El 6 de julio de 2005, con relación a la culminación de la 49 Legislatura y en este mismo espacio escribí que “son muchos los hechos acumulados ya por la Legislatura saliente (la 49) para ubicarla como la peor en la historia morelense. Improductividad, simulación, disputas internas por los recursos, leyes hechas al vapor, ‘diarrea’ legislativa, falsa representatividad, intereses económicos o grupales por encima de los sociales, deficiente apoyo técnico tanto en los grupos parlamentarios como en las comisiones, alto ausentismo, incapacidad de casi todos los diputados para legislar y el involucramiento de algunos en acciones ilegales, han sido las características más destacadas del Poder Legislativo. El balance es negativo”. ¿Entonces? No veo ninguna diferencia con el periodo de quienes el sábado fueron relevados. El problema de la representación social es grave.

Con tales resultados ya se imaginarán ustedes el tipo de trascendencia histórica que cada tres años, desde hace unos veinte años a la fecha, han logrado los diputados locales. No se necesita ser un docto en el análisis político para determinar el criterio de la gente al respecto: identifica muy bien que los diputados trabajan poco o nada; no tiene confianza en esos personajes; sabe que su trabajo es inadecuado o francamente malo; y una gran cantidad de ciudadanos opina que los legisladores son causa fundamental en el rezago del desarrollo económico de la entidad.

Durante la sesión desarrollada el sábado 1 de septiembre de 2012, una fecha de estricta coyuntura, acatamiento constitucional y reacomodo de fuerzas políticas, constatamos cómo empezaron a escribirse nuevas páginas en la historia morelense. Teniendo como ámbito “la caja de resonancia de la política local” -es decir el Congreso de Morelos- observamos a algunos actores que a partir del año 2000 enriquecieron varios de esos episodios, pero que paulatinamente están cediendo sus espacios a nuevos actores. Al menos en el Poder Legislativo se fueron ya quienes tuvieron la oportunidad de redactar parte de nuestra historia; y si no lo hicieron de manera responsable, la propia historia habrá de juzgarlos. Y tocante al Poder Ejecutivo sucede lo mismo: el gobernador Marco Adame Castillo acudió al recinto parlamentario de Matamoros para entregar su sexto y último informe, esperando la llegada de quienes a partir del 1 de octubre empezarán a redactar otros capítulos de la vida pública morelense. Todo lo anterior es normal dentro del sistema político mexicano, aunque muchas veces no es asumido así. Ciertos personajes adoptan formas revanchistas porque simple y sencillamente se quedaron sin chamba y sin la posibilidad de continuar pegados a la ubre gubernamental cristalizando el viejo dicho mexicano de que “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”. Habremos de comprobarlo con las cada vez más cercanas demandas laborales.

En la sesión del sábado escuchamos los discursos clásicos, más o menos sancochados con la realidad. El presidente de la Mesa Directiva, el priísta Humberto Segura Guerrero, asumió una actitud sobria confirmando su rol constitucional pues en lo sucesivo, en los próximos 12 meses y sobre múltiples foros, representará a una institución y no a un partido político. Uno de los aspectos rescatables de su alocución fue el siguiente: “No podemos soslayar que la imagen y el prestigio de la Cámara de Diputados no son los deseables. Esta Legislatura tiene el enorme reto de reivindicar la tarea parlamentaria, consolidar la división de poderes, ser vigilante del desempeño del Poder Ejecutivo y abonar a la vida democrática de la entidad”. Efectivamente. Humberto Segura Guerrero fue certero cuando mencionó la imperiosa necesidad (así lo interpretamos nosotros) de lavar la suciedad heredada a los actuales por los anteriores diputados. Sin embargo, es previsible que con esas acciones de sanidad no suceda nada trascendente respecto al pésimo manejo financiero, el robo de recursos, la existencia de centenares de “aviadores”, el tráfico de influencias que enriqueció a unos cuantos, y los múltiples abusos cometidos al amparo del fuero constitucional con dinero del pueblo. ¿Vino nuevo para odres viejos?

Segura Guerrero enumeró una serie de cuestiones que habrá de abordar en breve la novel y bien intencionada Legislatura. Me parece que el tema del Presupuesto de Egresos 2013 ocupará un sitio prioritario. El priísta deseó que “el talante constructivo prive en todas las fuerzas aquí representadas, a pesar de que tendremos un gobierno sin mayoría. Ello no debe ser obstáculo para los acuerdos, sino un acicate (…) En materia de federalismo la actual distribución de recursos públicos entre el gobierno federal y las entidades federativas provoca distorsiones que debemos corregir. Con el respaldo de nuestros legisladores federales podremos dar esa batalla fundamental”. Totalmente de acuerdo con el ex alcalde yautepequense. Graco Ramírez, quien tomará posesión el 1 de octubre próximo, no podrá echar las campanas al vuelo frente a la composición plural del Congreso. Para sacar adelante cualquier número de programas operativos anuales de su administración correspondientes al año entrante necesitará pericia, pero también el apoyo de Juan Angel Flores Bustamante, coordinador del grupo parlamentario de las izquierdas. Si existe todavía soberbia y una actitud preelectoral entre los diputados perredistas y sus aliados, es preferible que la vayan desechando. Hoy el contexto histórico es otro.

Y en la vorágine informativa del pasado fin semanero hubo un pronunciamiento importante, sin subestimar ninguno de los expresados por otros personajes que en su momento habremos de analizar. Me refiero a la declaración de Javier Bolaños Aguilar, coordinador del grupo parlamentario del PAN, tocante al pésimo desempeño de grupúsculos adscritos al Destacamento Morelos de la Policía Federal. Bolaños calificó como deplorable que policías federales estén dedicados al crimen y sean parte de la delincuencia organizada faltando a su deber de servir y proteger a la comunidad. Desde luego, el legislador blanquiazul se refirió a los hechos de Tres Marías (aún no aclarados y quizás vinculados a bandas de secuestradores y extorsionadores de la región) y la privación ilegal de la libertad con extorsión agravada en perjuicio de una comerciante cuernavaquense. Finalmente diré que la designación de Antonio Riva Palacio como asesor de Graco Ramírez no pasará de ser un asunto anecdótico con más daño que beneficio a la imagen del mandatario electo. En fin.