Lo anterior, aplicado al escenario nacional y local, confirma el grave divisionismo que existe, no sólo entre amplios sectores sociales, sino también en la clase política.
La problemática es tal que anteayer, en una de sus frecuentes alocuciones durante la Caravana por el Sur, el poeta Javier Sicilia declaró que “esta podría ser la última movilización social pacífica”. Así de graves están las cosas e igual de delicadas las catalogan las más altas autoridades de los Estados Unidos que, en el marco de la conmemoración del décimo aniversario del ataque a las torres gemelas de Nueva York, volvieron a voltear la mirada hacia México indicando la necesidad de revisar el Plan Mérida y, de ser indispensable, eliminarlo para darle paso a una verdadera estrategia de “contrainsurgencia”.
Pero mientras esto ocurre en otras regiones del hemisferio, los morelenses estamos comprobando la prolongación de la dicotomía, cuando todos, absolutamente todos deberíamos estar cohesionados, considerando a la cohesión como el capital social referido por importantes filósofos y teóricos de las ciencias sociales. ¿Qué es el capital social? Es una derivación de la cohesión aludida. A grandes rasgos es la habilidad de una comunidad o grupo de agentes ligados por relaciones sociales horizontales para disciplinar la conducta individual. El filósofo contemporáneo Hilary Whitehall Putnam (Chicago 1926) conceptualiza el capital social como los “mecanismos de la organización social tales como las redes, normas, y la confianza social que facilita la coordinación y cooperación para beneficios mutuos”. Son los elementos indispensables para la organización social, tales como la confianza, las normas y las redes que establecen relaciones de reciprocidad activadas por una confianza social que emerge de dos fuentes: las normas de reciprocidad y las redes de compromiso ciudadano.
Aplicando todo lo anterior a la política partidista de Morelos, el resultado es un deplorable escenario donde todos sus protagonistas se atacan “hasta con la cubeta”. Desde luego esa conducta tiene relación con el ansia de quienes aspiran a mantenerse adheridos a la ubre gubernamental. Partidos políticos equiparables a agencias de colocaciones o espléndidos negocios particulares. Así es como infinidad de políticos, politicastros, politiquillos y politiqueros observan la posibilidad de convertirse, primero, en candidatos a los cargos de elección popular que habrán de disputarse el primero de julio del año próximo, y luego en miembros de la “burocracia dorada”.
Es así, amables lectores, cuando volteamos hacia la dirigencia de cualquier partido político con registro ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) y vemos que la situación es igual: se mantiene (y aumenta) la rebatiña por las futuras posiciones políticas. En el caso concreto del Comité Directivo Estatal del PRI las condiciones son patéticas. Para explicarlas es necesario mencionar la Sección 3 de los Estatutos priístas, cuyo artículo 120 indica que “los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal tienen a su cargo la representación y dirección política del Partido en la entidad federativa correspondiente y desarrollarán las tareas de coordinación y vinculación para la operación política de los programas estatales que apruebe el Consejo Político Estatal o del Distrito Federal, así como las acciones que acuerde el Comité Ejecutivo Nacional”. Y el artículo 122 señala claramente las obligaciones de quienes integran dichos comités, entre las cuales destacan las siguientes: “I. Contribuir a vigorizar la vida democrática del Partido en la entidad, estableciendo los lineamientos necesarios para que sus órganos estén vinculados (cohesionados) permanentemente con las luchas populares (…) VI. Coordinar las actividades de los comités municipales o delegacionales que le correspondan, así como elaborar el proyecto de Programa de Acción específico para la entidad federativa correspondiente, que deberá someterse a la aprobación del Consejo Político respectivo (…) X. Promover, conjuntamente con los militantes de la comunidad (más cohesión), la solución de los problemas y solidarizarse con la lucha de las organizaciones y los sectores en la entidad”. La mayoría de preceptos constituyen lineamientos burocráticos, pero los anteriores exigen el fortalecimiento de la cohesión partidista y no la dicotomía.
Sin embargo, lo que actualmente observamos dentro del PRI-Morelos es la dicotomía de su dirigente estatal, Amado Orihuela Trejo. ¿Es presidente del CDE o precandidato a la gubernatura? Si bien es cierto que los Estatutos priístas (Capítulo II, artículo 166) no le impiden ser candidato gubernamental, sí existe en la misma norma un antecedente que prevé y resuelve la multicitada contradicción. Lo encontramos en la fracción XX Bis, donde leemos: “El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI o el Secretario General del mismo, no podrán ser postulados como candidato o candidata a Presidente de la República, a menos que se separen del cargo con seis meses de antelación al inicio del Proceso Electoral Federal correspondiente. (IFE RESOLUCIÓN CG66/2011 MARZO 2, 2011)”. ¿Cuál fue la esencia de esta decisión del IFE? Evitar la inequidad y la dispersión de esfuerzos solventada con recursos públicos. O eres presidente de un comité partidario o eres candidato. Por eso debes renunciar con suficiente tiempo de antelación, lo cual no sucede con Orihuela Trejo, cuyas giras por el interior de Morelos están enviando un doble mensaje: entre la figura de alguien que debería promover la cohesión partidista rumbo a los comicios de 2012 y un personaje que, por el contrario, está consolidando su posición personal en aras de conseguir otro cargo de elección popular. Todo esto ocurre, lo he dicho hasta el fastidio, bajo un contexto de orfandad priísta, donde urge la presencia de un nuevo delegado general del Comité Ejecutivo Nacional.
