El 19 de septiembre de 2008, a un año y medio de iniciada la guerra del presidente Felipe Calderón contra el “narcotráfico”, transcribí cifras concentradas por el inolvidable maestro Rafael Ruiz Harrell, autor del libro “Criminalidad y Mal Gobierno” (Editorial Sansores & Aljure), quien estuvo avecindado en Cuernavaca desde hace muchas décadas hasta su fallecimiento el 29 de diciembre de 2007. El especialista documentó que en 1977 creció la delincuencia un 13.4 por ciento con relación al 9.5 por ciento de diciembre de 1976, cuando tomó posesión José López Portillo. Recuerden ustedes que en mayo de 1976, Armando León Bejarano rindió su protesta como gobernador de Morelos, en cuyo sexenio anidaron varios de los más importantes jefes del narcotráfico nacional. En 1983, a escasos meses del arribo de Miguel de la Madrid a la Presidencia, el aumento fue del 44.1 por ciento, el más alto de 1975 a 2008. Lauro Ortega Martínez asumió la titularidad del Poder Ejecutivo en mayo de 1982; lamentablemente, a pesar de que construyó la infraestructura básica jamás cristalizada por la mayoría de sus antecesores, no logró erradicar en su totalidad a las bandas delincuenciales.
En 1989, tras la llegada de Carlos Salinas de Gortari a la titularidad del Poder Ejecutivo federal, hubo una disminución de 8 por ciento contra el citado 44.1 por ciento. Para aquel entonces Antonio Riva Palacio López ya era gobernador de Morelos, quien pasó de noche respecto a la lucha contra el crimen organizado, todavía incipiente pero con una rápida expansión. En 1995, una vez iniciado el gobierno de Ernesto Zedillo, el porcentaje creció hasta 42.4 por ciento. Jorge Carrillo Olea había tomado posesión en 1994; su gestión administrativa abrió de par en par las puertas a los más importantes capos de este país. Para marzo del año 2001, Vicente Fox Quesada, el presidente de la alternancia en el poder, enfrentó un repunte delictivo que alcanzó casi el 43.0 por ciento. Ni qué decir sobre lo que sucedió durante los seis años de Sergio Estrada Cajigal, quien estuvo a punto de ser defenestrado (al igual que sucedió con Carrillo Olea en 1998) debido a sus omisiones frente al hampa organizado. Cabe subrayar que las estadísticas recabadas por Rafael Ruiz Harrell abarcaron hasta mediados de 2007. Sin embargo, nosotros logramos detectar, en lo que hasta septiembre de 2008 iba de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, niveles del 45.6 por ciento de incremento delictivo. El gobernador de Morelos era el panista Marco Antonio Adame Castillo, quien no consiguió salir airoso en el combate a la criminalidad.
La problemática a nivel nacional fue más grave que en épocas anteriores, pues el crimen tendió a expandirse por regiones. Cada zona se convirtió en un mercado. Por ello, las tasas delictivas -en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa- fueron notablemente altas en Baja California Norte, Michoacán, Sinaloa, Guerrero, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Jalisco, parte del Estado de México y Morelos. Nuestra entidad, a juzgar por las apariencias, ha sido y sigue siendo reducto del crimen organizado, lo cual se confirma con el nivel de violencia acaecido ayer en el municipio de Emiliano Zapata. Durante las dos últimas semanas del sexenio anterior hubo 20 ejecuciones.
En diez días del actual ya van 25 (sumando las muertes ocurridas la víspera). No obstante, el lunes de la presente semana el gobernante morelense declaró sin ambages que la administración anterior le dejó “condiciones deplorables” en materia de prevención y persecución de los delitos. Alicia Vázquez Luna, secretaria de Seguridad Pública de Morelos, aspira a mejorar las cosas con la contratación de más elementos policíacos, de lo cual da cuenta nuestro periódico en su edición de hoy. A ver.
Y en este contexto de inseguridad, a partir de este miércoles reporteros de Morelos iniciaron una jornada de protesta para exigir al gobierno estatal el cumplimiento del Mecanismo de Protección para Periodistas de la entidad, luego de que el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, eludió anteayer reunirse con una comisión de comunicadores. Los reporteros pretendían entregarle una carta donde manifiestan su preocupación por el alto riesgo que significa realizar la cobertura informativa sobre situaciones de violencia y conflictos sociales. Estos son los antecedentes. El jueves pasado media docena de reporteros fueron golpeados por manifestantes del municipio de Totolapan, cuyos grupos antagónicos exigen la participación de las autoridades en un conflicto social que detonó por la destitución del edil priísta, quien intentó regresar a su cargo tras perder las elecciones de julio pasado. Ese día en el vestíbulo del Congreso de Morelos los manifestantes afines al edil destituido, arremetieron contra reporteros para evitar que fotografiaran la orientación de artefactos explosivos hacia el interior del recinto Legislativo. Dos de los agresores fueron identificados como policías municipales de Totolapan.
Luego de la agresión, corresponsales de diarios nacionales llamaron vía telefónica a la oficina de la Secretaría de Gobierno estatal para solicitar la aplicación del Mecanismo de Protección, que sugiere el envío de la fuerza pública para inhibir acciones en contra de los comunicadores. Sin embargo, el llamado fue omitido por las autoridades. Los manifestantes de Totolapan amenazaron con regresar este miércoles al Congreso de Morelos para continuar con su protesta y los comunicadores comenzaron a tomar sus reservas, ante la negativa del gobierno para aplicar medidas cautelares a favor de los reporteros identificados por los agresores. Lo bueno fue que la gente de Totolapan no se presentó ayer en la sesión del pleno legislativo. Sin embargo, como una medida preventiva los periodistas buscaron anteayer una reunión con Messeguer Guillen para activar el Mecanismo de Protección firmado por autoridades gubernamentales el pasado viernes 28 de septiembre, pero el secretario de Gobierno los dejó plantados y salió por la puerta trasera de su oficina situada en Palacio de Gobierno. Más allá de cualquier acción legislativa promovida por los diputados locales, la sorpresiva irrupción de una docena de periodistas durante la sesión parlamentaria de ayer se llevó la nota, pues aparecieron portando cubre bocas de médico simulando mordazas contra la libertad de expresión. En fin.
