El mandatario morelense, en su alocución, se pronunció por un “blindaje” a las finanzas de todos los estados mexicanos contra cualquier uso y abuso distinto al más alto interés público. Obviamente, las palabras de Adame Castillo tuvieron destinatarios y relación con el “Caso Coahuila” que ha dañado sobremanera la imagen del ex gobernador Humberto Moreira Valdez, actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a quien la mayoría de analistas políticos nacionales ven fuera de dicha organización a mediados de febrero, una vez que Enrique Peña Nieto sea nombrado el candidato oficial del PRI a la presidencia de la República. Empero, hay quienes vaticinan que Moreira no cargará los peregrinos en diciembre.
Villarreal Gasca fue un importante protagonista en las plenarias cumpliendo con el carácter de coordinador de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. Al respecto, el responsable de la hacienda pública morelense rindió su informe final de gestión. Y lo hizo recibiendo un amplio reconocimiento por parte de todos los titulares del ramo a nivel nacional. Hoy por hoy, el secretario de Finanzas y Planeación del gobierno estatal es uno de escasos servidores públicos que, en el ámbito local, comprenden a fondo el origen y manejo de los cuantiosos recursos contemplados por el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, del cual se desprende entre el 90 y 95 por ciento del dinero considerado por el Presupuesto de Egresos del Gobierno de Morelos para el mismo periodo.
Sin temor a equivocarme puedo asegurar que Alejandro Villarreal Gasca identifica las causas y circunstancias de una inminente quiebra técnica en la mayoría de municipios morelenses, cuyos alcaldes, otra vez, lanzaron la voz de alerta ante las más altas autoridades de Morelos para que los ayude a resolver la crisis de fin de año. Muchos ediles ya se acabaron los recursos y no tienen para pagar aguinaldos y otro tipo de prestaciones. Les urgen alrededor de 200 millones de pesos, nomás, que las autoridades financieras de esta entidad deberán buscar hasta por debajo de las piedras, porque en la tesorería gubernamental no existen ni los 24 millones de pesos cacareados hasta el fastidio por varios diputados locales que festinaron una reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la cual se obliga al gobierno morelense a liquidar tal cantidad como prima de antigüedad a maestros jubilados. De la misma forma, no se sabe de dónde saldrán los alrededor de 54 millones de pesos ofrecidos por los mismos legisladores demagógicos para el proyecto de un nuevo tianguis en Temixco.
Si al interior del Partido Acción Nacional (PAN), capítulo Morelos, no existiera el cerco establecido como camisa de fuerza por el senador Adrián Rivera Pérez (aún en contra de la voluntad de distinguidos miembros de la “sagrada familia”), Alejandro Villarreal Gasca tendría un mejor escenario para meterse de lleno a la antesala por la candidatura gubernamental blanquiazul. Rivera Pérez, por cierto, perdería si hoy fuera la elección concurrente del primero de julio de 2012, según la encuesta levantada entre el 29 y 30 de octubre por el Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) de Liévano Sáenz. A propósito de la encuesta del GCE, no es oficial ni fue pagada por el CEN del PRI. Aguas.
Cambiando de frecuencia comentaré que Moisés Armenta Vega, delegado especial del CEN del SNTE, desmintió ayer que con la práctica del examen universal para el magisterio se pongan en riesgo los derechos laborales de los docentes, pues “su aplicación obedece a la necesidad de identificar su grado de competencia y para fortalecer aquellas áreas donde se requiere dotarlos de una mayor capacitación a fin de concretar el propósito de elevar la calidad de la enseñanza con sus alumnos”. Lo anterior tiene relación con la perenne aparición de abogados que les dan cuerda a los maestros obligándolos a interponer amparos federales so pretexto de que está en riesgo su fuente de trabajo si no aprueban el proceso de evaluación universal, que a partir del próximo año se tiene planeado iniciar. Y como en la efervescencia electoral empiezan a surgir entre el magisterio los advenedizos de siempre, Armenta Vega consideró oportuno emitir el exhorto: “Maestros no se dejen engañar por vivales”. Hay abogados que están pidiendo entre 100 y 200 pesos por cada maestro que quiera promover amparos en contra de la evaluación universal. Por eso Morelos no avanza. En el mismo contexto magisterial, la secretaria general de la Sección 19 del SNTE, María Eugenia Ocampo Bedolla, se reunió ayer con el secretario de Educación, Alejandro Pacheco Gómez, y el director general del IEBEM, Felipe Sedano Reynoso, a quienes ofreció trabajar de manera conjunta y construir acuerdos para resolver la problemática del gremio.
Finalmente me referiré a la participación del procurador general de Justicia de Morelos, Pedro Luis Benítez Vélez, durante la XXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que se llevó a cabo en Acapulco y concluirá hoy. Para nuestra entidad es trascendente el hecho de que, por unanimidad, la plenaria acordó la creación de un Código de Procedimientos Penales Adversarial único para todos los estados de la República, luego de que Benítez Vélez presentó el que opera en Morelos. Son las famosas “reformas de segunda generación” para perfeccionar el sistema de justicia adversarial que entró en vigor el 20 de octubre de 2008. Desde luego, el procurador morelense enalteció los avances de Morelos en torno al modelo penal de “presunción de inocencia”. Sin embargo, a pesar de ello todavía falta asegurar a cabalidad los derechos de las víctimas y proteger a los ciudadanos de los abusos de autoridad.
