Ahí se demuestra cómo la dependencia encabezada por Pedro Luis Benítez Vélez carece de fundamentos legales para consignar a detenidos responsables de robo cuyo monto ascienda a 50 salarios mínimos. Este es precisamente el robo genérico: cuando a los ciudadanos se les despoja de un reloj, su cartera, una medalla, un portafolio, su bolso, etcétera, o son atracados a bordo de una unidad del servicio colectivo de transporte.
Los delincuentes, de llegar a ser detenidos, pueden estar menos de 48 horas en los separos de la Policía Ministerial, y el agente del ministerio público debe otorgarles la libertad, pues la pena del robo de menos de 50 salarios mínimos sólo contempla de 15 a 90 días de trabajo a favor de la comunidad, y de 10 a 50 días de multa, omitiendo alguna sanción con cárcel.
La laxitud del Código Penal en este aspecto, así como la pésima integración de carpetas de investigación hace que todos los ciudadanos sean presa fácil de delincuentes menores, quienes entran y salen fácilmente de la Procuraduría convirtiéndose en adictos a robos menores sin tener contratiempos. Es obvio que, tarde o temprano, esos ladrones se integrarán a células del crimen organizado.
Hace varios años, en la Ciudad de México, se difundió la noticia de que la Secretaría de Seguridad Pública enviaría a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una iniciativa de reformas al Código Penal para incrementar las penas por robo y evitar que los delincuentes fueran liberados por cualquier circunstancia. Poco se logró para avanzar al respecto, mientras en Morelos el entonces subprocurador contra la Delincuencia Organizada, Ricardo Tapia Vega, elaboró una iniciativa de reformas al Código Penal local en esa materia, sin haber conseguido nada. Guillermo Tenorio Avila, a la sazón titular de la PGJ, jamás presentó dicho proyecto ante el Congreso del Estado.
Lo peor es lo siguiente, amables lectores. La mayoría de robos en sus diferentes modalidades son cometidos por jóvenes. Al respecto transcribiré varios fragmentos del libro “Crimen Punto Org. Evolución y claves de la delincuencia organizada”, de Luis de la Corte Ibañez y Andrea Giménez-Salinas Framis (España, Editorial Planeta 2010), que nos ayudarán a comprender los procesos de acceso de bandas juveniles a las filas del crimen organizado.
“Las bandas juveniles, especialmente las más complejas y numerosas, reproducen algunos rasgos típicos del crimen organizado, como cometer delitos con violencia y desarrollar cierta estructura organizativa, una simbología propia y una serie de normas y hábitos característicos. Y también pueden acumular beneficios procedentes de sus actividades ilícitas. Lo mismo ocurre con las organizaciones terroristas. Por supuesto existen diferencias que permiten distinguir las bandas juveniles y las organizaciones terroristas de los grupos del crimen organizado. En el caso de las bandas, no están presentes ni la corrupción ni la mayoría de delitos de motivación económica propios de la delincuencia organizada, y tampoco pueden asimilarse el potencial de violencia de unas y otras agrupaciones, que suele ser superior en los grupos del crimen organizado. El terrorismo guarda más parecido con la delincuencia organizada, aunque también hay diferencias decisivas”.
“La diferencia fundamental entre bandas juveniles y organizaciones terroristas, por un lado, y grupos de crimen organizado, por el otro, tiene que ver con la finalidad que justifica la existencia de estas agrupaciones delictivas. Sabemos que para el crimen organizado la finalidad consiste en obtener y acumular beneficios económicos. En cambio, aunque es frecuente que las bandas juveniles y las organizaciones terroristas cometan delitos con motivación económica, estos delitos suelen desempeñar una función subalterna o instrumental respecto de otros objetos. Para ser más precisos, la finalidad última de las bandas juveniles no es enriquecerse ni ejercitar la violencia o el crimen, sino conformar un medio y un estilo de vida alternativo para sus miembros. Por lo tanto, los delitos económicos perpetrados por las bandas tienen como un fin último el sustento de sus miembros y la preservación de una entidad y una imagen social determinadas”.
Al comienzo de sus actividades delictivas, los jóvenes podrían ser rescatados si se aplicasen políticas públicas con ese fin, lo cual no está sucediendo en nuestro país. Al contrario: las bandas juveniles han iniciado un proceso de cambios orientados a su plena incorporación al mundo del crimen organizado. La banda desmembrada anteayer en Ahuatepec así lo demuestra.
