En 2011 dos generales fueron reclutados como secretarios ante los altos índices de violencia y criminalidad: Heliodoro Guerrero, en San Luis Potosí, y Jaime Castañeda Bravo, en Nuevo León. Otros cuatro militares llegaron al relevo entre 2009 y 2010 –también como consecuencia del incremento de la violencia– en Chiapas, Guanajuato, Michoacán y Morelos. Y en Querétaro, el gobernador Francisco Calzada encargó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado al capitán Adolfo Vega Montoto desde el arranque de su administración, en octubre del 2009. También llegaron militares en retiro a las direcciones de la Policía Estatal en Chihuahua, Coahuila, Colima, Michoacán, Sinaloa y Zacatecas.
Respecto a Morelos, Luis Angel Cabeza de Vaca, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante la mayor parte del sexenio de Sergio Estrada Cajigal (2000-2006), pasó la frontera del 1 de octubre de 2006 y el nuevo gobernador Marco Antonio Adame Castillo lo ratificó en el cargo. Sin embargo, Cabeza de Vaca fue detenido por agentes federales el 15 de mayo de 2009 y sometido a proceso penal debido a supuestos nexos con narcotraficantes. En su lugar fue nombrado el general retirado Gastón Menchaca Arias, acompañado por una pléyade de elementos castrenses, entre ellos quienes fueron sus posteriores relevos: Gilberto Toledano Sánchez y Rafael García Aguilar. Tocante a los militares al frente de la SSP morelense “Reforma” agregó el 10 de abril de 2011: “Si la llegada de los mandos militares a las Secretarías de Seguridad de los estados tiene la intención de disminuir la delincuencia en esos territorios, las experiencias de estados como Michoacán y Morelos muestran un claro fracaso (…) En Morelos, donde la seguridad está a cargo de un militar desde mayo de 2009, aumentaron los robos en 7 por ciento, los secuestros en 160 por ciento y los homicidios en 15 por ciento. Hasta diciembre del 2010 se habían registrado 433 ejecuciones”.
El arribo de Gastón Menchaca a la titularidad de la SSP fue anunciado con bombo y platillo, al igual que el de Manuel Farfán Carriola (otro general retirado) a la secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Metropolitano de Cuernavaca, quien sustituyó a Francisco Sánchez González, detenido por agentes federales en Torre Morelos junto con Luis Angel Cabeza de Vaca, aunque liberado hace unos meses al no comprobársele su vinculación con cárteles de la droga. El 2 de junio de 2009 escribí lo siguiente: “Todo lo que sucede y sucederá a futuro en la difícil tarea de garantizar la protección de la ciudadanía (teóricamente hablando) deberá ser observado y analizado bajo un riguroso escrutinio pues la llegada de los nuevos jefes policíacos fue proyectada por los sectores oficiales como si fuera la panacea frente a los altos índices de criminalidad. Suponerlo así sería temerario e ingenuo”. Hasta aquí algunos precedentes respecto al tema de hoy.
Existen muchos ensayos referentes al progresivo estado de militarización a nivel nacional. Hoy transcribiré parte de uno, escrito por Juan Manuel Sandoval Palacios, investigador titular de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y coordinador general del Seminario Permanente de Estudios de las Fronteras, quien indica que a partir de los ochenta, sobre todo después del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el primero de enero de 1994, “las fuerzas armadas han ido tomando un papel cada vez más protagónico en diversos ámbitos de la vida social y política de México. La presencia militar se ha extendido más allá de la llamada zona de conflicto en la entidad chiapaneca (donde existe un estado formal de guerra que le fue declarado al Ejército Federal por el EZLN en diciembre de 1993), fundamentalmente en los estados del altiplano central y del sur-sureste, debido al accionar de otros grupos insurgentes. Encontramos abundante presencia militar en los estados del norte, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Empero, la presencia militar en las grandes urbes ya es también una constante. Todos los mandos superiores de la PGR y del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (CISEN) en el área antinarcóticos son militares entrenados en Estados Unidos”.
¿Cuál es en consecuencia el escenario posible a corto y mediano plazo, tanto a nivel nacional como en Morelos? Me parece que la sociedad morelense no debe ocuparse sólo de la presencia, sino del papel que las fuerzas armadas han asumido en la definición e instrumentación de las políticas de seguridad nacional y de seguridad pública que el estado mexicano impulsa, y en donde la relación entre civiles y militares se modificó, tomando estos últimos un papel cada vez más relevante en tales cuestiones. La mayoría de los controles civiles objetivos y subjetivos se encuentra en una grave crisis a nivel nacional debido a que la transición política y los conflictos político-militares han cuestionado severamente el poder presidencial y la conducción social en Morelos.
Dada la complejidad de la inseguridad pública en cualquier región mexicana, es difícil que se dé un regreso rápido a las formas de control civil objetivo, así como el retorno de los militares a los cuarteles. Para mediados de 1997, más del 75 por ciento de las fuerzas policíacas del país se encontraban ya en manos del ejército. Sin embargo, los militares no pudieron y no han podido garantizar la seguridad pública. Los operativos policiaco-militares en contra de la delincuencia no sólo son ineficaces, sino que han violado los derechos humanos de la población donde se llevan a cabo. Los índices de delincuencia e inseguridad no disminuyen; y en la violación sistemática de los derechos humanos, incluyendo la tortura, los militares se encuentran entre los principales actores. Así las cosas, los morelenses pronto sabremos el nombre de un (a) civil que será designado (a) como secretario de Seguridad Pública, pero teniendo a un militar al frente de la futura policía de mando único. Más de lo mismo.
