Hace años hice un reportaje sobre el posicionamiento de Morelos a nivel nacional basándome en una investigación del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Morelos, cuyo título fue “La Competitividad de los Estados Mexicanos” (1995). Aquel trabajo estuvo coordinado por Eduardo D. Reynoso, entonces catedrático del Centro de Estudios Estratégicos de dicho plantel.
A continuación transcribiré los principales indicadores (mencionados por el libro) que, según el Foro Económico Mundial, engloban el modelo de competitividad entre las naciones: fortaleza de la economía (evaluación macroeconómica desde la perspectiva de la economía doméstica); internacionalización (grado de participación en los negocios internacionales); gobierno (gestión del gobierno en la formulación de políticas de apoyo a la competitividad); administración (eficiencia de la administración empresarial y desempeño de las corporaciones); finanzas (desempeño de los mercados de capital y eficiencia de los servicios financieros); infraestructura (grado en que los recursos y los sistemas físicos satisfacen las necesidades básicas de los negocios); ciencia y tecnología (capacidad científica y tecnológica para el desarrollo de la investigación básica y aplicada); y recursos humanos (disponibilidad de mano de obra capacitada). Por razones de espacio no transcribo otros indicadores. Empero, desde mi particular punto de vista creo que a los anteriores indicadores debe sumársele otro: el de las condiciones de la seguridad pública (o inseguridad, como quiera usted llamarle estimado lector).
El desarrollo y crecimiento económico de Morelos se ha presentado en varios capítulos históricos, desde el gobierno de don Vicente Estrada Cajigal (1930), hasta nuestros días. Don Vicente colocó las primeras bases sobre el potencial de nuestra entidad frente a la República Mexicana, una vez restaurado el orden constitucional después de la Revolución Mexicana. El sexenio de Emilio Riva Palacio Morales (1964) fue diametralmente opuesto a los de Felipe Rivera Crespo (1970) y Armando León Bejarano (1976). Don Emilio continuó la infraestructura iniciada por Vicente Estrada Cajigal y suspendida por sus antecesores (militares), mientras Rivera Crespo tuvo como principal sello los negocios inmobiliarios entre funcionarios de primer nivel y empresarios (al margen legal); y Bejarano permitió la incrustación de las primeras células de la delincuencia organizada aún latente en la actualidad. No constatamos tampoco el mismo dinamismo económico inyectado a todas las regiones por Lauro Ortega (1982) durante el periodo de Antonio Riva Palacio (1988), quien impulsó la expansión de los grandes consorcios comerciales pulverizando a centenares de micro y medianos empresarios (esto se repite hoy en día a través de las famosas tiendas de conveniencia). Ni tampoco fue igual el sexenio de pesadilla (1994-2000), donde tuvimos tres gobernadores (uno de ellos vinculado al crimen organizado), que el de Sergio Estrada Cajigal (2000), caracterizado por la ampliación de la planta fabril y la capacidad instalada de muchas empresas, pero lamentablemente desprestigiado por el anidamiento del crimen organizado. El de Sergio Estrada Cajigal, cabe reconocerlo, ha sido el periodo histórico con la mayor inversión extranjera registrada en Morelos durante décadas.
Todo tiene precedentes, y tocante a la administración de Marco Adame Castillo (2006) los empresarios locales todavía enfrentan las consecuencias de varios conflictos y problemas de diferente índole, entre los cuales destacan el nada envidiable sitio que ocupa la entidad por incidencia de dengue; el problema de imagen causado al territorio morelense durante el problema magisterial que paralizó la educación básica durante un trimestre en 2008; los múltiples cierres carreteros promovidos por grupos de presión supuestamente reivindicatorios del entorno ecológico; la alerta sanitaria con motivo de la influenza; el impacto de la crisis económica; y la inseguridad pública, con el vergonzoso encubrimiento a importantes bandas de la delincuencia organizada por las cúpulas institucionales. Desde luego que se suman otros rezagos inherentes a todas las administraciones municipales: el exceso de trámites para abrir nuevos negocios; la falta de infraestructura carretera y de telecomunicaciones; la desconfianza institucional, y la corrupción en los procesos de procuración y administración de justicia. He aquí el excesivo costo-estado en Morelos, que obstruye la atracción de capitales.
Infinidad de morelenses y observadores políticos no exageramos cuando referimos a Lauro Ortega Martínez como el mejor gobernador que ha tenido Morelos (sexenio 1982-1988).
Durante múltiples circunstancias y facetas económicas, sociales y políticas constatamos su talento. Algún día tuve la oportunidad de escucharle decir: “En política no hay enemigo pequeño”. Atendió siempre al más “insignificante” actor de hechos sociales, pero también entraba a “Los Pinos” como Pedro por su casa; igual se sentaba a la mesa con los hombres más ricos de México o la comunidad judía, y negociaba con los líderes nacionales y estatales de los partidos opositores al gobierno manteniendo el objetivo de propiciar el desarrollo de Morelos y la gobernabilidad. Jamás dio por sentado que las cosas estaban a todo dar. Aquellos métodos prácticos y fácilmente aplicables lograron eliminar los antecedentes de dos regímenes abusivos, plagados de delincuencia institucionalizada y turbulencia laboral, pero además caracterizados por la estampida de inversiones privadas (los de Felipe Rivera Crespo y Armando León Bejarano en los periodos 1970-1976 y 1976-1982, respectivamente). Sentó las bases de nueva infraestructura y propició la creación de numerosas fuentes de empleo, condiciones imperantes durante el siguiente sexenio, cuando surgió el actual mercado interno y el impulso de nuestras exportaciones. Lástima que en el periodo de ARPL predominaron los negocios familiares al amparo del gobernante en turno. Pero, ojo. Don Lauro tuvo el decidido apoyo del presidente de la República en turno. Para que Graco Ramírez cristalice en Morelos (al menos durante los dos próximos años de su gestión) la gigantesca montaña de promesas hechas a los morelenses requerirá, mínimo, 30 mil millones de pesos. ¿De dónde los sacará? ¿De Peña Nieto? A ver.
