La investigación se denomina “Ejecución de Contratos Mercantiles e Hipotecas en las Entidades Federativas. Indicadores de Confiabilidad y Desarrollo Institucional Local”, actualizada en 2009. La misma tiene como antecedente un levantamiento similar titulado “Indicadores y Calificación de la Administración y Justicia Local en las Entidades Federativas Mexicanas”, fechado en julio de 2001, mismo que se ha adaptado anualmente a las nuevas circunstancias del país. En todos los casos el trabajo ha corrido a cargo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el despacho Gaxiola Moraila y Asociados y la empresa Moody’s de México.
En dicha investigación aparecen las entidades con menor calificación en el cumplimiento de los contratos mercantiles y que son Puebla, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Morelos. En caso contrario, los estados con la mayor evaluación son Aguascalientes, Baja California, Colima, estado de México, Nuevo León y Querétaro. Después de éstos, el Distrito Federal y Zacatecas fueron los que obtuvieron la mejor calificación.
Por su parte, la ABM, retomando las evaluaciones del Consejo Coordinador Financiero, asegura que a las entidades que no avancen en los procesos judiciales para ejecutar contratos se les aplicarán tasas de interés mayores, lo que encarecería el crédito. Lo anterior afectará severamente a diversas administraciones municipales que han recurrido al crédito bancario para subsanar su falta de financiamiento, sobre todo a finales de año cuando se han agotado sus presupuestos. La ABM añadió que hace unos años se cerró la actividad crediticia con Chihuahua. Y adelantó que solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aplicar incentivos a las entidades con los sistemas judiciales más eficientes.
El análisis detalló que México es una de las naciones que más tarda en la ejecución de garantías, con un promedio de 20 meses, y hay sentencias que no se ejecutan nunca. También puso en evidencia la diferencia entre los salarios de los jueces de una entidad a otra. Por ejemplo, un juez de primera instancia en Tlaxcala percibe 16 mil pesos al mes, mientras que en el Distrito Federal percibe 53 mil pesos.
Para la elaboración del documento se recabó información de la calidad institucional de los organismos involucrados en los procedimientos; duración de los procesos mercantiles; suficiencia y aplicación de recursos, así como eficiencia en la ejecución de las sentencias.
Según el estudio (que puede ser consultado en el portal de internet del Consejo Coordinador Financiero), el Poder Judicial de Morelos tiene aún las siguientes deficiencias: subestimación de los plazos legales; dilación en el desahogo de las pruebas, especialmente la pericial; dilación en acuerdos y resoluciones; no se autoriza la ejecución forzosa directa; admisión de recursos improcedentes; dilación en la expedición de resoluciones por las salas; pasividad del Consejo de la Judicatura; presión de grupos políticos; exceso de trabajo; falta de personal (secretarios, actuarios); falta de capacitación, e inmuebles inadecuados. Más adelante se desglosa la lista completa.
La calificación asignada a las entidades federativas por las empresas ITAM-Gaxiola y Moody’s coloca a Morelos en una posición mediocre: calidad institucional, 2.64; duración de juicios, 1.47; ejecución, 2.70, y recursos financieros, 1.47. La calificación de Moody’s fue EC3+. La escala de Moody’s indica un nivel inferior al promedio de las entidades federativas en la ejecución de contratos comerciales e hipotecarios. Morelos se encuentra dentro de un grupo de siete entidades que obtuvieron la calificación EC3 (mismo que indica un nivel promedio o mediocre entre las entidades federativas en la ejecución forzosa de contratos mercantiles e hipotecas).
La calidad profesional de los juzgadores al año 2009 colocó al TSJ en la posición 31 de 32 estados; calidad de las resoluciones, 27 de 32; uniformidad de criterios, 23 de 32; imparcialidad de los juzgadores, 27 de 32; autonomía de los jueces y magistrados, 25 de 32; estructura y funcionamiento de los tribunales y servicios auxiliares, 26 de 32; confiabilidad de los servicios periciales, 29 de 32; controles y supervisión, 29 de 32; rapidez en los procedimientos ejecutivos mercantiles, 22 de 32; rapidez en los procedimientos ordinarios mercantiles, 25 de 32; rapidez en los procedimientos de ejecución, 28 de 32; remuneración de los jueces, 23 de 32; condiciones materiales de los tribunales, 24 de 32; acceso remoto a la información, 28 de 32; y salario de jueces, 23 de 32.
Para las instituciones que elaboraron la investigación del Consejo Coordinador Financiero, entre las principales causas por las que actualmente se demoran los procedimientos se enumeran las siguientes: Inobservancia de los plazos legales, dilación en el desahogo de pruebas, especialmente la pericial, dilación en acuerdos y resoluciones, no se autoriza la ejecución forzosa directa, admisión de recursos notoriamente improcedentes, dilación en la expedición de resoluciones por las salas, pasividad del Consejo de la Judicatura, presión de grupos políticos, oposición física de los deudores, familiares y vecinos. Otros problemas señalados por los abogados consultados fueron: exceso de trabajo, falta de personal, secretarios, actuarios, falta de capacitación, falta de equipos de cómputo, carencia de material bibliográfico, insuficiencia de espacio en las secretarías e inmuebles inadecuados. A pesar de todo lo antes expuesto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Angel Falcón Vega, subestimó anteayer los cuestionamientos hechos por el Consejo Coordinador Empresarial de Morelos, organismo que se basó en varios trabajos actualizados por la Asociación Mexicana de Bancos y su Consejo Coordinador Financiero, los cuales pueden ser consultados en el portal de internet de la ABM (www.abm.org.mx/temas_actualidad/estado.htm), amén de que plasmó información del INEGI.
