Dispone de un reducido parque vehicular en las áreas de prevención del delito y tránsito, así como de un insuficiente número de efectivos adscritos a la Policía Preventiva Metropolitana, donde hay otra constante: la carencia de equipo que logre enfrentar de manera eficaz a los criminales, ya sean organizados o comunes. Asimismo, cuando surge un delito de alto impacto la gente inmediatamente se pregunta: “¿Y las cámaras de vídeo vigilancia?”, pero la respuesta es casi siempre la misma: “No funcionan”. En este sentido es importante comentar que de alrededor de 54 de esos aparatos sólo operan 4, confirmado así hace poco por el mismísimo presidente municipal de Cuernavaca, Rogelio Sánchez Gatica.
Hemos escuchado a los cuatro candidatos a la gubernatura y a los tres principales aspirantes al cargo de alcalde cuernavaquense hablar sobre la situación deplorable de la prevención del delito en la capital morelense. Graco Ramírez Garrido, de la Coalición Nueva Visión Progresista (PRD-PT-Movimiento Ciudadano), ha advertido que el programa de vídeo vigilancia a nivel estatal implicará la compra y funcionamiento de 2 mil cámaras, lo cual sería histórico en caso de concretarse. El resto de los aspirantes también ha manejado el tema dentro de sus campañas preelectorales, pero la realidad nos indica que habremos de esperar la jornada comicial del próximo domingo y cierto número de meses posteriores para comprobar si tales compromisos se cumplen o no, en el ánimo de mejorar la protección a miles y miles de familias morelenses.
Mientras tanto es necesario recordar hoy, para ilustrar lo que sucede actualmente con el famoso programa de prevención del delito a través del sistema de vídeo vigilancia, lo que ocurrió el 20 de julio de 2010. Ese día el entonces alcalde Manuel Martínez Garrigós enfrentó una verdadera crisis al interior de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, a la sazón encabezada por Rogelio Sánchez Gatica. Si recuerdan ustedes, aquel día ocurrió un atentado del crimen organizado en contra de dos modestos agentes adscritos a dicha corporación. Los oficiales se llamaban Elías Rea Avilés y Víctor Diego Navarrete, quienes fueron arteramente masacrados sobre la carretera federal a Tepoztlán -en las inmediaciones de la Glorieta la Paz- cuando cumplían con su deber. El hecho generó al día siguiente un fuerte movimiento de presión auspiciado por compañeros de los agentes caídos, que tuvo como resultante la implementación de nuevas acciones por parte del edil Martínez Garrigós en materia de seguridad pública, incluido el cese de Sánchez Gatica. Y entre otras cosas decididas, MMG ordenó una investigación sobre el funcionamiento del sistema de video vigilancia de Cuernavaca, pues de 54 cámaras sólo servían 16, sin que en ese instante pudieran incorporarse a la red metropolitana operada por el gobierno estatal.
El Ayuntamiento iría -vía penal o civil- tras la empresa E-Security, a cargo de Oscar Carrasco Robles, quien ya estaba demandado por incumplimiento de contrato. Este empresario y varios funcionarios de las administraciones de Adrián Rivera Pérez, Jesús Giles y Roque González se enriquecieron con el pago anticipado de un equipo a todas luces obsoleto. Desde luego que las cámaras situadas cerca de la mencionada Glorieta no servían.
Lo peor de todo es consultar la hemeroteca y encontrar pésimos antecedentes respecto al mismo tema. Apenas iniciada la gestión de Jesús Giles Sánchez (noviembre de 2006) como presidente municipal, el entonces secretario de Seguridad Pública y Tránsito Metropolitano, Francisco Sánchez González, declaró que, a seis meses de su instalación, 24 de las 52 videocámaras de vigilancia instaladas por sus antecesores ya presentaban fallas técnicas en su funcionamiento. El equipo, como ya se indicó, fue comprado durante la gestión de Adrián Rivera Pérez. Es muy importante comentar que los aparatos costaron a la ciudad la friolera de 14 millones de pesos, sin que Sánchez González conociera el monto de la reparación. Por aquel tiempo se argumentaba que las cámaras no operaban adecuadamente debido a la acción del viento y las lluvias. Hágame usted el favor.
Cuando inició la presente administración municipal, el regidor de Seguridad y Protección Civil, Roberto Yáñez Vázquez, informó que “se comprarán más cámaras de vigilancia, pues las existentes son insuficientes”. Indicó que estaban instaladas 40 receptores de imagen, de las cuales solo operaba la mitad, y anunció que el Ayuntamiento tenía la “intención” de adquirir ¡300 cámaras más! Tiempo después, un tal Arturo Santana Salgado, director del Centro Operativo de la SPYAC, informó que las pocas cámaras funcionales se encontraban en el Centro Histórico de Cuernavaca, y comentó que de 54 equipos únicamente operaban 16. De nuevo mencionó a las condiciones climáticas como enemigas de las famosas cámaras. Y el 9 de marzo de 2011, durante una revisión a los multicitados aparatos, en la cual participaron el síndico Humberto Paladino, el ya citado regidor Yáñez y Francisco León y Vélez, entonces secretario general del Ayuntamiento, se dijo que de 54 equipos solo funcionaban 38.
El 11 de marzo del mismo año, Luis Miguel Ramírez Romero, coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso local (quien buscaba ser candidato a alcalde), se reunió con miembros de la Asociación de Empresarios de Seguridad Privada, que preside Alejandro Dorantes Rodríguez, a fin de analizar diferentes temas vinculados al sector, incluida obviamente la operación de cámaras de vigilancia. Ramírez Romero anunció que el siguiente martes presentaría reformas a la Ley de Seguridad Pública del Estado para regular el uso de las mentadas videocámaras pertenecientes al sector público y las que usan empresas privadas, a fin de mejorar la prevención del delito. La intención del legislador era loable, pues tenía como objetivo inhibir los ilícitos y la impunidad mediante la aportación de videos que puedan esclarecer los hechos. Pero nada pasó en el Congreso local al respecto. En resumidas cuentas, las mentadas cámaras siguen representando un fuerte dolor de cabeza para los funcionarios de la SPYAC, a la vez de que simbolizan varios periodos de corrupción y enriquecimiento inexplicable de servidores públicos irresponsables
