El 19 de septiembre de 2008, a un año y medio de iniciada la guerra del presidente Felipe Calderón “contra el narcotráfico” (el propio mandatario corregiría su declaratoria original aduciendo que la lucha sería “contra el crimen organizado”), transcribí cifras concentradas por el doctor Ruiz Harrell, autor del libro “Criminalidad y Mal Gobierno”, quien documentó que en 1977 creció la delincuencia un 13.4 por ciento con relación al 9.5 por ciento de diciembre de 1976, cuando tomó posesión José López Portillo. En 1983, a escasos meses del arribo de Miguel de la Madrid a la Presidencia, el aumento fue del 44.1 por ciento, el más alto de 1975 a 2008. En 1989, tras la llegada de Carlos Salinas de Gortari, hubo una disminución de 8 por ciento contra el citado 44.1 por ciento. En 1995, una vez iniciado el gobierno de Ernesto Zedillo, el porcentaje creció hasta 39.4 por ciento. Para marzo del año 2001, Vicente Fox Quesada, el presidente de la alternancia en el poder, enfrentó un repunte delictivo que alcanzó casi el 40 por ciento. Y en lo que hasta septiembre de 2007 iba de la administración de Felipe Calderón Hinojosa la cifra alcanzaba niveles del 44 por ciento. La problemática, sin embargo, fue más grave que en épocas anteriores, pues el crimen organizado tendió a expandirse por regiones. Cada zona se convirtió en un mercado. Por ello, las tasas delictivas -en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa- siempre fueron notablemente altas en Baja California Norte, Michoacán, Sinaloa, Guerrero, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Jalisco, parte del Estado de México y Morelos.

Al respecto, y para comprender asimismo el progresivo avance en la descomposición del tejido social, también me referí a declaraciones vertidas a “El Universal” el 18 de septiembre de 2008 por el entonces gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, quien reconoció que “todavía hace tres o cuatro años, la entidad y el área metropolitana de Monterrey eran consideradas las zonas más seguras del país”. Agregó: “He aquí lo que, desde mi punto de vista, explica las causas por las cuales el estado mexicano no ha podido revertir la ola criminal. En un año y medio, o dos, hubo un crecimiento exponencial en el número de delincuentes a nivel nacional. La incorporación de cientos de miles de personas a las redes del narcomenudeo llevaron a que súbitamente hubiera un cambio de valores en mucha gente; entonces, el valor y el respeto al trabajo de los demás, al ahorro, a los bienes y a las vidas se ha empezado a degradar rápidamente, y el número de delincuentes y las acciones violentas crecieron dramáticamente, articulando redes nacionales y también efectos colaterales locales que invitaron a mucha gente a incorporarse a la delincuencia. Los nuevos patrones de enriquecimiento rápido, con dinero mal habido, y al ver que frente a las acciones delincuenciales había incapacidad del ámbito público para enfrentarlos, motivó a muchos a subirse a la ola”. Natividad González Parás expuso de manera sucinta las condiciones sociales de México, así como un problema nacional de gravedad extrema, que no estaba en el monto de la delincuencia, sino en la decidida incapacidad de las autoridades para lograr que la ley se cumpliera. Lo peor, amables lectores, fue que el escenario, a mediados del año 2011, se tornó igual a pesar del descabezamiento (mas no desarticulación) de conocidas bandas criminales. Y así sigue hasta nuestros días.

Es importante recordar un dato importante. Al análisis anterior y con referencia al clima de incertidumbre y miedo provocado en 2008 por el conflicto magisterial auspiciado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en algunas regiones morelenses, retomé algunas reflexiones de José Carreño Carlón, plasmadas por “El Universal” el mismo 18 de septiembre de 2008. Luego de analizar los atentados del 15 de septiembre (2008) en Morelia, Carreño señaló que “está en juego el control de las percepciones de un público en el que se intenta todos los días hacer patente la impotencia, la incapacidad y la corrupción del gobierno al lado del indiscutible poder, la eficacia y -en algunos casos, incluso- el arraigo social de los criminales”. Y expuso lo que a nosotros nos interesaba (y sigue interesando) dentro de la coyuntura política morelense: “Es aquí donde se desvanece la de por sí delgada línea roja entre las bandas de la violencia criminal a secas y las organizaciones comprometidas con la violencia por motivaciones políticas. Porque sea que se trate de anular al Estado para consolidar el dominio territorial del hampa o que se trate de destruirlo para instaurar el reino de la justicia, el efecto que buscan termina siendo el mismo: la desintegración de la autoridad y de sus aparatos de seguridad y defensa. Por eso no sorprende que una y otra formas de violencia terminen fundiéndose en lo que se ha llamado narcoguerrilla o narcoterrorismo”.

Me parece, pues, que todo lo ocurrido recientemente en varias ciudades mexicanas (incluida la capital morelense y otros puntos de nuestra entidad), desafiando a las instituciones por parte del crimen organizado, tiene vinculación con lo anterior. Y así nos perfilamos hacia el cambio de gobierno a nivel nacional y estatal. Por eso cobran especial importancia las acciones que puedan asumir el gobernador constitucional de Morelos, Marco Adame Castillo, y el mandatario electo Graco Ramírez Garrido Abreu, a fin de evitar el descontrol de la violencia y los vacíos de autoridad. Me parece que los encuentros de Ramírez Garrido con Alejandro Poiré Romero, secretario de Gobernación (anteayer), y Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal (ayer), independientemente de iniciar una agenda sobre temas vinculados a la prevención del delito, abonarán una transición política tersa en territorio morelense. Esperemos para ver y después diremos.