El escenario previo a la caída de Arturo Beltrán Leyva (El Barbas), abatido por marinos el 16 de diciembre de 2009, fue de altísima violencia solapada desde ámbitos policíacos estatales y municipales. Nadie puede cerrar los ojos frente a la realidad que acompañó a tres importantes titulares de corporaciones actualmente presos en una cárcel de Nayarit por presuntos vínculos con hampones. De 2008 a 2009 abundaron por doquier los cadáveres de ejecutados a manos de bandas delincuenciales organizadas”.
Y agregué: “Los operativos del Ejército Mexicano y la Policía Federal, coordinados con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y algunas de sus homólogas municipales (entre ellas la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca), han sido positivos, aunque a veces los elementos federales se exceden contribuyendo a documentar expedientes hoy ventilados por comisiones encargadas de preservar los derechos humanos. Pero no puede negarse que la presencia de militares y miembros de la PF sirve para disuadir el delito en determinadas zonas. Debido a eso percibimos una mayor actividad económica durante las noches en Cuernavaca, no al nivel que había en 2008, pero sí preservando de alguna forma u otra los centros de trabajo y los puntos de atracción turística”.
Lamentablemente, entre el 27 y 28 de marzo del presente año el escenario cambió de manera radical tras el hallazgo de siete cadáveres, entre ellos el de Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta Javier Sicilia Zardaín (quien este fin de semana volverá a dar tema para rato en su ruta hacia Ciudad Juárez). Los cuerpos fueron localizados frente al acceso del fraccionamiento “Las Brisas”, en Temixco. Empero, subrayaré algo que desde mi punto de vista es importante: aunque las condiciones de inseguridad habían mejorado, el asunto de Juan Francisco volvió a proyectar a Morelos y Cuernavaca como sitios infestados de delincuentes organizados. Surgió un nuevo daño de imagen para propios y extraños, pues hasta hoy la capital morelense sigue colocada al mismo nivel de otras ciudades violentas de Tamaulipas y Nuevo León, lo cual dista mucho de la realidad.
Los delitos cometidos por quienes integraban células al servicio de narcotraficantes han descendido, pero mientras las autoridades federales, estatales y municipales taparon esos hoyos delincuenciales ligados al crimen organizado, la lógica de determinadas bandas los obligó a desviar sus actividades hacia delitos tipificados dentro de la normatividad penal del fuero común ante la necesidad de dinero y armas. Además, la causa asumida por Javier Sicilia tras el asesinato de su hijo fue provechosa, pues el gobierno federal destinó cualquier cantidad de recursos financieros, humanos y técnicos a fin de encontrar a los asesinos. El Ejército Mexicano y la Policía Federal, fundamentalmente, encontraron a los responsables de esas muertes, pero a la vez descabezaron a grupos surgidos en los mejores tiempos de encubrimiento institucional a ciertos capos, hoy abatidos o presos. Fue así como durante el segundo semestre de 2010 y lo que va del presente año hemos constatado la disminución del narcomenudeo, pero incrementado el robo en todas sus modalidades, aunque destaca el asalto a mano armada y el robo de vehículos. Hay quienes, en el afán de conseguir dinero rápido, se aventuran a cobrar “derecho de piso”, con saldos negativos, pues las autoridades estatales y federales intervienen a tiempo, siempre y cuando haya denuncias.
El robo en sus variados contextos provoca una delicada percepción social de inseguridad pública, que debe ser resuelta por las corporaciones encargadas de prevenir el delito a nivel municipal. El caso del joven Jethro Ramsés Sánchez Santana, quien no aparece desde el primero de mayo pasado, ha causado al Ayuntamiento de Cuernavaca un nuevo conflicto político, aunque al interior de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano prevalece la absoluta certeza de que aquella noche fue entregado a elementos federales. Al buen entendedor, pocas palabras. Lamentablemente, en este caso el nivel municipal representa el hilo más delgado, mientras la impunidad prevalece en los intrincados vericuetos de otras instituciones. Y en este esquema de fuerzas asimétricas es donde se escuchan planteamientos oportunistas para sacar raja política, en tanto Jethro sigue desaparecido. No se habla sobre la imperiosa necesidad de exigir más patrullaje a las policías municipales y a la estatal, a cargo de Gilberto Toledano Sánchez, sino de capitalizar políticamente el tema del jovencito Ramsés Sánchez.
Finalmente haré la siguiente pregunta: ¿Ya se percataron las autoridades federales y las estatales sobre el creciente clima de inseguridad en la zona de Huitzilac? ¿Son bandas locales las que están cometiendo los frecuentes asaltos a mano armada y el robo de vehículos de quienes a diario viajan hacia Toluca? ¿O quizás se trata de hampones embozados bajo un manto de institucionalidad? Al buen entendedor, pocas palabras.
