Noten ustedes que utilizo el tiempo pasado respecto a la situación de ambas partes, pero sólo aplica a la comuna cuernavaquense, la cual definió una posición al respecto: no volverse a subir al “ring” con PASA, bajo ningún motivo. A partir de la víspera dejará en manos del abogado Juan Velázquez el tema jurídico, actualmente ventilado en un Juzgado de Distrito de Monterrey, mientras la cuestión operativa seguirá a cargo de la Subsecretaría de Servicios Públicos Municipales, encabezada por Rogelio Juárez, cuyo compromiso es resolver al 100 por ciento la problemática de recolección en el lapso de quince días, amén de que promoverá la participación social para lograr la separación de la basura desde su origen.
Romualdo Salgado Valle, subsecretario de Gobierno del Ayuntamiento de Cuernavaca, en representación del alcalde Manuel Martínez Garrigós, presidió ayer una conferencia de prensa en la cual dejó patente la nueva postura de la comuna: no volver a tocar el tema de PASA, aunque el propio Salgado Valle fue comisionado por el edil capitalino para darle seguimiento al aspecto operativo. Lo jurídico, insisto, se encuentra bajo la responsabilidad de Juan Velázquez, apoyado desde Cuernavaca por el consejero jurídico municipal, Alfredo de la Torre Martínez, mientras la cuestión política seguirá monitoreada por la Secretaría del Ayuntamiento, cuyo titular es Rodrigo Gayosso Cepeda, sin caer en el juego sistemático de Promotora Ambiental. Gayosso, de hecho, anunció anteayer la cancelación del diálogo con PASA, empresa que, por su parte, insiste en mantener abierto el frente político y litigar el asunto a través de los medios informativos. La manifestación que patrocinó el viernes de la semana pasada con la asistencia de trabajadores del grupo regiomontano revela parte del modus operandi (político) que ha utilizado y utiliza en otras ciudades. Los “inconformes”, plantados en las calles aledañas al Palacio Municipal, pretendían hablar con Manuel Martínez Garrigós y solicitarle, de la manera “más atenta”, que no atente contra sus fuentes laborales. Sin embargo, propios y extraños observaron un montaje cuyo principal protagonista fue Bulmaro Hernández Juárez, dirigente del Nuevo Grupo Sindical (NGS), titular del contrato colectivo de trabajo con PASA. Es decir: fue evidente que el ex dirigente de la extinta CROC se equivocó de bando para plantear sus exigencias, o simple y sencillamente acató los designios de una pléyade de ejecutivos “regios” acostumbrados a utilizar cualquier medio, incluido el esquirolaje, en aras de presionar a las autoridades municipales respectivas, trátese de quien sea, en cualquier lugar de la República Mexicana donde operan. Poderoso caballero es don dinero.
En resumidas cuentas, amables lectores, el Ayuntamiento de Cuernavaca está decidido a que PASA ya no vuelva a operar en nuestra capital. Me parece que entre varias justificaciones para impedir la continuidad del servicio a cargo del poderoso consorcio regiomontano está la del impresionante gasto efectuado por la comuna cuernavaquense durante los pasados 33 meses, según documentos proporcionados ayer por Romualdo Salgado Valle: 271 millones 356 mil pesos. El primer año de operaciones se hizo la erogación de 92 millones 962 mil pesos; el segundo, 108 millones 68 mil pesos, y en el tercero, de abril a diciembre, 70 millones 326 mil pesos. Un montón de dinero que, definitivamente, hace comprender las razones por las cuales el presidente del Consejo de Administración de PASA, Alberto Eugenio Garza Santos, quiso convencer a Manuel Martínez Garrigós, siendo alcalde electo, para no “quebrantar” el contrato con su empresa. Sin ningún empacho le ofreció un jugoso “bono” mensual que sería depositado en la cuenta particular del edil, lo cual le fue rechazado.
Actualmente, según explicó Salgado Valle, son nueve empresas morelenses las encargadas de la recolección y traslado de la basura a tiraderos del DF, cuyos nombres aparecen en nuestra edición de hoy. Asimismo, el funcionario mencionó una serie de adendums (o enmiendas) al título de concesión, como uno de fecha 20 de febrero de 2009, mediante el cual el entonces alcalde sustituto, Roque González Cerezo, autorizó la entrega de ocho rollos de geomembrana, con valor de un millón de pesos, a PASA. Lo anterior pudo ser legal, pero fue ilegítimo tratándose de un consorcio que durante el primer trimestre de 2010 obtuvo ganancias por casi 2 mil millones de pesos en el mercado mexicano de valores. En fin.