De entrada la mayoría desconoce el actual sistema de justicia adversarial. No tienen la mínima idea de sus fundamentos. Y no creo que posean la suficiente capacidad para encabezar a futuro la creación de una Fiscalía General del Estado (semejante a la que ya existe en Chiapas) como un órgano constitucional que cuente con autonomía técnica de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio. El gobernador Graco Ramírez, por si no lo saben ustedes, impulsará lo anterior, pero además otras vertientes entre las cuales tendrá especial relevancia la carrera ministerial. A juzgar por las apariencias, lo más probable es que el titular del Poder Ejecutivo vea vencidos los 40 días fijados por la ley para el envío de la ansiada fórmula al Congreso sin haber logrado la conformación de una terna que garantice algo a favor de la ciudadanía. Pero en caso de estructurarla correrá el riesgo de que los diputados adscritos a la 52 Legislatura, en estricto sentido republicano, se la rechacen. Lo opuesto, es decir la aceptación tácita de cualquiera, se deberá a una evidente instrucción de Graco Ramírez al coordinador del grupo parlamentario de las izquierdas, Juan Angel Flores Bustamante, quien, gracias a la reciente anexión de tres diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), asegurará los 21 votos necesarios en la Cámara de Diputados para sacar adelante al nuevo procurador, sin mayor dificultad, cabildeos desgastantes y la politización que busca erradicar Ramírez Garrido Abreu.

A continuación haré un somero análisis sobre el perfil de quienes ayer quedaron prácticamente registrados para participar en las eliminatorias. Lo haré en el orden asignado a los suspirantes por la Secretaría de Información y Comunicación del gobierno estatal en un boletín oficial. Marcelino Vázquez Huitrón; ya fue efímero subprocurador de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada de la PGJ; se dice apoyado por el gobernador, pero sobre todo por Alicia Vázquez Luna, secretaria de Seguridad Pública; no tiene experiencia en juicios orales y su manejo político es endeble. Adela Manzanares Alonso; ex directora de Averiguaciones Previas de la PGJ; con personalidad valiente, pero con un conocimiento medio sobre el nuevo sistema de justicia adversarial. Honorato Estrada Guadarrama; abogado civilista intrascendente y gris. Leonardo Silva Anguiano; chambista y quien pudiera estar tirando hacia el cargo de procurador para conseguir una dirección general en la PGJ, donde ya fue gris director de planeación en la época de Claudia Aponte Maysse. Juan Juárez Rivas; conocido por su belicosidad; sin mucha preparación y decidido a representar a grupos sociales que se opongan a todo; se le ubica como desconocedor del sistema de justicia adversarial. Ana Luisa Rocha Valencia; en su casa la conocen. Israel Rafael Pérez; fue subprocurador de la zona sur-poniente también en el tiempo de Aponte Maysse; bastante grillo y abogado de ganaderos y campesinos de la misma zona; es el equivalente a Juan Juárez Rivas en los municipios respectivos. Yolanda Gutiérrez Neri; mediocre abogada laboralista; fue diputada local en la 44 Legislatura y obtuvo su pensión por jubilación el 25 de julio de 2001 tras haber sido directora general de Legislación y Reglamentación de la Consejería Jurídica estatal.

Seguimos con Raúl Vergara Mireles (aparece también en el boletín gubernamental); fungió como subsecretario de Gobierno y secretario de Seguridad Pública del Estado entre septiembre de 1997 y diciembre de 1999; es especialista en derecho agrario, sin práctica en el litigio; hoy es director de la Facultad de Derecho de la UAEM gracias al apoyo que en su momento le otorgó Jorge Arturo García Rubí, de gran estima en ese plantel. Enrique Pérez Salazar; ha sido un auténtico saltimbanqui; con Pedro Luis Benítez Vélez fue director de planeación y coordinador administrativo; recientemente sirvió como encargado para el proceso de entrega-recepción entre PGJ y la nueva administración estatal; litiga (de todo un poco) cuando no tiene chamba en el sector público, aunque sin tener especialización en nada. Daniel Montero Zendejas; fue delegado de la PGR en 1998, donde pasó inadvertido; en el primer trimestre de 2009, gracias al respaldo de Jorge Morales Barud, entonces secretario de Gobierno, se le nombró subsecretario de Readaptación Social, de donde fue cesado un año después debido a errores garrafales; hoy presume de tener el apoyo “pleno” del rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez; por lo demás es bastante mitómano. Jesús Díaz Dircio; un abogado joven que está tirando al cargo de procurador para conseguir una dirección general en la PGJ. Georgina Valladolid; ex agente del Ministerio Público cesada por reprobar hace un año el examen de control y confianza. Raúl Moreno Villafuerte; ex delegado de la Barra de Abogados en Cuautla, quien sería un chivo loco en cristalería; sin mayor trascendencia en la abogacía morelense. Rafael Humberto Garduño García; ex presidente del Tribunal Superior de Justicia; ex director en la Facultad de Derecho de la UAEM y actual catedrático en ese plantel, con algunas quejas abiertas por hostigamiento a jóvenes universitarios. Gabina Reyes Quesada; su último cargo fue el de juez civil en el TSJ (Quinto Mercantil); de 73 años de edad, con los cuales incumple un requisito constitucional. Josué Rodolfo Tapia Acevedo; ex agente del MP desde hace diez años; litigante mediocre e ignorante del nuevo sistema de justicia adversarial. Agustín Aragón Sosa; llegaría a incendiar la PGJ. Y finalmente el ex diputado local Javier Mújica Díaz; su primera acción, en caso de ser procurador, sería hurgar entre los 60 mil expedientes acumulados en el rezago histórico de la PGJ hasta encontrar los que se le abrieron por abuso de autoridad y otros delitos cuando fue presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Así las cosas, amables lectores, ¡hagan sus apuestas! De cualquier forma, es loable la posición de apertura asumida por Graco Ramírez Garrido Abreu.