue al Estado a constitucionalizar las decisiones.
