Un ejemplo reciente sobre los abusos cometidos por determinados servidores públicos cuando llegan a la administración pública (en cualquier nivel de gobierno) para cumplir la máxima del sabio potosino César “El Tlacuache” Garizurieta de que “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”, lo tenemos en el cabildo de Cuautla cuyos integrantes, exceptuando al alcalde Luis Felipe Javier Güemes Ríos, cobraron completo su aguinaldo de aproximadamente 210 mil pesos, mientras el Ayuntamiento arrastra un pasivo superior a los 260 millones de pesos, todo ello en perjuicio de la sociedad cuautlense.
En tal contexto cualquier escenario puede ser aprovechado para el oportunismo de determinados personajes. Hacerse notar es su objetivo, aparentando, lamentablemente, una representatividad social de la cual carecen. Siempre buscarán llamar la atención de quienes, formando parte de la actual estructura oficial, tienen la capacidad de autorizar proyectos y programas, dizque de beneficio social, pero que en realidad ayudan a mejorar el modus vivendi de los mismos politiqueros. Así de descompuesta se encuentra la cuestión pública. Y conforme nos acerquemos al nuevo proceso electoral confirmaremos la regla: lo importante es acercarse a precandidatos con posibilidades de ganar. Esto garantizará pegarse a la ubre oficial.
Anteayer hubo un movimiento de presión a la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), cuyo titular es Oswaldo Castañeda Barrera, promovido por la dirigencia estatal de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC). Esta agrupación de supuesta representatividad rural forma parte del Consejo Agrario Permanente (CAP). Empero, déjeme decirle a usted que también hubo una manifestación igual en la sede estatal de la Reforma Agraria. El propio Castañeda Barrera puso el dedo en la llaga tocante a la motivación del mentado movimiento: “Es el arranque de año, y están por definirse los presupuestos 2011, siendo ésta una medida de presión para acceder a mayores recursos”. En resumen: siempre está de por medio la lana. Y la lana fácil en torno a agrupaciones de membrete. Continuemos, pues, con el Consejo Agrario Permanente y sus “centrales campesinas”.
Para seguirme refiriendo al famoso CAP, utilizaré hoy un concepto base: la simulación. Fingir que se posee representatividad social. Y la simulación es una forma de corrupción. La corrupción es un fenómeno universal, presente en todos los tiempos y todas las culturas. Sin embargo, en México (y Morelos no escapa de ello) tiene características diferentes, pues por una parte es un fenómeno aparentemente general en todos los niveles de nuestra sociedad, y por la otra tiene connotaciones muy profundas tanto en las mentes de los ciudadanos como en las estructuras del Estado.
Durante varios años, Morelos se ha ubicado entre los 12 estados más corruptos a nivel nacional. En el grupo están el Distrito Federal, el Estado de México, Guerrero, Puebla, Jalisco, Michoacán, Durango, Tabasco, Querétaro, Veracruz y Sinaloa. Así las cosas, algunos grupos de presión, como el CAP, que se conducen con simulación, pasan a engrosar las filas de la corrupción.
Los principales grupos integrantes del CAP nacieron a principios del sexenio de Luis Echeverría (1970-1976) dentro del Pacto de Ocampo. No estaban del todo cobijados por la CNC, pero se trataba de organismos surgidos por la promoción oficial directa, teniendo como objetivo la invasión política y no el verdadero movimiento campesino. El Pacto de Ocampo, por su sometimiento al presidente en turno (quien les abría las compuertas del erario), jamás sirvió para paliar los problemas agrarios, como tampoco lo logra actualmente.
El CAP funciona cuando los tiempos financieros de sus dirigentes apremian o el agua ya les llegó a los aparejos, aunque la mayor parte del año se mantienen quietos, lo cual depende de la disponibilidad económica del gobierno. Por eso presionan para doblegar a los delegados federales, tal como lo hicieron anteayer.
Cínicamente, varios líderes del CAP han confesado que desde la época de Antonio Riva Palacio (sexenio 1988-1994) se encontraban adscritos a una nómina de la Secretaría de Gobierno, donde cada mes pasaban a cobrar. Su compromiso era mantener en paz “a la raza”, para lo cual también pedían recursos. Etcétera, etcétera. Para hacerse sentir, el CAP moviliza a algunas decenas de gente depauperada, proveniente de los sectores más pobres de la sociedad rural o de cinturones de miseria de las zonas urbanas, lo cual es criminal. En fin.
