Con relación al desempeño del Poder Judicial morelense (bastante mediocre), que el empresariado en responder y citar las fuentes consultadas, siendo dos de ellas muy importantes: el INEGI y el Banco Mundial. La columna que publicamos ayer, como pudieron apreciar ustedes, contiene datos adicionales que confirman los del CEE, mismos que pueden ser consultados en el portal de internet de la Asociación Mexicana de Bancos (AMB) y su Consejo Coordinador Financiero integrado por 11 organizaciones de hombres de negocios en este país.
Tras ser ratificado anteayer en su magistratura por el Congreso local, Falcón Vega se apresuró y subestimó la información del Consejo Coordinador Empresarial de Morelos considerándola desfasada. Indicó que tales datos eran “viejos” pues provienen de 2007, lo cual es falso de toda falsedad. Nuestra columna de ayer reajusta todavía más esa posición, amén de que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011 (ENVIPE), levantada por el INEGI del 14 de marzo al 22 de abril de 2011, confirma los dichos del CEE. Los tabulados básicos de la ENVIPE tienen como objetivo proporcionar información que permita realizar estimaciones de la incidencia delictiva que afectó a los hogares y a las personas integrantes del hogar durante 2010, las características del delito, las víctimas y el contexto de la victimización. No creo que en un año hayan cambiado dramáticamente los vicios estructurales del Poder Judicial de Morelos.
La institución aplicó en 17 zonas urbanas del país (incluida la nuestra) 78 mil 179 cuestionarios de persona a persona en sus domicilios. La información permite obtener una aproximación a las características del delito y las repercusiones de la criminalidad sobre las víctimas y la relación de éstas con el aparato de justicia; se obtuvo información respecto a las características del delito, las víctimas y el contexto de la victimización; también se buscó obtener datos sobre la percepción de la seguridad pública y el desempeño y las experiencias de los ciudadanos con las instituciones a cargo de la seguridad pública y la justicia. Desde luego, la encuesta del INEGI hizo brotar el pobre nivel de confianza que tienen los mexicanos en torno a las instituciones de seguridad pública y la eficacia de las autoridades responsables de la prevención del delito, la persecución delictiva, la impartición de justicia y la reinserción social. Si todo lo anterior no es considerado importante por el doctor Falcón Vega, entonces no sabemos dónde se encuentra ubicado el todavía presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Tocante a Morelos, la información tiene relación con 1 millón 186 mil personas de 18 años y más. Según la encuesta del INEGI, durante 2010 tuvieron conocimiento de 924 mil 518 hechos de consumo de alcohol en la calle; 602 mil 444 sobre la existencia de pandillas o bandas; la existencia de robos o asaltos frecuentes, 590 mil 439; consumo de drogas, 583 mil 717; y venta de productos pirata, 424 mil 884. Como causas de la inseguridad (ojo ínclitos magistrados del TSJ) los ciudadanos encuestados expresaron: la pobreza, 370 mil 880 hechos; educación de mala calidad, 158 mil 086; desintegración familiar, 243 mil 374; drogas, 396 mil 278; alcohol, 194 mil 466; desempleo, 454 mil 417; leyes blandas o poco adecuadas, 106 mil 732; malos policías, 230 mil 352; poca coordinación entre los gobiernos, 186 mil 352; delincuentes sin castigo o castigo poco severo, 346 mil 704; corrupción, 423 mil 497; sistema judicial deficiente, 100 mil 657; falta de valores, 290 mil 439; prisiones que no readaptan, 32 mil 239. Chequen ustedes el dato vinculado a los delincuentes sin castigo o castigo poco severo y notarán el nivel de impunidad sobre el cual se lleva a cabo la cotidianeidad de la sociedad morelense, pero también los actos del crimen organizado y la delincuencia común. Y ni qué decir en torno al nivel de hechos no denunciados ante las autoridades ministeriales respectivas, de lo cual me ocuparé en otra ocasión.
Por otro lado, como fuente de su crítica al Poder Judicial de Morelos el Consejo Coordinador Empresarial citó a la Corporación de Finanzas Internacionales (International Finance Corporation), una de varias filiales del Banco Mundial y de la cual depende la certificadora denominada Doing Business, de bastante prestigio entre la clase empresarial de los Estados Unidos de Norteamérica y cuyos datos le sirven de parámetro a homólogos suyos en otras regiones del mundo para la toma de decisiones. La IFC data de hace seis décadas.
Tocante a Morelos, Doing Business reprueba la ineficacia en el cumplimiento de contratos sobre nuestro territorio. Aunque cita a Cuernavaca como centro del estudio, es necesario recordar que la capital morelense, dentro del contexto internacional, siempre es ubicada como si se tratase de toda la entidad federativa morelense y no siendo parte de la misma. Salimos bastante mal en cuanto a “la evolución de una disputa judicial por la venta de mercaderías, el tiempo, costo y número de procedimientos necesarios desde que el abogado interpone una demanda hasta que se produce el pago”.
En el capítulo “Facilidad para el Cumplimiento de Contratos en Cuernavaca-México”, Doing Business señala que el procedimiento dura 461 días: 20 para la notificación, 261 en un juicio ordinario y 180 en uno ejecutivo. Respecto a los costos, la certificadora indica que se lleva un 28 por ciento de la cantidad demandada, un 24.87 por ciento los honorarios de los abogados, punto 68 por ciento como pagos a la Corte (sic), y otro 2.46 por ciento para los pagos de ejecución. Totaliza 38 procedimientos en ámbitos jurisdiccionales del Poder Judicial de Morelos. ¿Algún bingo más? Y por si fuera poco, el CEE cuestionó el exceso de personal adscrito al Tribunal Superior de Justicia (mostró toda la nómina), a pesar de lo cual persisten la ineficiencia y el rezago en múltiples litigios. En fin. Como dice la colega Cristina Pacheco: aquí nos tocó vivir.
