Todo apunta a que antes del 29 de febrero próximo (la fecha fatal para decidir al respecto) los legisladores volverán a demostrar a Morelos de lo que son capaces: torcer el servicio público anteponiendo sus intereses partidistas, tal como el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo exhibió hace unos días con la imposición de Carlos Alberto Puig Hernández como relevo del magistrado Oscar Añorve Millán en el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. Lo anterior no subestima para nada la capacidad profesional de Puig, pero sí cuestiona el hecho de que Añorve fue removido sin deberla ni merecerla a escasos meses de los comicios concurrentes a celebrarse el primero de julio venidero.
Adela Manzanares Alonso, presidenta de la Barra de Abogados de Morelos, habló este fin de semana sobre la importante decisión que tienen enfrente nuestros ínclitos diputados locales, a quienes pidió ser objetivos, razonables e imparciales, cualidades que por desgracia no poseen. No sería extraño, pues, que hubiese un viraje en la conducción del TSJ debido a la filiación panista de Miguel Angel Falcón Vega quien, en más de una ocasión, ha desviado su neutralidad como juez para favorecer intereses de grupos de poder vinculados al partido gobernante, lo cual es un secreto a voces en el Poder Judicial. Con lo anterior debió tener estrecha vinculación la permanente “coordinación” de Falcón Vega con el magistrado panista Andrés Hipólito Prieto y el representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura, Antonio Tallabs Ortega.
Uno de los principales objetivos de la triada es frenar las aspiraciones de Valentín González García para ser ratificado por un periodo más, lo cual podría alterar la reelección de Falcón Vega como magistrado presidente del Tribunal (el 17 de mayo próximo), si es que el grupo parlamentario priísta así lo determina. Algo importante se acerca. ¿Habrá “voto de calidad” por parte de Amado Orihuela Trejo, virtual candidato del PRI a la gubernatura; de Manuel Martínez Garrigós, dirigente estatal del mismo partido, y de otros líderes de la clase política tricolor en torno a las tres ratificaciones o remociones? Habrá que verlo. Por cierto, los diputados locales también tienen de plazo hasta el 29 de febrero para decidir si confirman o no en el Tribunal Contencioso Administrativo a los magistrados Martín Jasso Díaz, Orlando Aguilar Lozano y Jorge Alberto Estrada Cuevas, tres servidores públicos de alta calidad. En fin.
Cambiando de tema diré que este fin de semana se validaron las candidaturas a diputados de Rodolfo Becerril Straffon, Georgina Bandera Flores, Andrés González García, Laura Catalina Ocampo Gutiérrez y Eliasib Polanco Saldivar para contender el primero de julio próximo en los distritos federales I, II, III, IV y V. Las respectivas convenciones de delegados, que sirvieron sólo para un formalismo estatutario, fueron presidida por el dirigente estatal de PRI, Manuel Martínez Garrigós; el precandidato a la gubernatura del estado, Amado Orihuela Trejo, y el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Joaquín Hendricks Díaz, aunque también concurrieron alcaldes, diputados locales, síndicos y regidores de los distritos en mención. De esta manera se cumplió con lo establecido en la convocatoria que fue emitida por el CEN, aunque hay quienes insisten al señalar que las convenciones se llevaron a cabo fuera de tiempo y forma.
Mientras en el Revolucionario Institucional se está resolviendo la división de enero, en el Partido de la Revolución Democrática no acaba de cuajar la precandidatura de Graco Ramírez Garrido. Ayer, alrededor de las 9:00 horas, fueron tomadas las oficinas centrales del PRD sitas en la calle Juan Alvarez de la colonia El Empleado, por grupos que se oponen a esa postulación y la de otros personajes en las candidaturas al Senado y las cinco diputaciones federales. Ayer debieron quedar avaladas dichas postulaciones por el VIII Consejo Nacional del PRD (donde predomina la corriente de los “chuchos” a la cual pertenece Graco Ramírez), aunque cabe subrayar que para el caso de la candidatura al gobierno morelense falta por realizarse un Consejo Estatal Electivo programado para el 26 de febrero. Cualquier cosa podría suceder en lo tocante al Senado y las diputaciones, pero no así (me parece) respecto a la nominación del tabasqueño, a menos que los grupos inconformes ejecuten un movimiento de gran envergadura.
¿Alguien me puede decir quién es Julio Yáñez? Se supone que es candidato a gobernador por el Partido Social Demócrata (PSD), cuyo principal mérito, tras los comicios de 2009, fue dejar al padre de Julio (Roberto Yáñez Vázquez) como regidor al Ayuntamiento de Cuernavaca, porque así lo decidió su hijo siendo candidato a alcalde colocándolo en el primer lugar del listado de ediles capitalinos. Todo quedó entre familia para aprovechar las prerrogativas públicas. El PSD perdió el registro a nivel nacional, pero lo conservó en Morelos. Y hoy el mentado Julio pretende mantener vivo al PSD en nuestra entidad porque constituye un jugoso negocio cuya fiscalización no es cabal a cargo del Instituto Estatal Electoral, organismo ciudadanizado que actúa casi de buena fe. Si usted, amable lector, desea enriquecerse a corto plazo mediante un lucrativo negocio cuyo manejo financiero es someramente auditado por autoridad alguna, funde un partido político. Julio Yáñez y su principal círculo de amigos así lo demuestran en lo que queda de la vida nocturna de Cuernavaca, aunque no tienen ningún empacho para hacerlo allende nuestras fronteras. Así lo dijo algún día el sabio periodista potosino César Garizurieta, mejor conocido como “El Tlacuache”: “Vivir fuera del presupuesto, es vivir en el error”.
