“En ciudades como (…) y (…), la delincuencia organizada diversificó los delitos en los que incurre e incluyó la extorsión, el secuestro, el robo a comercios y el despojo violento de autos”. En entrevista (…) comentó que en el caso del municipio de (…), autoridades de los tres niveles y miembros del sector privado emprendieron un programa de rescate turístico e inmobiliario de (…), en donde recientemente se dispararon los delitos.
A juzgar por lo acontecido durante los pasados tres meses, pareciese como que el escenario expuesto por El Universal se focaliza en Morelos, pero no es así. Se trata de las ciudades de Mazatlán, Los Mochis y Navolato, así como de la bahía de Altata en el siempre conflictivo Estado de Sinaloa. Y el declarante es Mario López Valdez (Malova), primer mandatario sinaloense. Según el funcionario, “el fenómeno se debe a la falta de movilidad (de las bandas criminales) y a los fuertes golpes resentidos en sus actividades de narcomenudeo, a los decomisos de armas, autos, laboratorios clandestinos y detención de sus miembros”.
Cualquier parecido con la problemática local no es ninguna coincidencia, sino la realidad heredada -a diario- por la guerra calderonista. Efectivamente: en la entidad morelense se le ha pegado duro al narcotráfico, pero el reacomodo de los hampones continúa. Los reemplazos ya están presentes fomentando una grave y progresiva escalada de delitos de alto impacto como los mencionados en la nota de El Universal. ¿Pruebas al respecto? Sin duda alguna, tienen relación los seis asesinatos ocurridos desde el pasado viernes hasta el domingo, más los que se acumulen el día de hoy. A nadie debe extrañar la diversificación de las bandas delincuenciales, mismas que necesitan recursos (prioritariamente armas y dinero). A tal contexto de creciente inseguridad se sumó el “levantón” de que fue objeto un presunto agente del Ministerio Público de la Federación, la tarde del domingo, en la colonia Los Presidentes de Temixco. Hasta el momento de redactar esta columna, el funcionario no había aparecido.
Obviamente, la delicada situación sirve para exacerbar el discurso político y mantener posicionados a determinados personajes de la vida pública local rumbo a las elecciones concurrentes del año próximo (uno de julio de 2012). Ayer mismo, Jorge Arizmendi García, diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), consideró necesaria la reaparición de las fuerzas federales (incluido el Ejército Mexicano) en operativos iguales a los de Veracruz y Guerrero, lo cual, desde mi particular punto de vista, pudiera tener apego con la nueva realidad y las deficiencias prevalecientes en las 33 policías municipales (la mayoría aún infiltradas por el crimen organizado y la delincuencia común) y la Policía Preventiva Estatal.
Sin embargo, los operativos federales desplegados por la Sedena durante 2010 y parte de 2011 (más o menos intensificados tras el multihomicidio de Las Brisas), aunque fueron fructíferos para disminuir el narcomenudeo y las campañas de exterminio entre bandas rivales, disminuyeron hasta casi desaparecer cuando trascendió que el joven Jethro Ramsés Sánchez Santana había sido asesinado en las instalaciones del 21 Batallón de Infantería, sito en la avenida Domingo Díez de Cuernavaca, por elementos castrenses. El diputado Arizmendi García podría ser certero con su planteamiento, pero quizás incurriendo en una contradicción. No olvidemos que, desde el Congreso local, fue el primero en exigir el cese del general Leopoldo Díaz Pérez al frente de la 24ª. Zona Militar una vez conocidos los hechos acaecidos en el Batallón referido. Me parece, por lo tanto, que la Policía Federal debe acentuar su trabajo de inteligencia, mientras las más altas autoridades morelenses redoblan su esfuerzo hacia la conformación de la nueva Policía Estatal Acreditable. A ver.
Cambiando de asunto, pero sin dejar de citar al crimen organizado, comentaré que la trata de personas es una de sus vertientes. Dicha actividad es equiparable a la esclavitud de antaño. Por eso me llamó la atención un boletín emitido ayer por la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, a cargo de Lucero Benítez Villaseñor, donde se narra parte de la problemática enfrentada por jornaleros agrícolas en las “cuarterías” de Totolapan. Son “viviendas” hechas con material de desecho sobre predios que les prestan particulares a cambio de mantenerlos limpios. De acuerdo a una investigación del visitador itinerante de la Comisión, Osmany Licona Quintero, las “viviendas” no tienen puertas, ni ventanas; se utiliza leña como combustible; y los jornaleros carecen de agua, energía eléctrica y drenaje. Desde luego, han aparecido determinadas instituciones públicas (entre ellas la Sedesol) con medidas para ayudar a los jornaleros, mismas que resultan insuficientes, mientras aquellos son explotados a razón de 100-120 pesos por jornada laboral de 12 horas. ¿Trata de personas o esclavitud? Creo que es lo mismo. Ni modo.
Para concluir diré que Manuel Martínez Garrigós, alcalde cuernavaquense, quizás se excedió ayer cuando, al hacer alusión a la sesión de Cabildo donde presentó su II Informe, la llamó “presión de Cabildo”. Es evidente que la mordacidad de Manuel es un mecanismo defensivo vinculado a los frecuentes y estériles embates de sus detractores; pero ante ello he de recordar que ningún panista dijo nada cuando hace varios años, durante un pleno del Congreso local, el entonces gobernador Sergio Estrada Cajigal le espetó a sus adversarios priístas: “¡Ya dejen de estar vigilando lo que hago de mi bragueta para atrás!” (18 de octubre de 2004). Al contrario: se lo celebraron.