Dicha señal puede ser interpretada así: “Aquí nomás nuestros chicharrones truenan. Al fin y al cabo ya somos actores políticos en esta entidad, donde hacemos lo que queremos bajo la égida de la impunidad”. Por lo tanto no tuvieron ningún empacho en bloquear ayer la avenida Matamoros, afuera del Palacio Legislativo; impedir la entrada y salida de los ciudadanos al recinto parlamentario, y amenazar con paralizar el servicio si nuestros ínclitos diputados mantienen su obcecado afán de abrogar el decreto 5022 promulgado por Marco Adame Castillo, actual titular del Poder Ejecutivo, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del pasado 5 de septiembre. Aquello autorizó que la tarifa de los ruteros pasara de 5.50 a 6.50 pesos, aunque en muchas regiones los concesionarios están haciendo de las suyas y aplicando a su antojo cualquier cantidad económica. A río revuelto, ganancia de pescadores.
Antes de continuar quiero recordar lo ocurrido en varios municipios el 4 de enero de 2002 siendo Sergio Estrada Cajigal Ramírez el gobernador en turno. La capital morelense y toda su zona conurbada experimentaron el caos y la histeria colectiva provocados por la paralización del transporte público bajo el capricho de las dos principales organizaciones de permisionarios: Rutas Unidas de Cuernavaca y la Federación Auténtica del Transporte. El movimiento tuvo como objetivo un incremento tarifario: pasar de 3.50 a 4.00 pesos. Miles de morelenses se quedaron en las calles sin poder transportarse hacia sus hogares o centros de trabajo, mientras los taxistas hicieron su agosto. A la basura fueron a dar las torpes y desesperadas maniobras ejecutadas por Eduardo González Pico, entonces director general del Transporte, quien no logró contener la embestida de los ruteros. Finalmente, estos se salieron con la suya. Cabe subrayar que en torno al incremento tarifario autorizado por Adame Castillo hace apenas unos días, los permisionarios anhelaban subir el costo del pasaje a 9.00 pesos, lo cual hubiera provocado un estallido social.
Pero algunos diputados, entre ellos la legisladora priísta Rosalina Mazari Espín, propusieron el miércoles de la semana pasada un punto de acuerdo para exhortar a Marco Adame Castillo a que se retractara sobre el mentado aumento tarifario, lo cual jamás ha sucedido ni sucederá. Y ante la posibilidad de que el Congreso operase por su lado para conseguir tal objetivo, pero también en el ánimo de advertirle a Graco Ramírez Garrido Abreu que quienes mandan en Morelos no son nuestras autoridades sino las dos agrupaciones de ruteros antes mencionadas, fue como la víspera se hicieron presentes alrededor de 800 transportistas en la sede del Congreso para hacerse escuchar o de lo contrario paralizarán el servicio cuando se les pegue la gana.
Este contexto me lleva a reflexionar una vez más sobre la firme determinación asumida hace 27 años por el entonces gobernador Lauro Ortega Martínez quien, durante un movimiento transporteril similar, liberó el otorgamiento de nuevas concesiones para satisfacer la demanda del servicio. Al principio del nuevo sistema de transportación colectiva hubo incomodidad e irritación entre los usuarios pero el mandatario no se doblegó ante las presiones y puso fin a la existencia del “pulpo camionero” dando paso al actual sistema de rutas (lamentablemente creó un auténtico Frankenstein). Sin embargo, tenía el apoyo del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, independientemente de que el pueblo lo respaldaba. Asimismo, la coyuntura era distinta: Ortega llevaba tres años al frente del Poder Ejecutivo, situación opuesta a lo que experimentan Marco Adame Castillo, quien ya va de salida, y Graco Ramírez Garrido Abreu, cuyo interés es evitar el desbordamiento de los factores de la gobernabilidad antes, durante y después de su inminente toma de protesta. Por lo pronto, quienes dialogaron ayer con los belicosos líderes transporteriles destrabaron eventualmente el conflicto, frenaron su intentona paralizadora, establecieron una mesa de diálogo y garantizaron que el tema del transporte público será objeto de un “análisis profundo”, tal como se ha prometido a lo largo de varias décadas mientras los ruteros fueron ganando poder, poder y más poder. Es más: me atrevo a asegurar que son ellos quienes proponen y disponen ante el funcionamiento de una obsoleta y corrupta Dirección General del Transporte pisoteando la rebasada ley en la materia.
La problemática del transporte público con itinerario fijo (me parece que también debemos sumar a los taxistas) siempre ha desembocado en conflictos sociales como el de ayer. Entre las causas fundamentales, irresueltas por varios gobernadores y cualquier número de directores generales del Transporte, tenemos las siguientes: normatividad jurídica pobre y obsoleta; falta de aplicación y observancia a la reglamentación; anarquía y desorden en la operación; sobreoferta del servicio; falta de cobertura territorial y horaria; administración inadecuada hombre/camión; liderazgos y cotos de poder; exclusión de los usuarios (actores principales) en las acciones del transporte; ausencia de elementos técnicos en la decisiones tomadas; carencia de una visión integral y democrática; desinterés, incompetencia e incapacidad de las autoridades responsables; parque vehicular obsoleto, inseguro y contaminante; especulación desmedida de parte de los concesionarios; indefinición de los ámbitos de competencia estatal y municipal en la normas de planeación, control y operación; carencia de profesionalismo y cultura de servicio en los prestadores; déficit y mal estado de las vialidades.
Los efectos han sido, entre otros, los siguientes: inestabilidad y debilitamiento de las autoridades ante las presiones del gremio transportista; controversias legales por vacíos en las disposiciones jurídicas; fugas económicas y desperdicio de energía en la operación del transporte; tarifas caras que no corresponden a los recorridos, el confort y la seguridad de los usuarios; corredores viales saturados de vehículos de transporte urbano con bajos niveles de ocupación; recorridos tortuosos e innecesarios; otorgamiento de concesiones innecesarias; exagerada especulación y rentismo de las concesiones otorgadas; desorden y anarquía en la operación de transporte que afecta las vialidades, la productividad y la convivencia urbana; distribución desigual de los ingresos de las unidades de transporte, dejándole la carga mayor de responsabilidad a los operadores; operación del transporte federal en zonas urbanas; corrupción en el otorgamiento y el padrón de concesiones; y falta de recursos técnicos por parte de la autoridad competente. Y ya viene la Secretaría de Movilidad y el Transporte propugnada por Graco Ramírez Garrido Abreu. A ver.
