El Estado se mantiene dentro de las diez regiones con mayor incidencia delictiva y superior tasa de ilícitos cometidos por cada 100 mil habitantes. Se trata de posiciones nada envidiables en el “ranking” nacional que, lamentablemente, confirman las recientes ejecuciones acaecidas en diferentes puntos de la zona metropolitana de Cuernavaca y otras localidades, amén de que la cifra de asesinatos, a nivel estatal, asciende a 525 casos en lo que va de 2012.

Ni duda cabe: la realidad delictiva nos proyecta por todos lados como un territorio plagado de hampones donde las balaceras se suscitan a cada rato y en cualquier esquina de Cuernavaca, capital morelense que acaba de atestiguar el enésimo cambio en los mandos de la Policía Preventiva Municipal, cuyos principales responsables fueron cesados tras reprobar los exámenes de control y confianza aplicados por el Instituto de Certificación y Evaluación dependiente del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Imaginen ustedes el deleznable escenario, que se complementa con la exigua disponibilidad de elementos en activo dizque para proteger la integridad física de los cuernavaquenses, la inexistencia de un adecuado parque vehicular, la carencia de equipo y armamento que contrarreste la acción de las bandas delincuenciales, y la penosa situación del famoso C-4 de Cuernavaca, cuya operación abarca sólo cinco de 60 cámaras de video vigilancia. Una auténtica “arcadia” que proyecta a Morelos como un foco rojo en materia de inseguridad pública. Al respecto es importante recordar que las alertas de viaje emitidas entre 2010 y 2011 por algunos gobiernos extranjeros y dirigidas a sus ciudadanos para que no viajen a Cuernavaca no sólo afecta a nuestra capital, sino al resto de la entidad. Cuernavaca es la zona que existe en el mapa turístico mundial y no Morelos. Por cierto, el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu se comprometió anteayer a cambiar esas alertas por otro contexto que reactive la industria de las escuelas de español.

El antecesor de Alicia Vázquez Luna en la secretaría de Seguridad Pública de Morelos, el general Rafael García Aguilar, hace poco indicó que los hechos violentos se debían a la rivalidad entre grupos del crimen organizado, “en tanto el Plan Morelos Seguro ha rendido frutos a favor de la sociedad civil”. Pero la realidad es que la percepción de inseguridad pública no disminuye. Por el contrario: la vida nocturna en Cuernavaca y su periferia está prácticamente muerta, mientras que infinidad de familias optaron por recluirse en sus casas a partir de las 19:00 o 20:00 horas a diario y sobre todo durante los fines de semana. Propios y extraños saben que en menos de dos semanas 32 personas fueron privadas de la vida en forma violenta; algunos cuerpos presentaron huellas de tortura; otros aparecieron con un disparo en la cabeza o decapitados; actos atribuidos a células del crimen organizado que se disputan la plaza desde diciembre de 2009. A cuatro meses de que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa determinara reforzar la seguridad en Morelos con agentes federales y elementos del Ejército a través del Plan Morelos Seguro se habían cometido 143 asesinatos, de los cuales 104 correspondieron a jóvenes y 30 a mujeres, entre ellas varias estudiantes y 9 adolescentes que no rebasaban los 17 años. En este contexto, el mes de julio fue el más violento de 2012, al cometerse 79 asesinatos, la mayoría contra personas no mayores de edad, con 34 decesos, cuatro de ellos del sector femenino. Etcétera.

Cada vez que los medios informativos se refieren a la percepción de inseguridad pública entre la sociedad, el tema le genera prurito a las autoridades respectivas. Empero, la inseguridad no es un problema subjetivo de pura percepción. Es real y las autoridades federales lo miden con la denominada tasa por cada 100 mil habitantes, instrumento que permite la comparación entre jurisdicciones de diferente proporción geográfica y poblacional. La tasa nacional respectiva, según el VI Informe del presidente Felipe Calderón Hinojosa, fue de 14.25 por cada 100 mil habitantes en el año analizado. El crimen es la principal causa de la sensación de inseguridad, mientras que la negligencia, la incompetencia y la corrupción en el sistema de justicia generan indefensión. Morelos permanece entre las seis entidades que arrojan tasas de delitos superiores a la tasa nacional: 365 ilícitos diarios por cada 100 mil habitantes. A julio del presente año se habían cometido aquí 23 mil 402 delitos (de diferente envergadura), cantidad que al terminar 2012 llegará conservadoramente a 43 mil 263 si consideramos como parámetro la incidencia delictiva de 2011, pero este año la cifra podría ser superior.

Desde 1997 a la fecha nunca ha bajado la incidencia delictiva general y sí ha crecido: en 1997 hubo 27 mil 295 delitos; 25 mil 724 en 1998; 30 mil 281 en 1999; 27 mil 226 en 2000 (siendo ya gobernador el panista Sergio Estrada Cajigal); 35 mil 422 en 2001; 33 mil 470 en 2002; 33 mil 872 en 2003; 36 mil 513 en 2004; 41 mil 951 en 2005; 44 mil 506 en 2006 (siendo ya gobernador el también panista Marco Adame Castillo); 45 mil 312 en 2007; 46 mil 104 en 2008; 48 mil 149 en 2009; 45 mil 932 en 2010; 43 mil 263 en 2011; y hasta julio pasado se habían cometido, como ya lo dije, 23 mil 402 delitos. Todo lo anterior es sumamente grave considerando el tamaño de nuestro Estado cuya problemática, por más que quiera ser tapada o maquillada por las autoridades dedicadas dizque a aplicar el Plan Morelos Seguro y otras estrategias adicionales, es idéntica a la de grandes entidades federativas del norte cuya tasa de delitos por cada 100 mil habitantes es igual o menor a la nuestra. Por cierto, déjeme comentarle a usted que el promedio de delitos del fuero común, comparativamente con los del federal, nos confirma como un territorio altamente conflictivo. En 2008, por ejemplo, la cantidad de delitos federales fue de 2031 (prevaleciendo la portación de arma prohibida y los delitos contra la salud), mientras que los actos ilegales del fuero común fue de 46 mil 104. Y así sucesivamente durante los años posteriores. ¿Se justificaba la lucha contra el narco de Felipe Calderón en Morelos? Tocante al “narco-narco”, no; pero no podemos asegurar lo contrario en torno a la altísima incidencia delictiva del fuero común. Menudo problema cargará sobre sus espaldas el siguiente procurador o procuradora general de Justicia.

Así las cosas y dentro de este violento escenario, el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu encabezó ayer la primera reunión de trabajo con el Gabinete de Seguridad Pública, las fuerzas de seguridad federal y el Ejército Mexicano, “para establecer los mecanismos que garanticen el bienestar y la paz en las comunidades de Morelos”; esto en cumplimiento a lo anunciado por el mandatario estatal durante su toma de protesta: atender a diario el tema de seguridad. Dicho encuentro se realizó en la residencia oficial del Poder Ejecutivo, donde los asistentes plantearon las acciones a implementar. Desde luego, la Secretaría de Información y Comunicación de Ramírez Garrido Abreu no proporcionó datos sobre lo ahí evaluado, lo cual se comprende. Ojalá y que cualquier decisión adoptada en esas citas sea por el bien de Morelos, aunque vale la pena recordar que Marco Adame Castillo, durante todo su sexenio, encabezó reuniones similares dentro de lo que conocimos como Grupo Institucional Morelos, con resultados demasiado volátiles.