Nadie puede cerrar los ojos frente a la realidad que acompañó a tres importantes titulares de corporaciones actualmente presos en una cárcel de alta seguridad de Nayarit por presuntos vínculos con hampones. De 2008 a 2009 abundaron por doquier los cadáveres de ejecutados a manos de bandas delincuenciales organizadas.
Los operativos del Ejército mexicano y la Policía Federal, coordinados con la Secretaría de Seguridad Pública estatal y algunas de sus homólogas municipales (entre ellas la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, que encabeza Mauricio Vega Chavaje), han sido positivos, aunque a veces los elementos federales se exceden contribuyendo a documentar expedientes hoy ventilados por comisiones encargadas de preservar los derechos humanos. Pero no puede negarse que la presencia de militares y miembros de la PF sirve para disuadir el delito en determinadas zonas. Debido a eso percibimos una mayor actividad económica durante las noches en Cuernavaca, no al nivel que había en 2008, pero sí preservando de alguna forma u otra los centros de trabajo y los puntos de atracción turística.
Empero, mientras las autoridades federales, estatales y municipales taparon varios hoyos delincuenciales ligados al crimen organizado, la lógica de determinadas bandas los obligó a desviar sus actividades hacia delitos tipificados dentro de la normatividad penal del fuero común. Fue así como a partir del segundo semestre de 2010 empezó a detectarse una importante elevación en la incidencia delictiva local, acentuada en la comisión de delitos patrimoniales.
Y más allá de la prevención del delito que puedan llevar a cabo las dependencias policíacas respectivas, la Procuraduría General de Justicia del Estado, a cargo de Pedro Luis Benítez Vélez, anunció el pasado fin de semana la creación de unidades especializadas de investigación para delitos de robo con violencia y violencia familiar de la Zona Metropolitana. Tocante al caso de los posibles ataques en el núcleo del hogar me ocuparé posteriormente.
Por ahora es importante destacar la creación de una demarcación específica que, ojalá, lleve a cabo acciones de inteligencia, bajo una rigurosa coordinación con autoridades policíacas estatales y locales, a fin de combatir el flagelo del robo con violencia, pues es precisamente el que genera la percepción social de inseguridad pública. A nadie le agrada que lo despojen de sus pertenencias (incluidos desde luego vehículos automotores después empleados por los delincuentes para cometer más delitos).
Benítez Vélez, en el acuerdo 39/2011 publicado el pasado miércoles 2 de marzo en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, fundamenta que las nuevas unidades ministeriales tendrán una estructura y protocolo diferentes que permitan accionar rápidamente en las investigaciones para fincar la acción penal, pero principalmente para evitar la doble victimización y asegurar la reparación del daño. El personal contratado para la integración de esos grupos investigadores fue sometido a una rigurosa capacitación, tendiente a crear la anhelada inteligencia que conduzca a la cárcel a las bandas criminales. A ver.
Cambiando de tema comentaré que Luís Miguel Ramírez Romero, coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso local, señaló que las críticas hacia las alianzas en diversos estados por parte del PRI “se deben más al miedo que a posturas ideológicas”. Esto lo declaró durante una asamblea nacional de consejeros panistas respecto a las críticas de Humberto Moreira, nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en torno a las mentadas alianzas.
Ramírez Romero hizo hincapié en el hecho de que los panistas han preponderado “el acabar con los cacicazgos que tanto daño le han hecho a México”, y señaló que sobre el caso particular del Estado de México “la alianza se analiza debido a que esa entidad ha sufrido imposiciones y falta de democracia durante más de 80 años”. Hasta aquí lo dicho por el diputado local blanquiazul.
Pero ahora yo pregunto: ¿Habrá observado Luis Miguel Ramírez la extraña conducta del senador perredista Graco Ramírez Garrido, quien, no obstante su activismo social a lo largo y ancho de Morelos, no emite ninguna crítica por cuestiones inherentes al Poder Ejecutivo, tal como lo hizo en el pasado? ¿Se están sentando las bases de una alianza en nuestra entidad, con la venia de Marco Adame Castillo? ¿Ofreció Graco una “aterciopelada transición”? ¿Se operará todo desde las dirigencias partidistas nacionales menospreciando a las locales? Esto se dilucidará a finales del presente año, tras la elección en el Estado de México. A ver.
