Mientras tanto, el Ayuntamiento, a través de la Subsecretaría de Servicios Públicos, a cuyo frente se encuentra el atribulado ex regidor Alfredo Gutiérrez Truheart, siguió improvisando puntos de transferencia, como ocurrió con un área adyacente al Rastro Municipal, donde se concentraron miles de toneladas de basura, a fin de llevarlas a algún relleno sanitario o tiradero a cielo abierto. Dicho funcionario, al mediodía del mismo jueves, aseguró que PASA ya no estaba a cargo del servicio, lo cual fue confirmado por el alcalde Manuel Martínez Garrigós durante una visita al mercado “Adolfo López Mateos”.
El lunes pasado y tras la clausura del relleno sanitario de “Loma Mejía” (ocurrido un día antes), la Subsecretaría de Servicios Públicos garantizó que la dependencia utilizaría las mismas rutas de PASA e impediría, primero, la acumulación de basura en las calles, y después, una crisis de recolección, traslado y confinamiento de los desechos como la que padecimos entre octubre y noviembre de 2006. Anunció que el servicio domiciliario correría a cargo de las autoridades municipales, siendo apoyadas por el parque vehicular del propio Ayuntamiento y unidades afiliadas a uniones de transportistas de la CTM. Empero, tal recorrido de vehículos jamás se presentó, situación que continuaba igual hasta ayer, al menos en la colonia donde vive quien esto escribe.
A la comuna capitalina ya se le hizo bolas el engrudo, mientras PASA, hasta el momento de redactar la presente columna (alrededor de las 15:00 horas de ayer), seguía sin reanudar actividades, amén de que el procedimiento jurídico para rescindirle su contrato no se ha iniciado conforme lo indica nuestro marco legal vigente. A estas alturas del conflicto y después de que el alcalde Martínez Garrigós informó sobre la inminente licitación pública nacional para concesionar el servicio de limpia a otra empresa, nos encontramos ante una evidente decisión autoritaria, asumida al calor de la pasión y dizque para fortalecer las finanzas públicas de Cuernavaca. PASA es, por ahora, el malo de la película y se convirtió en anatema pues “no cumplió con las exigencias sociales de la capital morelense”. En fin.
Pasando a otro tema comentaré que, hasta el momento de enviar a nuestra redacción el presente trabajo periodístico, era un hecho la llegada de Lucero Ivonne Benítez Villaseñor a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE), sustituyendo al ingeniero Fausto Gutiérrez Aragón, quien retornará de manera triunfal a la dirección general de la prestigiada Universidad Mexicana de Educación a Distancia (UMED). Hasta donde tengo entendido, la fémina, quien sería la primera dama en llegar a la titularidad del “ombudsman” morelense, fue apoyada por el grupo parlamentario del PRI. El nombramiento debió ser acordado ayer en el Congreso local.
Sin embargo, es importante referir que Lucero Ivonne, también promotora de una residencia geriátrica denominada “Golden Seasons”, demandó a la propia CDHE en mayo de 2006, al parecer por despido injustificado, siendo indemnizada el 22 de marzo de 2007 por la misma institución con 225 mil pesos. El convenio respectivo, firmado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el 30 de marzo de 2007, quedó registrado bajo el expediente 01/1152/06-B. Empero, durante el conflicto laboral también fue beneficiada una compañera de Lucero, de nombre Rita Marcela Vargas Flores, quien recibió 110 mil pesos como liquidación.
La asesora legal de la inminente presidenta de la CDHE fue Yolanda Gutiérrez Neri. Pero algo debió suceder con sus honorarios, pues demandó a Benítez Villaseñor ante el Juzgado Noveno Civil, según quedó asentado en el expediente 302/07 de la Segunda Secretaría. La “doctora en derechos humanos”, según vemos, es algo conflictiva. Empero, Jorge Arizmendi García, coordinador del GPPRI, quien también buscó ser “ombudsman” en abril de 2007, hasta el momento de escribir esta columna, la estaba apoyando incondicionalmente, dejando en el camino a Gerardo Vargas Salgado, quien merecía una oportunidad. En fin.
