Desde hace un mes ronda el fantasma de la violencia en la localidad, que tiene como antecedente las venganzas entre familias identificadas por sus nexos con la delincuencia organizada”.

El 14 de junio de 2007 me referí al siguiente asunto: “Se necesita que el Poder Ejecutivo de Morelos solicite la intervención del Ejército Mexicano para proteger los bosques de la zona norte, pues no sólo se amenaza al ambiente, sino que hay bandas delictivas que se dedican al secuestro y narcotráfico, señaló José Fernández Galván, delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en reunión de trabajo con funcionarios de Gobernación. Señaló que la intervención de las fuerzas militares en Ocuilán, Estado de México, ha sido importante para la protección de la zona boscosa, pero esa decisión fue aprobada por altos niveles de gobierno, que con una radiografía vieron el grave problema existente”.

El 25 de mayo de 2009 dos miembros de la peligrosa banda identificada como "Los Chuchas", asentada en Huitzilac y que durante lustros ha mantenido asolada la región, murieron un día antes al enfrentarse a balazos entre ellos mismos tras secuestrar a una mujer por quien exigían un rescate de 100 mil pesos. Los delincuentes muertos fueron Francisco Adán Escobar (alias "El Simpson") e Iván Villa Martínez. Se especuló, además, que ambos pudieron estar relacionados con el asesinato del agente ministerial Carlos Enrique Cobos Ramírez, victimado el 18 de abril de 2008 durante un fallido operativo "señuelo".

Más recientemente, el pasado 10 de abril del año en curso, dos policías municipales de Huitzilac fueron asesinados por sujetos desconocidos que viajaban a bordo de una lujosa camioneta. Los hampones utilizaron rifles de alto poder, conocidos como “cuernos de chivo”, mientras los efectivos policiacos locales no portaban ni siquiera chalecos antibalas. Los hechos ocurrieron fuera del centro de diversión conocido como “Los Columpios”.

El 13 de abril, el presidente de la mesa directiva del Congreso local, Othón Sánchez Vela, reaccionó con molestia por el caso Huitzilac, “un espejo de lo que pasa en varios municipios del Estado: policías sin chalecos antibalas, sin armas suficientes ni capacitación”. El legislador advirtió que pediría un informe sobre el uso de los recursos públicos destinados al fortalecimiento de la seguridad pública, y una vez más se refirió a la necesidad de conseguir la presencia del Ejército en la región, en virtud de que la policía loca se encuentra rebasada por el crimen organizado. Simultáneamente, los integrantes de la Preventiva Municipal paralizaron sus actividades y amenazaron con renunciar si el Ayuntamiento no les garantizaba las condiciones mínimas de seguridad para trabajar. La policía de Huitzilac consta de 40 elementos para cubrir dos turnos.

El 23 de abril, el alcalde de Huitzilac, Arturo Cueto Cortés, informó que a partir del lunes 19 del mismo mes habían arribado al municipio soldados del XXV Batallón de Infantería con sede en Toluca, Estado de México, a fin de enfrentar la inseguridad que priva en la multicitada localidad. Mencionó la cantidad de 35 militares. “Los elementos municipales se sienten más seguros ahora para realizar su trabajo”, añadió.

El 24 de abril se informó que no fueron ocho, sino dos policías quienes renunciaron a la Dirección de Seguridad Pública por lo antes expuesto. La mayoría continuaba al frente, pero todavía esperando el apoyo de los gobiernos federal y estatal, a fin de reforzarlos en cuanto a equipamiento.

Y este miércoles 28 de abril, a las 22:00 horas, se suscitó un enfrentamiento a balazos en el pueblo de Coajomulco, perteneciente a Huitzilac, con saldo de un muerto y varios lesionados. Como ha ocurrido en otros tiempos, los pobladores colocaron barricadas de piedras y negaron el paso a policías municipales, siendo necesaria la presencia del Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El occiso respondía al nombre de Rubén Flores Hernández, presuntamente vinculado a la venta ilegal de tierras comunales. En resumen: Huitzilac sigue siendo una región de ingobernabilidad, tal como la Profepa la catalogó hace varios años.