Sin embargo, le comento a usted que el tema no es nuevo. Lo adaptó Graco Ramírez Garrido Abreu en sus frecuentes apariciones mediáticas tras ganar las elecciones del 1 de julio para cuestionar a su antecesor, pero a nosotros nos traslada al 17 de noviembre de 2008, cuando en este espacio periodístico dimos a conocer lo que hoy cuestiona el nuevo titular del Poder Ejecutivo local. Aquel día comentamos que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (federal) difundió el 27 de noviembre de 2007 un documento referente a los subejercicios presupuestarios detectados durante el tercer trimestre de 2007, ilustrándonos sobre la negligencia de servidores públicos de los tres niveles de gobierno al aplicar los recursos multimillonarios asignados en los procesos anuales de aprobación del paquete financiero federal y sus homólogos locales. El tema salió a flote por aquellos tiempos de 2008, justo cuando el Congreso de Morelos debatía los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para 2009 enviados en tiempo y forma por el gobernador Marco Antonio Adame Castillo.
La mera verdad, no hay nada por descubrir tocante a los famosos subejercicios, contemplados extensamente por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, normatividad que, incluso, plasma sanciones a quienes realicen acciones u omisiones que deliberadamente generen subejercicios por un incumplimiento de los objetivos y metas anuales en sus presupuestos. El estudio de la Cámara de Diputados exhibió a una pléyade de funcionarios públicos indiferentes e irresponsables y la posibilidad de que algunos fueran citados a comparecer ante el Congreso del Estado. Entre ellos, definitivamente, se encontraba el entonces secretario ejecutivo del Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública (FOSEG) en el Estado, José Herrera Chávez, a quien se atribuyó un grave subejercicio en la aplicación de los recursos destinados a Morelos dentro del Fondo de Aportaciones que en la materia aprobó la Cámara de Diputados a finales de 2007. Así, los 200 millones de pesos jamás utilizados por el gobierno anterior (aludidos reiteradamente por Graco Ramírez) no son algo nuevo, sino el resultado de acciones negligentes y de encubrimiento por parte de quienes jamás sancionaron (o por lo menos llamaron la atención) a los entonces directivos del FOSEG y autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
¿Qué es un subejercicio? Se entiende como el gasto realizado en una cuantía menor a la presupuestada. “Con frecuencia la ocurrencia del mismo genera sobresaltos, en virtud de que el presupuesto se aprueba para dar cumplimiento a fines específicos; si los recursos no se ejercen, estos fines quedan desatendidos”. En el artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se define al subejercicio como las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el calendario de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución. Esto significa, amables lectores, que los subejercicios están ligados al incumplimiento de metas. Más claro, ni el agua. El problema se agrava cuando los recursos remanentes al cierre del ejercicio que no se hayan devengado deben ser concentrados invariablemente en la Tesorería General de la Federación.
Esto se ha repetido durante años en Morelos, como ocurrió con los dineros del Fondo de Seguridad Pública, según parece. Y muy seguramente sucedió lo mismo con el dinero no utilizado por la Secretaría de Salud y la CEAMA. Esto y la comisión de un crimen es lo mismo, tomando en consideración las circunstancias paupérrimas de nuestro Estado en múltiples rubros. Lo peor es que hacia noviembre de 2011 Morelos seguía apareciendo entre diez entidades que no aplicaron alrededor de 1 mil 681 millones de pesos adscritos al Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP). El 9 de noviembre del año pasado, el entonces secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Juan Miguel Alcántara Soria, informó que Aguascalientes, Guanajuato, Quintana Roo, Jalisco, Hidalgo, Distrito Federal, Oaxaca, Veracruz, Querétaro y Morelos eran las entidades con el mayor rezago. ¿Estos subejercicios contribuyeron a fomentar el caldo de cultivo para la expansión del crimen organizado? ¿Qué opina usted, amable lector?
Finalmente me referiré, aunque sea de manera breve, a la codicia que están manifestando algunos diputados de la 52 Legislatura morelense. No les son suficientes los 344 millones de pesos que como presupuesto de egresos del Poder Legislativo le sacaron para este año a Marco Adame Castillo. Una vez encumbrados, los mismos legisladores pretenden que la cifra suba hasta 486 millones de pesos. Esa es la cantidad del Proyecto de Presupuesto del Poder Legislativo para 2013, que obra ya en poder de Juan Angel Flores Bustamante, presidente de la Junta Política y de Gobierno, quien se niega a que los actuales recursos destinados al Congreso se muevan un milímetro. Simple y sencillamente sabe que no hay suficientes fondos en las arcas estatales. En el mismo contexto de codicia ha trascendido la inconformidad de varios diputados porque no alcanzaron automóvil en una reciente distribución (mediante sorteo) del parque vehicular existente. No entraré en detalles sobre los modelos y años de esos automóviles, pero sí debo hacer hincapié sobre la necesidad de que el Pleno parlamentario rechace cualquier pretensión en el siguiente sentido: no debe autorizar ninguna partida presupuestaria destinada a la adquisición de vehículos nuevos para cumplir el capricho de los ínclitos diputados. Los 30 miembros de la 52 Legislatura perciben recursos (públicos) suficientes como para acudir a cualquier agencia de automóviles nuevos, escoger el que más les plazca, obtenerlo mediante crédito y pagarlo sin ningún problema. Así las cosas, la sociedad morelense tendrá que estar muy atenta para evitar una nueva sangría en las ya de por sí mermadas arcas estatales. El Congreso local no es ninguna ínsula separada de la realidad económica actual, ni mucho menos una arcadia financiera.
