Este diario informó ayer sobre la decisión del Juzgado Primero de Distrito con sede en Cuernavaca, para dictar auto de formal prisión al todavía encargado de la ASF como probable responsable de dar información falsa a una autoridad. El asunto, que se encuentra radicado en la casa penal 10/2010, deriva de una denuncia interpuesta contra Casamata por Eduardo Bonilla Alvarez, auditor especial de organismos públicos de la ASF, quien fue removido injustamente por su superior jerárquico inmediato (Casamata Gómez) sin acatar el marco jurídico morelense. Bonilla recurrió a la justicia federal consiguiendo un amparo, cuyo procedimiento llegó a una parte culminante durante el pasado fin de semana con el auto de formal prisión en contra del malogrado auditor Superior de Fiscalización.
No hay vuelta de hoja: el Congreso del Estado ya no puede mantener en el cargo a Casamata quien, sin embargo, buscará aferrarse al puesto pretextando cualquier argucia legaloide, aunque a estas alturas de su desempeño se encuentra deslegitimado para continuar al frente de la ASF. La titular del Juzgado Primero de Distrito, María del Pilar Sámano Hernández, dentro del contexto del auto de formal prisión, estableció que "estando dentro de la prórroga del plazo previsto en el artículo 19 constitucional, se decreta el auto de formal prisión, con base en el artículo 204 de la Ley de Amparo y sancionado en el número 247 del Código Penal Federal”. Y en el segundo punto menciona que "con fundamento en el artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Penales, identifíquese al procesado por los medios y sistemas adoptados administrativamente, además, recábese su ficha signalética con fotografía y su estudio de personalidad, así como los informes de sus antecedentes penales de las autoridades correspondientes”. ¿Querrán Rabindranath Salazar y Fernando Martínez Cué más elementos legales para remover a Casamata Gómez? A ver.
Cambiando de tema comentaré que las estructuras territoriales del PRI enfrentarán en breve el siguiente dilema: acudir a una consulta a la base militante, de la cual emane una dirigencia estatal “fuerte y unificada” rumbo a las elecciones gubernamentales de 2012, con el riesgo de que determinados grupos queden inconformes; o por el contrario, aceptar una fórmula unificada sin necesidad de afrontar el desgaste de supuestos mecanismos democráticos y eventuales juicios interpuestos ante los tribunales electorales.
En lo personal me parece que el PRI no entiende su verdadera circunstancia, tras las elecciones de julio de 2009. Los principales jefes de grupos priístas suponen que la sociedad, allá y entonces, los colocó en una ruta segura hacia “Los Pinos” y el Palacio de Gobierno de Morelos, olvidando que la participación del electorado en los comicios del año pasado fue para sacar al PAN de determinadas administraciones municipales y el Congreso local, pero también para incrementar de manera notable la votación de otros partidos políticos, haciendo a un lado las preferencias hacia los mal llamados “partidos grandes” (PRI, PAN y PRD).
Es así como el Revolucionario Institucional, de la misma forma en que ya lo experimentó durante procesos internos anteriores, se encuentra ante un escenario beligerante, muy a la manera del perredismo, donde más de una decena de aspirantes a la presidencia del PRI-Morelos se consideran los más aptos. Empero, sólo dos grupos deberán alcanzar la negociación respectiva: los de Amado Orihuela Trejo y Maricela Sánchez Cortés. El resto carece de fuerza entre la base social como para sentarse a pactar algo. Si ambas tendencias alcanzan un acuerdo, podrían evitar la consulta a la base.
Tocante al grupo de Sánchez Cortés, creo que los mejores prospectos son Andrés González García, Julio Espín Navarrete y Delfino Toledano. Jaime Sánchez Vélez, Juan Carlos Galván, Rodolfo Becerril, Samuel Palma, Víctor Rubio y Víctor Saucedo, con el debido respeto hacia cada uno, no tienen posibilidades. Las circunstancias políticas, coyunturales, financieras y personales no les favorecen. Deben admitirlo.
