“Existen muchas suspicacias sobre la aprehensión de los generales, pero sobre todo llama la atención que se han utilizado los argumentos del testigo protegido ‘Jennifer’. Dicha persona acusó en su momento a Gregorio Sánchez (mejor conocido como Greg), quien fue detenido y salió libre al ser inocente de las acusaciones en su contra”, añadió el grupo parlamentario. Greg Sánchez fue detenido en mayo de 2010 por supuestos nexos con el crimen organizado (dizque tenía vínculos con Los Zetas y Los Beltrán Leyva), pero obtuvo sentencia absolutoria el 15 de julio de 2011 debido a que el magistrado federal José Ávalos Cota desestimó (por insuficientes) las pruebas aportadas por la PGR para procesar al ex alcalde de Cancún, Quintana Roo. La base de tales acusaciones la aportó el testigo protegido “Jennifer”, quien hizo casi las mismas acusaciones a los militares detenidos. Añaden los senadores perredistas: “Actualmente los militares localizados y presentados siguen bajo arraigo, pero se tiene conocimiento de que la averiguación previa fue integrada desde el año 2010; y obran imputaciones en su contra que realiza un testigo protegido bajo el seudónimo ‘Jennifer’, quien ya es considerado como el testigo estrella de la Procuraduría General de la República, pues ha participado reiteradamente con ese carácter en diversos procedimientos penales que versan sobre delincuencia organizada, aunque sus testimonios sean bastante cuestionables”.
El testigo “Jennifer”, según ha difundido la prensa nacional, es realmente Roberto López Nájera, quien hace años trabajó para Edgar Valdez Villarreal (alias “La Barbie”), uno de los dos principales operadores de Los Beltrán Leyva en varias entidades federativas, entre ellas Morelos. El otro era Sergio Villarreal Barragán (alias “El Grande”), recientemente extraditado hacia los Estados Unidos y quien, con el carácter de testigo protegido de la PGR, aparece ya con el seudónimo “Mateo” en algunas averiguaciones de la PGR. Otro de los expedientes donde se plasma el testimonio de “Jennifer” fue iniciado en 2008 para acusar al ex subprocurador de Investigación en Delincuencia Organizada de la PGR, Noé Ramírez Mandujano, de supuestos vínculos con Los Beltrán Leyva. Sin embargo, el caso estaba tambaleándose a mediados de 2009. Dicho ex servidor público de la PGR se ha defendido como gato boca arriba y obtuvo el 18 de noviembre de 2011 un amparo federal contra la acusación de delitos contra la salud hecha por la PGR bajo acusaciones de “Jennifer”. Sin embargo, el ex titular de la SIEDO no ha obtenido su libertad absolutoria porque le falta desahogar algunas etapas procesales en torno al presunto delito de delincuencia organizada. Y a continuación lo que nos interesa a nosotros en Morelos.
En charla telefónica con este columnista, el abogado Guillermo Pasquel Hernández, quien lleva la defensa de Luis Ángel Cabeza de Vaca, ex secretario de Seguridad Pública de Morelos (detenido el 15 de mayo de 2009 y actualmente recluido en un penal de Tepic, Nayarit), confirmó ayer que las acusaciones de delitos contra la salud “fueron derrumbadas y mediante un amparo federal conseguimos su libertad”. Efectivamente: Cabeza de Vaca abandonó el penal de Tepic el 11 de octubre de 2010, pero una vez afuera fue reaprehendido debido a imputaciones hechas diez días antes por Sergio Villarreal Barragán, quien había sido detenido el 12 de septiembre de 2010. “El Grande” declaró que el ex titular de la SSP recibió dinero de Los Beltrán Leyva, “amén de que les envió el helicóptero de la dependencia para rescatarlos ante un inminente operativo del Ejército Mexicano, en una ex hacienda de la región sur de Morelos”.
Las imputaciones sobre delitos contra la salud tuvieron su fundamento en testimonios de “Jennifer” y dos ex policías metropolitanos, con quienes Cabeza de Vaca se careó derrumbando sus acusaciones, lo cual se ha repetido en torno al delito de delincuencia organizada. “Eran las mismas acusaciones hechas en contra de Francisco Sánchez González (recientemente liberado), ex secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca, pero yo elegí la vía del amparo, mientras ellos (Sánchez González y su defensa) escogieron otra ruta”, manifestó Pasquel Hernández, cuya estrategia jurídica ha logrado desvanecer el tema del helicóptero mediante las pruebas de descargo, faltando un careo con “El Grande” (debido a su extradición podría realizarse a través de una videoconferencia) y otro más con Edgar Valdez Villarreal. Además, recientemente compareció en diligencias Ulises Abundez, ex agente de la Policía Ministerial de Morelos, quien en alguna etapa del proceso declaró contra Cabeza de Vaca. “En el careo afirmó que fue torturado y obligado a rendir esas testimoniales”, añadió Pasquel.
Para concluir retomaré parte de un artículo publicado por John Ackerman el 10 de octubre de 2010 en el semanario “Proceso” titulado “Monumento a la ineptitud”. Entre otras cosas indicó que “una de las formas o figuras legales que utiliza la autoridad investigadora sobre la actividad de quienes supuestamente forman parte del crimen organizado es la de los testigos colaboradores, también llamados testigos protegidos, que la mayoría de las veces son los mismos delincuentes que han formado parte de ese croquis de actividad criminal, pero que por diversas circunstancias se acogen a beneficios que les otorga la ley para efectos de aminorar en algo las penas que habrán de purgar estando en prisión o a cambio de ciertas mercedes de orden económico y protección para ellos y sus familias. Esta forma de intervención y utilización de testimonios de colaboradores de la autoridad investigadora para atacar a los criminales ha sido severamente cuestionada por especialistas en la materia, pues exponen que no constituye realmente una prueba suficientemente eficaz para los fines que se persiguen”. “Jennifer” ha colaborado en alrededor de 200 expedientes que, en su mayoría, no han llegado a la sentencia condenatoria.
