Indica lo siguiente: “Agradezco el seguimiento que se ha dado a las elecciones internas del Partido de la Revolución Democrática en Morelos, especialmente lo referente a las Elecciones Extraordinarias que se habrán de realizar en próximas fechas derivado de las resoluciones emitidas por el Tribunal Federal Electoral (Trife). Pero su reporte contiene información errónea, ya que, si bien es cierto que la C. Blanca Estela Mojica Martínez fue la promovente del Juicio a fin de anular las elecciones arriba citadas, no lo es el párrafo que a continuación cito. ‘La fémina se inscribió en octubre de 2011 para participar en el proceso de elección interna del PRD como candidata a consejera estatal, cargo que jamás consiguió. Tuvo dos abogados –afines a la causa de Raúl Iragorri Montoya- que la defendieron: Leonel Díaz Rogel y Lázaro Velázquez. Los tres celebraron la resolución del Trife para anular 41 de 168 casillas que se instalaron en octubre de 2011. Esas 41 casillas representaron el 24.4 por ciento del total de mesas de votación instaladas; y según el Trife dicho porcentaje fue suficiente para declarar la nulidad del proceso original’”. Así, la abogada Mosqueda precisa que dichos procedimientos, desde su inicio, fueron patrocinados por el despacho Rusconi & Asociados, específicamente por el abogado Eduardo Miguel Rusconi Trujillo. Servidos. Agradezco, pues, la aclaración a tan importante firma, en virtud de que Leonel Díaz Rogel y Lázaro Velázquez siempre se proyectaron como los auspiciadores del recurso interpuesto ante el Trife. Pasemos a otros asuntos.

Una encuesta de la empresa “Demotecnia” aplicada a comienzos de 2012 para conocer la opinión de los ciudadanos sobre el trabajo que desarrollan los distintos actores políticos y sociales de México, fue difundida el 29 de febrero por el diario “24 horas”, a cargo del periodista Raymundo Rivapalacio. El trabajo dejó un pésimo sabor de boca en torno al desempeño de los políticos adscritos a cualquier orden de gobierno. Según la investigación, todo lo que huela a política es repudiado por la sociedad mexicana. La crisis de la política es multifactorial a nivel nacional, pero hoy quisiera mencionar uno de los principales excesos que irritan sobremanera a los ciudadanos, generándoles tales niveles de animadversión hacia los protagonistas de la vida pública: los excesivos sueldos y canonjías de que disponen mes a mes, convirtiéndolos en parte de la “burocracia dorada” mexicana. Obviamente, el fenómeno se repite por igual en Morelos, entidad federativa urgida de recursos y donde a partir de enero de 2013, cuando tomen posesión los nuevos alcaldes, surgirá el riesgo de ingobernabilidad debido a las penurias financieras de los 33 ayuntamientos. Al tiempo y constataremos las vulnerabilidades respectivas, recurrentes durante todas las transiciones políticas.

Los mexicanos reclaman austeridad y no ostentación. Ningún miembro de nuestra sociedad ignora la existencia de remuneraciones excesivas y oprobiosas en cualquier ámbito del gobierno. Esta grave situación se traduce en una sangría presupuestal, por lo que se hace necesario un límite que equilibre tal desproporción y termine con el derroche vergonzoso de los recursos públicos. A lo antes dicho debemos agregar las ignominiosas jubilaciones que el Congreso local, acatando la Ley Estatal del Servicio Civil, debe otorgar a ciertos servidores públicos propiciando alarmantes robos al erario. Abundan los casos de ex funcionarios públicos cuyos niveles de bienestar no los tiene ningún alto ejecutivo de los más importantes laboratorios trasnacionales existentes en CIVAC. Ayer aludí el caso del ex procurador general de Justicia, Hugo Bello Ocampo, quien percibe actualmente una pensión por jubilación superior a los 47 mil pesos mensuales y cuya situación patrimonial se consolidará todavía más en breve, pues a partir del 1 de enero fungirá como consejero jurídico del Ayuntamiento de Temixco, donde podría alcanzar un salario mensual de -al menos- 30 mil pesos. La burocracia dorada en su máximo esplendor, aunque dentro de una paupérrima localidad.

La ex diputada local perredista Hortencia Figueroa, hoy presidenta municipal electa de Jojutla, impulsó a inicios de 2012 varias reformas a la Ley Estatal del Servicio Civil en lo tocante a los altos sueldos de la “burocracia dorada”, las ofensivas jubilaciones y los exorbitantes aguinaldos, pero apenas llegaron en primera lectura al pleno. La iniciativa duerme el sueño de los justos en la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación. Es obvio inferir que ni siquiera los legisladores de su grupo parlamentario apoyaron la idea de eliminar el multicitado saqueo institucionalizado. Hasta aquí los antecedentes de otra iniciativa que, con el mismo sentido, será presentada hoy en el Congreso local por la diputada priísta Rosalina Mazari Espín, quien propondrá reformas a los artículos 59 y 66 de la Ley Estatal del Servicio Civil. La ex legisladora federal, en la exposición de motivos, retomará los argumentos de siempre: el exceso, los abusos, la mala fe, el pésimo proceder de trabajadores de confianza, los altos niveles de ingresos, la flexibilidad legal para conseguir pensiones vitalicias, etcétera. Aunque la fémina presentará otras iniciativas, de mi parte le daré seguimiento al asunto de las mentadas jubilaciones.

Finalmente diré que las demandas de la Sección 19 del SNTE al gobierno estatal no son nuevas. Empero, llaman la atención porque dicha agrupación magisterial amenazó con paralizar el sistema de educación básica si las autoridades morelenses no las resuelven cuanto antes. Todos los conceptos han sido reconocidos en negociaciones salariales anteriores y corresponden a partidas federales etiquetadas previo a su ejercicio. Es decir: su único destinatario sería el maestro al que, teóricamente, tendrían que beneficiar. Me estoy refiriendo a la Compensación Provisional Compactable, rezagada desde 2008 y que el gobierno no ha pagado; prevalecen adeudos en Carrera Magisterial; en torno al concepto Proyección Detallada (correspondiente a plazas nuevas y ampliaciones de horarios magisteriales) abundan los maestros que llevan más de un año laborando con claves presupuestales asignadas, pero sin percibir un quinto; respecto al Fondo para el Retiro y Bienestar del Magisterio Morelense es la prestación más reciente y fue autorizada y fondeada desde la negociación de 2008. Dizque ayudaría a los trabajadores que se jubilen en el futuro y liberaría en parte la presión que padecen los maestros jubilados. Y subsisten adeudos alrededor del estímulo para maestros que cumplieron en el año 2012 años de servicios, correspondiente a la minuta de negociación firmada el pasado mes de julio. Las exigencias de pago se remontan a 2009, pero el gobierno estatal le dio largas al espinoso asunto. Hasta donde estoy informado es difícil calcular el monto exacto de cada concepto pues ello depende de la clave presupuestal de los docentes beneficiados, pero se estima que el monto total supera los 50 millones de pesos. A ver.