A lo largo de tres décadas y hasta principios de 2006, Cuernavaca había depositado la basura en terrenos de Tetlama, cuyos comuneros siempre recibieron el apoyo de sus homólogos de Cuentepec; aliados todos, de alguna forma u otra, con líderes de Alpuyeca. En el fondo existió un añejo acuerdo económico, sin bases jurídicas oficiales. Al buen entendedor, pocas palabras.
Empero, alguna ocasión vinieron al Ayuntamiento capitalino representantes de curas arraigados en las tres comunidades, así como los líderes de ejidatarios y comuneros, a fin de solicitar al entonces secretario de Servicios Públicos Municipales, Alfredo Silva Valdez, recursos financieros para varias festividades religiosas, amén de dinero susceptible de ser repartido entre la cúpula respectiva. El funcionario comunicó el tema a su superior inmediato, o sea el presidente municipal, quien emitió una respuesta en sentido negativo. Como Adrián estaba a punto de solicitar licencia para separarse del cargo y buscar su actual curul senatorial, no le importó negar el respaldo, generando profundo coraje entre los dueños del gigantesco basurero, pero heredando además un gravísimo conflicto a la alcaldesa sustituta Norma Alicia Popoca.
Para marzo-abril de 2006 el asunto no alcanzaba el máximo nivel de gestación. Todo se desbordó con un movimiento de las comunidades involucradas, en el cual participaron propios y extraños, así como priístas “distinguidos” de Temixco interesados en minar la rentabilidad electoral del partido gobernante en Cuernavaca y Temixco (Acción Nacional). Recuerden ustedes que el edil temixquense era el entonces “panista” Noé Sánchez Cruz, a la postre convertido al perredismo.
La movilización impidió el acceso de los camiones recolectores de basura de Cuernavaca al predio conocido como “El Socavón”. Me estoy remontando a finales de septiembre de 2006, pero hoy, producto de la insensibilidad del actual senador, los cuernavaquenses seguimos enfrentando otro conflicto, cuyos principales protagonistas son PASA y el Ayuntamiento cuernavaquense, dentro de una problemática que expone a la capital morelense ante la opinión pública nacional como un sitio sucio y pestilente.
La disputa por la basura, en el lado de PASA, se está inclinando más hacia estrategias políticas fácilmente detectables. Así empezó a percibirse el pasado martes después de una conferencia de prensa ofrecida en “El Capricho” por Romualdo Salgado Valle, subsecretario de Gobierno de Cuernavaca, quien anunció que la comuna ya no volvería a subirse al “ring” con PASA y que el problema, en tres diferentes escenarios (político, jurídico y operativo), sería monitoreado por determinados funcionarios municipales nombrados ex profeso por el alcalde Martínez Garrigós. La parte más álgida le toca a Salgado Valle, quien recibió la encomienda, junto con el subsecretario de Servicios Públicos, de normalizar el servicio de limpia en un lapso de 15 días. Lamentablemente, más tardó Romualdo en dar a conocer la nueva posición del Ayuntamiento, que PASA en mover otros hilos conductores dentro del conflicto.
El mismo martes, mediante una supuesta alianza con el regidor de Jiutepec, Juan Carlos Galván (de extracción priísta), PASA convenció a varios ayudantes municipales para oponerse al manejo de un centro de transferencia temporalmente montado sobre un predio de la colonia “La Esmeralda” de Jiutepec. Pero de la denuncia pasaron anteayer a los hechos, trasladándonos a lo ocurrido en “El Socavón” a finales de agosto de 2006. Con el apoyo de simpatizantes y familiares cercanos del regidor Galván, varios lugareños impidieron el paso a los camiones recolectores de la basura de Cuernavaca. Y aunque el asunto era de competencia municipal, existiendo la autorización del Ayuntamiento que encabeza el perredista Miguel Rabadán Calderón para la operación del centro de transferencia no más de 20 días, llamó la atención el “fuego amigo” en contra del alcalde cuernavaquense Manuel Martínez Garrigós.
¿Qué nivel de influencia tiene en el conflicto el senador Adrián Rivera Pérez? Una proporción alta, de la misma forma en que supuestamente la tiene para evitar el “aterrizaje” de un crédito por 600 millones de pesos para mejorar la infraestructura urbana de la capital morelense. En fin.