Según la investigación, todo lo que huela a política es repudiado por la inmensa mayoría de la sociedad mexicana. Ni siquiera viene al caso retransmitir lo que las personas encuestadas opinaron respecto al trabajo de senadores, diputados federales y legisladores adscritos a los congresos estatales, sobre quienes casi se estableció una analogía con criminales organizados. Lo anterior –me refiero a la simbiosis entre el hampa y la alta mafia política- no es nada nuevo y puede presentarse en todos los partidos.
La crisis de la política es multifactorial a nivel nacional, pero hoy quisiera mencionar uno de los principales excesos que irritan sobremanera a los ciudadanos, generándoles tales niveles de animadversión hacia los más destacados protagonistas de la vida pública: los excesivos sueldos y canonjías de que disponen mes a mes, convirtiéndolos en parte de la “burocracia dorada” mexicana. Obviamente, el fenómeno se repite por igual en Morelos, entidad federativa urgida de recursos y donde a partir de noviembre, cuando tomen posesión los nuevos presidentes municipales, surgirá el riesgo de una peligrosa ingobernabilidad debido a las penurias financieras de los 33 ayuntamientos. Al tiempo y constataremos las vulnerabilidades respectivas, recurrentes durante las transiciones políticas.
Los mexicanos reclaman austeridad y no ostentación. Ningún miembro de nuestra sociedad ignora la existencia de remuneraciones excesivas y oprobiosas en todos los ámbitos de gobierno; sin desconocer los escandalosos salarios de servidores públicos, entre los que destacan gobernadores y presidentes municipales. Estos últimos perciben una remuneración a veces mayor a la del mismo gobernador del Estado. Esta grave situación se traduce en una sangría presupuestal al erario, por lo que se hace necesario un límite que equilibre tal desproporción y termine con el derroche vergonzoso de los recursos públicos.
A lo antes dicho debemos agregar las ignominiosas jubilaciones que el Congreso del Estado, acatando la actual Ley Estatal del Servicio Civil, debe otorgar a determinadores servidores públicos propiciando alarmantes sangrías al erario. Todo lo que ayer se dijo en torno a la jubilación de que podría ser objeto el procurador general de Justicia, Pedro Luis Benítez Vélez, no es nada nuevo. Abundan los casos de ex funcionarios públicos cuyos niveles de bienestar no los tiene ningún alto ejecutivo de los más importantes laboratorios trasnacionales existentes en CIVAC. Sin embargo, yo sí me atrevería a señalar que siempre habrá una diametral diferencia entre las futuras circunstancias de Benítez Vélez y las presentes de algunos antecesores suyos, cuyo modelo de vida y ostentación los delata (uno de ellos acaba de estrenar una lujosa camioneta BMW con valor de un millón de pesos). Ningún otro procurador ha estado en la mira del crimen organizado como ocurre y ocurrirá con el cuautlense. Ojalá y me equivoque, pero Benítez Vélez no volverá a estar en absoluta paz y tranquilidad como lo estaba antes de hacerse cargo de la fiscalía morelense.
Por todo lo antes dicho son encomiables las reformas que impulsó la presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, para modificar la Ley Estatal del Servicio Civil en lo tocante a los altos sueldos de la “burocracia dorada”, las ofensivas jubilaciones y los exorbitantes aguinaldos. Me parece que, más allá de la creciente efervescencia preelectoral, una de las más importantes noticias generadas por institución alguna partió ayer del Congreso morelense y se vincula precisamente a la necesidad de reformar dicha Ley en los temas aludidos. Así las cosas, una de las propuestas es fijar en mil 500 veces el salario mínimo general vigente en Morelos como monto máximo que un trabajador pueda recibir por concepto de aguinaldo, lo que de ser aprobado entraría en vigor hasta el año 2013, sin aplicar para trabajadores de base, lo que incluye a los sindicalizados y a los maestros. Empero, por la naturaleza de su función quedarían excluidos del pago del aguinaldo el titular del Poder Ejecutivo Estatal, los magistrados del Poder Judicial, los diputados del Congreso local, los presidentes, síndicos y regidores de los municipios, así como los titulares de las entidades públicas que por su circunstancia ejerzan dirección y mando en carácter patronal. Igualmente la iniciativa propone un tope máximo mensual de 700 veces el salario mínimo para las pensiones, cuyos porcentajes y montos se calcularían tomando como base el último salario percibido por el trabajador, pero para el caso de pensión por jubilación y cesantía en edad avanzada su monto se calculará tomando como base el promedio de salario obtenido en los últimos seis meses de servicio del trabajador solicitante previo al trámite de la pensión. Mejores avances, sin vulnerar los derechos de nadie ni generar el riesgo de una cascada de amparos, no podían darse. Estaremos pendientes del curso de la iniciativa, siendo deseable que no vaya a ser objetada por la partidocracia que domina al Congreso local, y después diremos.
Cambiando de tema diré que hoy se explica la causa por la cual Maricela Sánchez Cortés, “ex” de muchas cosas en Morelos, se mantuvo aislada después de impugnar las precandidaturas de Amado Orihuela Trejo y Francisco Moreno Merino a la gubernatura y la primera senaduría (respectivamente), luego de las postulaciones hechas por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI entre el 20 y 22 de enero pasado. Recordemos que ella y Manuel Martínez Garrigós, hoy líder estatal del PRI, amenazaron con sabotear tales decisiones en la sede nacional del tricolor, al grado que hubo de intervenir Enrique Peña Nieto para apaciguarlos. Manuel fue colocado al frente del PRI estatal y Maricela desapareció de la escena pública.
Dicen que entre los grandes no se pelean y mejor se ponen de acuerdo. No obstante que Maricela había ganado una posición con la precandidatura de Guillermo del Valle a la segunda senaduría, los observadores políticos todavía esperábamos conocer alguna posición para la controversial fémina quien, no sabemos cuándo, logró que su hija Maricela Velázquez Sánchez fuera colocada en el segundo lugar de la lista de candidatos a diputados federales plurinominales, lo cual le asegura su arribo a la Cámara Baja sin hacer campaña. Una verdadera compensación para convalidar a Orihuela Trejo. Valió la pena negociar con Peña y Coldwell, aunque ahora tendremos que esperar a ver si la poblana-morelense será incluida o no en el listado de aspirantes a legisladores locales por la vía plurinominal. Del listado correspondiente a la cuarta circunscripción será muy difícil que, de la octava posición en adelante, alguien más se convierta en diputado federal a la LXII Legislatura, a menos que el PRI pierda gacho el primero de julio próximo.
