El Producto Interno Bruto (PIB) nacional de 2010 ascendió a 7 billones 891 mil millones 433 millones de pesos. En dicho año los ingresos presupuestarios del gobierno federal alcanzaron dos billones 948 mil 173 millones de pesos. ¿Qué relación tienen estos datos con los sueldazos cobrados por la dicha burocracia dorada? Mucha. Y es que el tema de los altos sueldos de los funcionarios públicos y los pagos discrecionales que se autoasignan se ubicará siempre en el centro del debate público, con la justificada irritación que en algunos sectores de la sociedad provoca. Se calcula que un 25 por ciento del PIB sirve para pagar los gastos del sector público.
Lo anterior ocurre así en todo el mosaico nacional al margen del origen partidario de quienes cumplen funciones gubernamentales, y ello se debe al menos a los siguientes factores: a la paradoja de que como la alternancia política ha traído un alto nivel de rotación de élites en las estructuras gubernamentales, entonces los funcionarios -al asignarse altos sueldos y bonos- indebidamente se otorgan lo que podría denominarse “un seguro de retiro forzado” que les permita sobrevivir durante el tiempo que consiguen otro empleo; a los vacíos de nuestro sistema de administración pública que establece percepciones prescindiendo en lo absoluto de criterios de eficacia y productividad en el desempeño; a los altos índices de discrecionalidad –a lo anterior frecuentemente se le llama “autonomía” o “capacidad de autodeterminación”, según se trate de Ayuntamientos o poderes constituidos- que siguen prevaleciendo en la toma de decisiones gubernamentales; y a la incontrovertible realidad de que en nuestro país el Estado aún sigue siendo la fuente principal del honor, el poder y el dinero, como si al frente del mismo tuviéramos a verdaderos sultanes.
Desde luego que el problema de los exagerados sueldos subsiste en Morelos, pero déjeme decirle a usted que las cifras disponibles con relación a los sueldos de servidores públicos mexicanos contrastan gravemente con datos donde se constata que nuestros gobernantes ganan más que el Primer Ministro inglés y el de España, quienes obtienen el equivalente a 167 mil y 77 mil pesos mensuales; o los Presidentes de Brasil, Argentina y Chile que tan sólo perciben el equivalente a 41 mil, 36 mil y 29 mil 400 pesos mexicanos mensuales. O la contrastante situación de que el gobernador del Estado de Nueva York gane 18 mil dólares anuales menos que el gobernador de Morelos, cuyo sueldo mensual es de 100 mil pesos.
Como se ve, nuestro país y Morelos son generosos con los funcionarios públicos, prevaleciendo las máximas que creara durante la época ruizcortinista César Garizurieta (alias “El Tlacuache”) en el sentido de que “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error” y que “la amistad se demuestra en la nómina”.
La mayoría de nuestros gobernantes no han retrocedido un siglo atrás para poner en práctica lo que al respecto decía Juárez: “Los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la Ley les señala”. Para nuestro infortunio, las recomendaciones que surgen para que los funcionarios públicos se bajen los sueldos o dejen de cobrar “bonos”, son como las llamadas a misa: el que quiere va y el que no, no acude, pues no hay nada que lo obligue a hacerlo.
Todo lo anterior me sirve como preámbulo para comentar el compromiso asumido ayer por Marcos Manuel Suárez Gerard, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Cuernavaca, para donar íntegro su salario (alrededor de 85 mil pesos mensuales) a alguna causa social. Esto, que definitivamente representa un golpe de audacia, sería inédito a nivel nacional en caso de que Suárez Gerard resulte ganador el próximo primero de julio. Desde luego, su idea causará prurito en la élite política morelense y comentarios envidiosos en sentido opuesto porque a nadie conviene que le tergiversen el sentido de su interés por incursionar en la vida pública dentro de los tres órdenes de gobierno; es decir, mantenerse incrustados en el erario con la esperanza de jubilarse, a un altísimo costo social, gracias a una perniciosa Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
¿Será congruente Suárez Gerard entre su decir y el hacer? Conozco a este personaje desde pequeño. Igualmente a sus padres. Sé que es un hombre caracterizado precisamente por cumplir lo que promete. Y aunque la fortuna económica lo socorrió siendo apenas un niño, aprendió a ganarse sus propios ingresos en el legendario Casino de la Selva donde, otra vez me consta, fue bell-boy, oficinista, mesero, etcétera, costeándose parte de sus estudios profesionales. Su abuelo, Don Manuel Suárez y Suárez, le inculcó el amor al trabajo con responsabilidad. Y la mística de servicio social la adquirió gracias al ejemplo de su padre, Marcos Manuel Suárez Ruiz, a quien conocí en 1974 cuando comencé a trabajar en el equipo de Don Jaime Morales Guillén.
He escuchado la oferta política de Suárez Gerard durante la actual etapa preelectoral rumbo a la alcaldía de Cuernavaca; y puedo afirmar que el compromiso de no percibir un sólo centavo a partir de que tome posesión el primero de enero de 2013 lo cumplirá a cabalidad. Hombre exitoso en los negocios, Marcos Manuel tiene capacidad económica para servir a la ciudadanía cuernavaquense sin servirse de ella. Posee recursos para subsistir y donar todo su salario a alguna causa social. Asimismo, no tiene necesidad de robar, ni de llevar a cabo negocios cobijado por un cargo público. Debido a lo anterior nunca ha sido requerido por desviaciones presupuestales, abuso del poder, tráfico de influencias y demás actividades discrecionales que, mediante intrincadas redes de complicidades, sirvieron para enriquecer de manera inexplicable a varios de sus rivales. A ver.
