La declaración puntualiza que “lograr equidad e inclusión requiere asegurar el derecho a la educación de todos los niños, niñas, jóvenes y personas adultas, así como sus derechos dentro y a través de la educación para realizar su potencial y aspiraciones. Esto también requiere responder a la diversidad de necesidades de todos los estudiantes, a través del incremento de su participación en el aprendizaje y de la reducción de la exclusión en y de la educación”.
En 1944 se fundó, en un terreno que donó a la beneficencia pública el general Lázaro Cárdenas del Río, la Escuela Normal Rural de Señoritas con carácter de internado de Palmira. La zona donde se ubica el predio, lleva ese nombre en honor de la hija del general que en 1933 vivió unas cuantas horas; dejó de funcionar como internado en 1969 y se convirtió en una secundaria técnica.
En la década de los setentas se fundó la Escuela Normal Rural Emiliano Zapata en Amilcingo, para dar espacio a las hijas de los agricultores propietarios de tierras ejidales y comunales de la entidad, quienes aspiraran a convertirse en maestras de educación primaria en las zonas rurales, en las cuales realizan labores agropecuarias sus familias.
El proyecto de fundación de las normales rurales, cuyos alumnos actualmente realizan movilizaciones en todo el territorio nacional, incluido Morelos, pretendió solucionar las necesidades de formación y capacitación de las siguientes generaciones desde 1940. La intención no se cumplió porque los gobiernos que siguieron al que impulsó aquel objetivo, incrementaron sus niveles de corrupción y desviaron los recursos que desde la construcción del presupuesto de egresos de la Federación, se asignó al financiamiento de aquella importante inversión pública.
Revisar la disminución y el desvío de los recursos que tras la administración de Lázaro Cárdenas se dedican a la educación y el incremento al gasto para atender la prioridad de la inseguridad desde la óptica de la violencia, confirma la razón por la cual la sociedad y el gobierno han perdido la batalla contra la delincuencia.
En los últimos dos años el gasto del gobierno del estado de Morelos en seguridad es superior al de la administración de Marco Antonio Adame Castillo, el mismo mandatario que mandó marginar, desconocer y luego golpear a quienes representaron y defendieron los derechos y sobre todo la libertad de manifestación de los 25 mil maestros de la entidad. El actual gobierno todavía no los golpea, pero sí los margina y sobre todo los menosprecia.
El gasto en seguridad se multiplicará para el 2015, la autoridad electoral advirtió que carece de recursos para instalar los comités distritales y municipales encargados de organizar la elección en la entidad, los alumnos de todos los planteles educativos públicos y privados coinciden en una reclamo generalizado: de que el gobierno les provea de mayores oportunidades para su educación y su integración a la vida económica y que los reprima menos.
Hoy muchos jóvenes se integran a las estructuras de seguridad pública en todos sus niveles, son más que los de las generaciones anteriores, muchos se quedan en el camino y no concluyen la secundaria, per cápita cada vez son menos los que acceden a un nivel de educación superior.
Revisar los hechos en materia de educación y seguridad, permite reconocer el esfuerzo que sociedad y gobierno realizan, analizar lo que logran obliga a proponer un re-direccionamiento de todos los esfuerzos, la orden del pueblo les llegará el primer domingo de junio del 2015, cuando deberán aceptar como propio el documento educativo que surgió en Perú.
