Uno de los ponentes en el Seminario fue Carlos Castresana, fiscal del Tribunal Supremo de España, quien apuntó que ante la respuesta “escandalosamente baja” de las instituciones ante el “inaceptablemente alto” número de agresiones en la región –se estima que sólo 2 por ciento de los casos tiene respuesta– deberían fijarse responsabilidades para los funcionarios que no ofrezcan resultados óptimos; y señaló como el gran desafío aplicar los instrumentos que ya existen. El juez español, además, consideró que en la estrategia contra el crimen organizado hace falta “un mayor protagonismo”, tanto de las procuradurías como de jueces y fiscales. “En un estado de derecho –dijo- la represión del delito corresponde a los jueces y no al gobierno o al Ejército, quienes, claro está, van detrás como parte del camino (…) Se está produciendo una ausencia de respuesta del Estado y el mensaje para los ciudadanos es que está indefenso y para los criminales que pueden seguir delinquiendo, porque no hay una respuesta de las instituciones en la procuración e impartición de justicia”.
No terminábamos de leer algunas de las reflexiones emitidas por Castresana, cuando al filo del mediodía se llevó a cabo, en la sede de la Procuraduría General de Justicia de Morelos, una manifestación de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, coordinada por la siempre combativa Nadxieli Carranco. Una vez más, como homenaje póstumo a las siete mujeres asesinadas recientemente en Morelos, se colocaron decenas de cruces rosas, las cuales simularon las mujeres asesinadas en el Estado. Y señalaron que hasta el momento no existe una política pública para eliminar o disminuir la violencia contra las mujeres en Morelos, donde se tienen 39 feminicidios documentados. Por ello demandaron una reunión con las más altas autoridades ministeriales, la cual fue solicitada hace cinco meses, según Carranco Lechuga.
De manera paralela a dicha movilización, la PGJ emitió un comunicado en el cual indica que, de los feminicidios registrados entre 2006 y 2010, “el 77 por ciento han sido resueltos y los casos restantes, 23 por ciento, continúan en etapa de investigación”. La PGJ añadió que a lo largo de 2011 suman 37 (y no 39) feminicidios, de los cuales 16 están resueltos, como el acaecido el pasado 25 de octubre en Coajomulco, municipio de Huitzilac, donde apenas transcurridas cuatro horas fue posible localizar y detener al responsable, el que anoche sería puesto a disposición de la autoridad judicial.
En el mismo orden de ideas es importante transcribir información difundida ayer por varios rotativos nacionales sobre la incidencia del feminicidio. Morelos, para fortuna nuestra, abandonó los primeros lugares para colocarse en el sitio 14 de una tabla en la que el Estado de México ocupa el primer lugar. La diputada federal Teresa del Carmen Inchaústegui Romero, quien preside la Comisión Especial de Feminicidios en la Cámara Baja, informó que el delito ha subido hasta un 70 por ciento en la entidad mexiquense, pero además en Chihuahua, Baja California, Durango, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz y Guerrero. Morelos, como ya lo indiqué, ocupa el sitio 14, con 142 casos desde 2006 a 2010, mismos que contrastan con los 830 registrados en el Estado de México y 805 en Chihuahua durante el mismo periodo. En resumen: aunque Morelos ha avanzado tocante a la tipificación del feminicidio aumentando las penas contra los asesinos de mujeres y resolviendo un porcentaje importante de casos, las autoridades ministeriales jamás deberían confiarse y mucho menos caer en la autocomplacencia. Es imprescindible que el procurador Pedro Luis Benítez Vélez y TODOS los integrantes de la Fiscalía Especializada en Homicidios contra Mujeres se reúnan cuantas veces sea necesario para mantener informadas sobre el avance de las investigaciones a las organizaciones feministas interesadas. La mejor forma de evitar la exageración es la COMUNICACIÓN. A ver.
En distinto tema, pero relacionado también con la procuración de justicia, indicaré que al menos 30 servidores públicos de la PGJ, la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional tendrían que ser consignados por la PGR, pues incurrieron en el delito de falsedad de declaración ante una autoridad federal, luego de que el Juzgado Sexto de Distrito diera vista a la fiscalía de la nación sobre la omisión de esos funcionarios, involucrados en el caso de Jethro Ramsés Sánchez Santana, asesinado en las instalaciones del 21 Batallón de Infantería de Cuernavaca. Cipriano Sotelo Salgado, abogado de la familia de Jethro, consideró que la Delegación de la PGR en Morelos no puede dilatarse más para resolver las consignaciones respectivas, de las cuales algunas apuntan hacia ex altos mandos de la 24ª. Zona Militar. Si la justicia existe en México, abundó Sotelo, las autoridades jurisdiccionales irán hasta el fondo, tope que lo que tope.
Finalmente diré que los líderes del Movimiento Magisterial de Bases (MMB) escupen hacia arriba cuando señalan que el XXVIII Congreso Seccional será una farsa. Olvidan que por gestiones del delegado especial del SNTE, Moisés Armenta Vega, se incluyó a importantes líderes del MMB en la Sección 19, cuyas carteras serán respetadas bajo el liderazgo de quien relevará, a partir del 11 de noviembre próximo, a Luis Manuel Rodríguez Olvera. Entre ingratos te veas.