Horas antes de fijar tal posición, el propio Hernández Benítez había evaluado el Plan Morelos Seguro a mes y medio de iniciado. Indicó que se inició la segunda fase del mismo, ante lo cual el gobierno morelense ha tenido reuniones periódicas con sectores empresariales, el Poder Judicial y más recientemente con alcaldes para dar a conocer las mecánicas de operación de dicho plan. El referido encuentro tuvo lugar el pasado fin de semana en la Torre Morelos que alberga las oficinas de la SSP, a cargo del general Rafael García Aguilar, a la cual, sin embargo, asistieron sólo los alcaldes Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Puente de Ixtla, Temixco, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Totolapan, Xochitepec y Zacualpan de Amilpas. Trece de 33 ediles cumplieron su responsabilidad, lo cual revela el escaso interés del resto en tan importante tema. Con razón están las cosas como se encuentran, verbigracia en la región poniente, territorio plagado de hampones organizados y delincuentes comunes.
En reiteradas ocasiones he comentado lo que algún día me sugirió el doctor Alvaro Echeverría Zuno, “ex” de muchas cosas en este país e hijo del ex presidente Luis Echeverría Alvarez. Me dijo: “Para que puedas entender la realidad actual es necesario que analices los antecedentes. Todo los tiene”. Y vaya que tuvo razón. La recomendación me ha servido para comprender un poco más, por ejemplo, las deplorables circunstancias de inseguridad y violencia prevalecientes a nivel nacional, pero sobre todo en territorio de Morelos. Así las cosas, hoy recurriré de nuevo a la hemeroteca personal transcribiendo algunos párrafos de la columna publicada aquí el 19 de abril de 2010. Escribí allá y entonces: “Un informe aparecido recientemente en Milenio señala que Los Zetas han dejado de ser la organización criminal predominante en Tamaulipas, pues paulatinamente está siendo expulsada de ese territorio hacia otros estados. Ahora el control está en manos del cártel del Golfo, como ocurría cuando Osiel Cárdenas Guillén estaba al frente del grupo, antes de su captura en marzo de 2003. Verlo para creerlo: con el fin de reforzar el avance es común observar ‘policías’ en unidades falsas con las siglas CDG (cártel del Golfo), cuya misión es evitar que sus enemigos traten de cruzar el río Pánuco que los separa de Veracruz, entidad donde se refugian. Dicha situación generó una oleada de ataques no sólo en Tampico, sino en Reynosa, Ciudad Victoria y Nuevo Laredo, donde aún existen refugios de zetas. Aquí viene lo interesante para nosotros. Lo más extraño de esta guerra es que la población se inclina a favor del cártel del Golfo (esto se repite en Michoacán hasta hoy, amables lectores). Una vez que la organización tenga el mando absoluto –confían- se acabarán los narcotributos que Los Zetas exigían a comerciantes, taxistas, restauranteros, y que oscilaban entre 100 y 6 mil pesos semanales”.
Agregué aquel 19 de abril de 2010: “Este escenario nos recuerda la forma en que, supuestamente, surgió un pacto entre jefes policíacos de Morelos y capos del narcotráfico, con dos objetivos: 1) Tú, autoridad, nos dejas vivir tranquilos en territorio morelense sin ser molestados; y 2) A cambio, nosotros ‘coadyuvamos’ en la eliminación de criminales dedicados a delitos de alto impacto, sin que tengan relación con la comercialización de drogas. Fue así como la sociedad morelense constató la frecuente aparición de cadáveres de presuntos secuestradores, extorsionadores, asaltantes y violadores, mientras paralelamente asomaban mensajes con datos precisos sobre los supuestos delitos cometidos por quienes sucumbieron a manos de grupos de exterminio que, en el mejor de los casos, nos recordaron a las favelas brasileñas”.
Todo lo antes dicho, gentiles lectores, sigue teniendo estrecha relación con la descomposición social que padece nuestro país. A estas alturas de la incidencia delictiva nacional, nadie ignora que la precariedad del estado, la debilidad institucional y el auge del narcotráfico se coludieron para configurar el complejo paisaje de la corrupción en México, lo cual nos remonta, no a 2006, cuando Felipe Calderón Hinojosa llegó a la titularidad del Poder Ejecutivo federal, sino a varias décadas de administraciones priístas. Al menos durante las dos décadas anteriores, el catalizador de estos procesos fue sin duda el crecimiento de la economía criminal, sobre todo la inherente al narcotráfico. Dicho lapso sirvió para penetrar todos los vericuetos de la sociedad: economía, política, cultura, deportes y la vida cotidiana. El tránsito de la economía de la mariguana a las más rentables de la cocaína y la amapola produjo una nueva élite económica que, a golpes de audacia y dinero, siempre ha buscado disputarle el poder local, regional y nacional a las élites tradicionales. En resumen: si la corrupción tiene en México y determinadas zonas geográficas un significado importante, es porque la gobernabilidad está afectada por la presencia del narco con su capacidad generadora de corrupción y violencia. Efectivamente, como le dijo Ismael “El Mayo” Zambada a Julio Sherer (Proceso, 4 de abril de 2010): “El narco está en la sociedad, arraigado como la corrupción. Ahí vienen los remplazos”. Y ahí se enmarcan algunas de las nueve muertes de este fin de semana en Morelos.
