Quien el 2 de julio, al comenzar la alternancia en el poder, ganó la gubernatura para el Partido Acción Nacional (PAN). Sin embargo, lo que el PRI y PRD no consiguieron en las urnas fue logrado mediante el mayoriteo automático en el Congreso, con lo cual introdujeron tres dictámenes para reformar la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo limitando las más importantes decisiones del nuevo gobernador. Aquella sesión se realizó bajo la autoría intelectual de los más importantes políticos priístas, encabezados por el candidato perdedor del PRI a la gubernatura, Juan Salgado Brito. Se pretextó “un mejor equilibrio entre poderes” y mediante 39 reformas a nuestra Constitución y dicha ley orgánica los adversarios del incipiente gobernador consiguieron posicionarse para obtener prebendas y poder. Con ellas crearon un cerco alrededor de Estrada Cajigal, abriendo además espacios de malas relaciones e ingobernabilidad prevalecientes entre los poderes Ejecutivo y Legislativo durante todo el sexenio 2000-2006.

Aquel escenario se asemeja al de ayer en una histórica sesión de la 51 Legislatura local. Antes de desglosar el asunto vayamos a los antecedentes. Demasiada referencia hicieron sobre la revocación del mandato, a lo largo de varios lustros, destacados politicastros adheridos al Partido de la Revolución Democrática en Morelos. ¿Qué es la revocación de mandato? Significa un procedimiento a través del cual los ciudadanos pueden destituir de un cargo público a un funcionario de elección popular con anterioridad a la expiración del periodo para el cual fue elegido. En la actualidad, para ser destituido, un gobernante debe ser sometido a un engorroso proceso legislativo (juicio de procedencia) plagado de intereses partidistas, mañas, conveniencias, negociaciones e impunidad. Aunque el artículo 113 constitucional establece de manera puntual los alcances de las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como las sanciones respectivas (las causales están en el artículo 109), a nivel local los ordenamientos en la materia contienen lagunas y deficiencias contribuyendo a la falta de castigo.

Según algunos expertos en derecho constitucional, la posibilidad de que se le transfiera al pueblo la capacidad de revocar un mandato a través de la consulta pública, el plebiscito o el referéndum depende más de los factores políticos que de los jurídicos. Debería ser al revés, pero la mayoría de proyectos se topan con la partidocracia en las legislaturas locales. Ante ello las organizaciones civiles han rebasado a los partidos para conseguir, mediante grupos de presión o la denominada “sociedad civil organizada”, la solución a ciertos agravios. Insisto: quienes más promovieron en Morelos la figura de democracia indirecta denominada revocación de mandato fueron personeros al servicio del Partido de la Revolución Democrática. Hasta aquí los antecedentes para pasar al tema de hoy.

Desconozco si el gobernador electo de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, haya dado su visto bueno a los diputados locales Fidel Demédicis Hidalgo, Rabindranath Salazar Solorio y Hortencia Figueroa Peralta para aprobar ayer la nueva Ley de Participación Ciudadana, que, entre otras cosas, tiene por objeto determinar requisitos, alcances, órganos, facultades y procedimientos para que los ciudadanos morelenses hagan valer ante las autoridades competentes las figuras de participación ciudadana previstas en nuestra Constitución. Es reglamentaria del artículo 19 bis de la Constitución Política del Estado que el pasado mes de mayo fue reformado por el Congreso local. Con la modificación, la 51 Legislatura (que pronto entrará en receso encaminándose hacia su finalización el último día de agosto) aprobó reducir los porcentajes para que la ciudadanía pueda solicitar la convocatoria a plebiscito, referéndum e iniciativa popular y además se incluyó la revocación de mandato, aplicable para todos los representantes o mandatarios que fueron elegidos por el voto popular, así como la rendición de cuentas. Graco Ramírez Garrido Abreu, en más de una ocasión, se ha pronunciado a favor de dicha modalidad de democracia indirecta, pero ¿estuvo informado respecto de lo de ayer, o le propinaron un albazo legislativo a la manera en que la 47 Legislatura lo hizo con Sergio Estrada Cajigal? ¿Vienen otras reformas constitucionales propugnadas, a manera de revancha, por los grupos parlamentarios del PRI y el PAN para acotar a Ramírez Garrido?

Por donde se le vea, la Ley de Participación Ciudadana cristaliza antiguos anhelos de la ciudadanía respecto a la necesidad de remover de sus funciones a un servidor público, sobre todo de elección popular, cuando no cumpla a la sociedad. Las causas por las que se podrá promover la revocación de mandato son: el incumplimiento de compromisos contraídos en campaña (cuando estos hayan sido parte del programa de gobierno que propusieron ante el Instituto Estatal Electoral), la pérdida de la legitimidad, los actos de corrupción política, la violación de derechos humanos y la complicidad para tolerar faltas a la normatividad o delitos de sus subordinados. Yo incluiría la intolerancia hacia los disidentes y el despotismo. Los diputados Zaira Fabela Beltrán, Jorge Arizmendi García, David Tawil Pérez, Hortencia Figueroa Peralta, Fidel Demédicis Hidalgo y Rabindranath Salazar Solorio, al hacer uso de la tribuna se congratularon por la aprobación de estas nuevas disposiciones que “permiten eliminar diques a los ciudadanos, impulsar el desarrollo de una sociedad democrática y ciudadanizar verdaderamente las acciones de gobierno”. A partir de la fecha de publicación de esta Ley, existe el plazo de dos meses para la integración del Consejo Estatal de Participación Ciudadana, y el Poder Legislativo establecerá en el presupuesto de egresos anual los recursos suficientes para la instrumentación de los temas previstos en esta normatividad. Un antecedente del nuevo ordenamiento se tuvo en el año 2000, pero Estrada Cajigal nunca impulsó la creación del Consejo Estatal de Participación Ciudadana. La Ley en la materia nació muerta. A ver.