“Después de un proceso legislativo de dos años, hoy México cuenta con nuevas herramientas para evitar que los delincuentes sigan aprovechando las rentas que reciben de sus actividades ilícitas, para impedir que su poder económico crezca y financie más crímenes, corrompa autoridades o violenta los derechos de los ciudadano. Así damos respuesta las instituciones al justificado reclamo social de golpear a los criminales donde sabemos que más les afecta y más les interesa que son sus finanzas”, presumió Calderón Hinojosa.
Agregó que con esta ley México adopta los criterios internacionales más avanzados en el mundo en materia de lavado de dinero. Mencionó algunas de las acciones que prevé ley. Establece límites al uso de dinero en efectivo en operaciones relacionadas con la adquisición de bienes que rebasen las cuantías determinadas por la ley. Obliga a los intermediarios no financieros a verificar la identidad de sus clientes y sus usuarios, solicitarles información sobre su actividad, su ocupación o fuente de ingresos y conservar por cinco años la documentación. Los bancos y las casas de cambio deberán establecer medidas para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones sospechosas de ser tipificadas como lavado de dinero. Otorga más facultades a la PGR y la Secretaría de Hacienda para realizar visitas de verificación para comprobar si los sujetos obligados cumplen o no con los deberes que les impone la ley.
Y terminó diciendo Calderón Hinojosa: “Hoy se deja un proceso de fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y del marco legal en materia de seguridad y de justicia renovado, el reto es que estos esfuerzos sigan con efecto de que se recupere plenamente el orden y la paz en nuestras comunidades y se haga del imperio de la ley el pilar del progreso de nuestro querido México”. La ceremonia, realizada ante la presencia de diputados y senadores de distinta filiación partidaria, tuvo como escenario la escalinata de la Residencia Miguel Alemán, en Los Pinos. Hasta aquí la referencia actualizada sobre algo que creímos necesario el 15 de noviembre de 2009.
Entre varios antecedentes mencioné el hecho de que desde mediados de los ochenta detonó en Morelos un “boom” económico cuyos principales generadores aparecieron de la nada. Y no me referí a quienes, representando al sector público, se autocalificaban como “promotores de la inversión privada”, sino a perfectos hampones disfrazados de exitosos y poderosos empresarios. Asimismo, hice una analogía entre el árbol de bambú con la delincuencia organizada. Escribí: “Se trata de un enorme árbol que, en escasos años, se hace presente después de un prolongado enraizamiento. Si algo caracteriza a esta obra de la naturaleza son sus raíces invasivas, dispersas durante lustros. Así, no puedo describir la participación de delincuentes en la economía local sin recordar que desde el régimen de Armando León Bejarano (1976-1982) comenzamos a percibir la invasión de distintas vertientes del crimen organizado. Por citar un ejemplo mencionaré el caso de Rafael Aguilar Guajardo, uno de los principales fundadores del cártel de Juárez, quien casi todo el sexenio bejaranista fungió como delegado de la extinta Dirección Federal de Seguridad (años más tarde fue asesinado en la Plaza Caracol, de Cancún). Lo ocurrido en 1984 y 1985 a raíz del artero asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, es decir la expansión de los barones de la droga, tuvo precedentes y nadie los notó (o simplemente los ignoró, por razones obvias)”.
La Subprocuraduría de Investigaciones en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República llevó a cabo en Cuernavaca, en octubre de 2009, varios operativos para revisar algunas casas de cambio a fin de detectar la utilización de recursos de procedencia ilícita. Desde luego que llamaron la atención, pero fueron garbanzos de a libra, pues la impunidad con que actuaba la delincuencia organizada sigue latente hasta nuestros días. Siempre acompañamos nuestras observaciones con los ensayos de expertos sobre el fenómeno del narcotráfico en México y Estados Unidos. En resumen, todos opinaban que la lucha contra ese flagelo era errónea. Afirmaban que “no es sólo con poder de fuego y capacidad bélica como se podrá derrotar a los cárteles, sino desmantelando sus estructuras financieras, hoy intactas y operando”. Como muestra de la fallida estrategia antinarco, recordaban, “son las más de 15 mil personas ejecutadas, sin contar las muertes derivadas de esta lucha, de cientos de soldados, policías federales, estatales y municipales, incluso de civiles y periodistas”. Lamentablemente, la cifra de 15 mil muertos pasó a alrededor de 75 mil en octubre de 2012.
“El Universal” publicó el 15 de noviembre de 2009 una entrevista concedida por Edgardo Buscaglia, profesor de Derecho y Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y director del Centro internacional de Desarrollo Legal y Económico, quien dijo que el gobierno mexicano “no posee una estrategia de lucha contra empresas criminales como lo son los siete cárteles que operan bajo las características de corporaciones, obteniendo ganancias millonarias ubicadas en patrimonios”. Explicó que en México, 78 por ciento de los sectores económicos están infiltrados por el narcotráfico, “y eso está documentado en casos judiciales”. El caso de empresas intervenidas en Morelos lo confirmaba.
Y en más respecto al tema de hoy recordaré la columna del 27 de marzo, también de 2009, cuando transcribí parte de lo dicho por Hillary Clinton, secretaria de Estado de los Estados Unidos (durante una visita a México), en el sentido de que los consumidores de droga de su país entregan cada año a los grupos del crimen organizado un “arma financiera” de 25 mil millones de dólares. Durante una visita a Monterrey, Clinton estimó que las ganancias ilícitas que el narcotráfico obtiene en EUA ascienden a dicha cifra, lo que permite a la delincuencia “continuar con su campaña de violencia y de ignorancia a la ley”. Empero, también recordé lo dicho el 10 de agosto de 2008, en Villahermosa, por Santiago Creel Miranda, entonces presidente del Senado mexicano, quien expresó: “Que no nos engañen. El dinero del narcotráfico no anda viajando en maletas por todo el país. Está depositado en los bancos”. Sus palabras fueron catalogadas como una crítica a la política de seguridad pública del gobierno de Felipe Calderón, que tiempo después siguieron impugnando expertos como Edgardo Buscaglia. Añadió Creel: “No es cosa de aumentar las penas a los delitos más graves. Hay que atacar la base financiera del narcotráfico”. Lamentablemente, el escenario permaneció intacto, mientras la guerra se recrudeció. ¿Llegó tarde la Ley Contra el Lavado de Dinero? A ver.
