El mayor pendiente de la democracia es encontrar su utilidad, quienes están al frente de los partidos políticos, quienes son candidatos y quienes se encargan de vigilar su práctica, no logran convocar a la sociedad en torno a los fines prácticos por los cuales se le consideró el más avanzado sistema político bajo el cual puede construirse la relación entre gobernados y gobernantes.

Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, nació en 1933, fue presidente del Partido Revolucionario Institucional, del 24 de septiembre de 1975 al 30 de noviembre de 1976 y de  1993 a 1996 fue presidente del Partido de la Revolución Democrática.

El pasado 25 de octubre estableció: el proceso de emancipación nacional fue el resultado de manifestaciones concatenadas que condujeron a la independencia del país en 1821 y a su consolidación con a la Constitución de 1824. La remembranza de gestas sucesiva s y documentos fundamentales rescata la lógica interna con que los hechos se produjeron, desde la invasión napoleónica en España hasta el llamado del síndico novohispano Francisco Primo de Verdad, en el sentido de que la soberanía fue asumida por el pueblo mientras el monarca permaneciera cautivo.

Este periodo incluye el levantamiento de Hidalgo en septiembre de 1810 y culmina, en su primera fase, con el Congreso de Chilpancingo y la expedición de la Constitución de Apatzingán en 22 de octubre de 1814.

Es innegable que el acta de nacimiento de la nación mexicana es la constitución de 1814: en ella se estableció la separación de la metrópoli, la desaparición de la monarquía, la primacía de la soberanía popular, el régimen republicano de gobierno y, desde los Sentimientos de la Nación, la carta de navegación para la historia de un país fincada en la supremacía de la ley y la conquista de la igualdad como objetivo principal.

La Constitución de Apatzingán sólo tuvo una breve vigencia en algunas regiones del país. Su eficacia fue de otra naturaleza: sintetizó magistralmente el programa político y social de una nación en el momento que decretaba su independencia. También definió afanosamente un marco jurídico por el que debían regirse los hombres y mujeres de una república cuyos principios eran la otra cara de la moneda del estatuto colonial. Su esencia es el respeto a los derechos humanos y el desconocimiento drástico del régimen opresor que, instalado por la fuerza, carecía de legitimidad y por lo tanto de la capacidad para expedir leyes y decretos.

Vértice de las corrientes liberales de su tiempo, la Constitución de 1814 jamás impuso para México un sistema presidencial, otorgó la máxima autoridad al Supremo Congreso, responsable de las tareas legislativas; mientras que el supremo gobierno sería ocupado por tres personas con una presidencia rotativa, sujeta en sus acciones a los mandatos de la soberanía expresados a través del parlamento.

Las circunstancias que hoy vivimos son enormemente contrastantes de las que gestaron hace doscientos años la independencia nacional, sobre todo en el ámbito geográfico de Michoacán y Guerrero.

El fenómeno que ahora enfrentamos es consecuencia de un ciclo histórico: la implantación del neoliberalismo en el país hace tres decenios con su cauda aberrante de disolución de la soberanía y traspaso de decisiones fundamentales hacia las finanzas trasnacionales y los poderes fácticos; con sus dramáticas consecuencias en el incremento de la miseria, la evaporación del salario y la abusiva concentración de la riqueza. La inseguridad y la insultante criminalidad son el rostro visible de ese proceso. La sociedad lo sabe y por ello surgen brotes tumultuarios que reflejan la indignación ciudadana.

La soberanía popular se está reconstruyendo en una suerte de primavera mexicana cuyo objetivo final no podría ser otro que la refundación de la república. Vivimos un tiempo de condensación histórica del que depende la viabilidad del estado-nación. Sólo la emergencia popular y los liderazgos incontestados podrían retomar el camino de Apatzingán para proponer un nuevo pacto social que, como en nuestros orígenes, tendría que expresarse en una Constitución generadora de una República libre y democrática. Concluye la cita del hoy Comisionado para la Reforma Política en el Distrito Federal.